Ni un solo agente abandonará, de momento, Cataluña. La Dirección General de la Guardia Civil ha aprobado en las últimas horas una comisión de servicio forzosa que obliga a permanecer en sus actuales puestos en la comunidad autónoma a unos 200 efectivos, aproximadamente, que en las próximas semanas tenían que abandonar su actual destino catalán para incorporarse a otras plazas en otros puntos de España.
Están afectados todos aquellos agentes que cambiaban de destino a partir del próximo lunes 11 de septiembre –fecha que coincide con la celebración de la Diada– y hasta mediados de octubre –la fecha de finalización no aparece acotada a un día–. No afecta a aquellos guardias civiles que están destinados fuera de Cataluña, que realizan sus traslados con total normalidad, así como los destinados fuera de esta región y tienen como destino la propia Cataluña.
En la comunicación interna realizada por la Guardia Civil no se detalla en ningún momento el motivo por el que se toma esta decisión, aunque todo parece indicar por las fechas en que va a estar vigente la comisión de servicio forzosa –que puede ser ampliada en plazo o no– que está directamente ligada con el intento de secesión que los partidos nacionalistas están tratando de llevar adelante en Cataluña y que debería cristalizar con el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Las dos asociaciones que han denunciado esta situación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ambas con presencia en el Consejo de la Guardia Civil, han criticado duramente que la decisión se haya comunicado "con sólo cinco días de antelación respecto al inicio del permiso de incorporación" y que además la comisión de servicio sea "no indemnizable", lo que hará que los agentes corran con los gastos.
Es decir, serán los propios guardias civiles –la medida solo afecta a guardias, cabos y suboficiales– los que hagan frente a los gastos que les supondrá estar en Cataluña durante esta comisión de servicio cuando la gran mayoría ya había avisado a sus caseros que dejaban el alquiler o habían vaciado sus pabellones, al tiempo que en muchos casos ya han comenzado a pagar el alquiler en la vivienda de la localidad a la que iban a ser destinados.
Desde ambas asociaciones se ha criticado que haya improvisación en la decisión que ha tomado la Dirección General de la Guardia Civil. "¿Desde cuándo estaba fijada la fecha del referéndum? ¿Es qué en algún momento pensaban que iban a cambiar de idea? ¿Si sabían fecha, hora y lugar de la convocatoria, de la necesidad de personal para tal día, por qué no tomaron las medidas con más antelación para no perjudicar a terceros?", se preguntan desde AEGC.