Carles Puigdemont no es precisamente un pacifista, tal como se puede comprobar en las declaraciones que ha realizado este martes en un chat con ciudadanos a través de Facebook Live. El presidente de la Generalidad considera "absolutamente indispensable" que la república catalana disponga de un ejército a la altura de las amenazas globales, entre las que destacó el terrorismo.
El ejecutivo catalán presionó al Gobierno tras los atentados de Barcelona y Cambrils para que mantuviera la alerta antiterrorista en el nivel cuatro porque el máximo, cinco, supone el despliegue del Ejército en las tareas de prevención, control y vigilancia en espacios públicos e infraestructuras de riesgo. Ni Puigdemont ni mucho menos el consejero de Interior, Joaquim Forn, querían patrullas de soldados en la estación del Ave en Barcelona o en otros lugares concurridos de Cataluña. Hubieran alterado la campaña desatada por la Generalidad para erigirse en Estado emergente frente a un Estado ausente.
El riesgo de atentado era alto entonces y lo sigue siendo, por lo que el presidente autonómico no tiene reparos en pontificar sobre la necesidad de dotarse de herramientas como la "inteligencia militar" para hacer frente a una "amenaza global como el terrorismo". "No debemos tener complejos, debemos tener una política de defensa moderna, democrática y homologable a las naciones aliadas", abundó Puigdemont respecto a la necesidad de que Cataluña, tras el 1-O, se dote de un ejército en el sentido clásico del término.
El presidente es consciente, ha reiterado, de que el terrorismo acecha Cataluña. En los últimos días exige con notoria intensidad que los Mossos puedan acceder a las bases de datos de la Europol, organismo reservado a las policías de rango estatal, y los portavoces de la policía regional denuncian que la Policía Nacional les discrimina en el trasiego de información y pone en riesgo la seguridad de los catalanes. La consigna es atribuir los posibles fallos policiales y administrativos a la falta de colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los Mossos, a los protocolos de tratamiento de los datos de seguridad y a la "envidia por la brillante actuación" del cuerpo autonómico, según llegó a decir el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull.
La "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república", la "constitución provisional" de Cataluña que entrará en vigor tras el triunfo del "sí" en el referéndum del 1 de octubre (así lo prevén los líderes separatistas), no aborda la cuestión militar salvo en lo relativo a la inmediata expulsión del Ejército de Cataluña, cuyas instalaciones y equipamientos pasarían a estar bajo control de la Generalidad.
Un año de máximo riesgo
Si la república catalana tiene fuerzas armadas será decisión de la asamblea constituyente que nazca de las elecciones que se celebrarían seis meses después del vinculante referéndum de autodeterminación. Los electos tendrán otros seis meses más para redactar la constitución que debería aclarar si la república dispone de ejército o alumbra un sistema alternativo. Puigdemont es más de uniformes y armas, como ha quedado demostrado con las comparecencias del jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para dar cuenta de los abatimientos de los miembros de la célula islamista.
Durante ese tiempo y dada la expulsión del Ejército, así como de la Guardia Civil y la Policía Nacional (a cuyos componentes se promete en la ley de desconexión mantener paga y plaza si se pasan a los Mossos, que cobran unos mil euros más al mes), los ciudadanos de Cataluña quedarán al albur de la inseguridad derivada de carecer de unas fuerzas armadas, sean españolas o de la república catalana, ante la que Puigdemont considera grave amenaza del terrorismo. Los Mossos en solitario, como en los atentados de Barcelona y Cambrils, deberán hacerse cargo de la situación.
Por lo demás, en su charla en la red social ha prometido que no se volverá a presentar a unas elecciones. Si gana el "sí", como ya pasó el 9-N de 2014, asumirá la jefatura del Estado catalán de manera provisional hasta la elección de un nuevo 'president' tras los comicios constituyentes. Ese es el plan de momento.