Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han valorado este viernes la decisión anunciada por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, de desplegar efectivos del Instituto Armado para garantizar el orden y la seguridad en los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat, donde las huelgas de los trabajadores de la empresa de seguridad Eulen, que a partir del lunes será indefinida, están provocando un grave colapso en la insfraestructura.
La competencia corresponde a la Benemérita según la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -"la custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran"-, pero que en estos momentos realizan agentes de seguridad privada bajo la supervisión de los agentes del Instituto Armado.
El portavoz de la Unión de Oficiales (UO), Jesús Martín Vázquez, ha afirmado que en la institución "no tenemos plantilla suficiente y, sin embargo, hay que reforzar lo que otros no hacen", al tiempo que ha pedido al Gobierno que se acuerde de los guardias civiles "no solo para cumplir con su obligación", porque llevan "muchísimo tiempo demandando la equiparación salarial y sigue sin llegar". "Mucho te quiero perrito, pero de comer, poquito", ha añadido.
El presidente de la Asociación pro Guardia Civil (APROGC), Fernando Ramírez Trejo, ha reconocido a Efe que, si hay un problema de orden público, el Gobierno debe actuar y ha recordado que este cuerpo siempre ha estado en los filtros de los aeropuertos y, de hecho, sigue supervisando la labor de Eulen. Del mismo modo, ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el orden y en la conveniencia de separar este conflicto laboral de la situación política de Cataluña.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que criticó hace unos días que el Ministerio del Interior recurra a sus servicios "de nuevo" para "dar una solución" a los paros, que considera "un conflicto laboral de dos empresas privadas", ha recordado que el Instituto Armado es el cuerpo "peor pagado" y "peor tratado".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha emitido un comunicado en el que dice que ya avisó de las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios. "Ahora que se evidencia el conflicto se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el de sindicación y negociación colectiva", añade.
Para AUGC, la medida supone "un problema de gestión", puesto que la plantilla de la Guardia Civil "se encuentra bajo mínimos y, además, las funciones de control en aeropuertos debe llevarse a cabo por agentes especializados y con autorización de AENA". La asociación no está dispuesta a aceptar que "sean los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral" de los vigilantes, con quienes se solidariza.
Por su parte, desde la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), su presidente, Ramón Rodríguez Prendes, ha expresado, en declaraciones a Efe, su defensa de los servicios públicos y su "firme oposición a suprimir puestos de trabajo que venían ocupando" los agentes del Instituto Armado.
Rodríguez es tajante y apostilla: "De esos polvos, esos lodos", en alusión a la privatización de la seguridad. A su vez, exige al Ejecutivo que "se ponga las pilas" y reponga e incremente los efectivos de la Guardia Civil en los aeropuertos y en las cárceles.