El acto de apoyo al referéndum separatista en la capital, previsto para el próximo domingo, ha sido suspendido por el juez José Yusty Bastarreche, del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Madrid después de que el grupo municipal del PP de Madrid presentara un recurso.
En su auto el magistrado señala que el evento pretendía mostrar su apoyo a la Ley del referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional. "La cesión del local implica favorecer un acto de apoyo a una consulta por una ley que ha sido suspendida en su eficacia" por dicho tribunal. "Y, además –continúa el juez en su auto– se dirige claramente contra lo dispuesto contra la Constitución", en concreto, tal y como recuerda, contra sus artículos 1 y 2, que pasa a transcribirlos.
"Por si esto no fuera suficiente, la Ley orgánica 2/1980 de 18 de enero sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum dice: 'La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado'", añade Yusty Bastarreche.
Explica el juez en su auto que en tanto en cuanto el Gobierno de España no "ha autorizado" el referéndum catalán" se trata de una consulta "ilegal" por lo que "los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid ni utilizar locales del que éste es titular pues también a la Administración local alcanza lo dispuesto en la Constitución Española" cuando en su artículo 103 dispone que "la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho".
"No es posible que un acto que se dirige abiertamente contra lo dispuesto en la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional pueda contar con el apoyo de un municipio", añade. Además, subraya el juez que "es evidente que los bienes municipales tienen como función principal servir a los intereses generales, entre los cuales no puede incluirse, de modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal (...) que atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España, proclamada en la Constitución, así como contra la soberanía del pueblo español (...)".
Contra este auto no cabe recurso alguno aunque el Ayuntamiento de Manuela Carmena puede presentar alegaciones si así lo considerase.
Minutos después de que se conociera la noticia, el portavoz del PP de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido a Carmena "que de una vez por todas acate el estado de derecho" y acepte la resolución judicial. Tras apuntar que lamentaban haber tenido que recurrir a los tribunales para que no se celebrara el acto, ha señalado que el auto "es contundente" y esgrime, entre otras cosas, los artículos 1 y 2 de la Constitución "por si a Carmena se le habían olvidado".
En Es la Tarde de Dieter, de esRadio, Martínez Almeida ha insistido en que el auto es "absolutamente demoledor" y ha anunciado que llevarán el asunto "al pleno", para que Carmena "por lo menos pida perdón a los madrileños".
"Me avergüenza vivir en un estado de excepción"
A última hora de la tarde, la portavoz municipal Rita Maestre ha comparecido ante los medios para anunciar que presentarán alegaciones al auto cuando éste les sea notificado oficialmente. Según ha señalado, el Gobierno local acatará la resolución judicial aunque no la comparte. Y no la comparte porque, ha explicado, cuando el Consistorio decidió ceder el local público el TC aún no se había pronunciado.
Además, Maestre ha señalado que el Alto Tribunal únicamente se dirige a miembros concretos del Parlamento y Gobierno catalán, en ningún caso del Ayuntamiento de Madrid. Incluso estos "no tienen limitados sus derechos fundamentales". "Les ha requerido abstenerse de realizar cualquier actuación que lleve a la celebración del referéndum. Pero no limita sus derechos de reunión, expresión y de opinión. Es importante recalcarlo".
"La libertad ideológica está garantizada por la Constitución sin más limitaciones que las necesarias para mantener el orden público y por lo tanto en días de conflicto, en días de poca escucha queremos reiterar que la Constitución ampara la libertad de expresión", ha dicho Rita Maestre.
Sobre la suspensión del acto por el derecho a decidir.
— Rita Maestre (@Rita_Maestre) September 12, 2017
Las instituciones democráticas deben velar por la libertad de opinión y expresión. pic.twitter.com/MLK8UZhmCJ
En Twitter, el concejal responsable de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato dijo textualmente: "El juez suspende acto a favor del derecho a decidir en Madrid. Me avergüenza vivir en un estado de excepción".
Cesión a un miembro de la lista de AM
El Ayuntamiento de Madrid había cedido de forma gratuita un local del consistorio, la nave de Terneras del Matadero. Según denunció el PP este lunes, la petición del lugar había sido hecha por un miembro de Ahora Madrid, Pedro Casas Álvarez, que fue en el número 41 en las listas para las municipales.
En el expediente de cesión del local, la concejal Rommy Arce alegaba que la petición se hizo en tiempo y forma, que el acto "contribuye al desarrollo social" y que su finalidad es de "aceptación popular generalizada, sin que se menoscabe el interés general".
Podemos es el "flotador" del independentismo
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís, ha acusado a Podemos de ser el "flotador" del independentismo catalán cuando a éste "le falta oxígeno". Cuando "salta a la vista" que los independentistas "se saltan las leyes más elementales en democracia" les sale el flotador de Podemos, con la alcaldesa Barcelona, Ada Colau, pronunciándose a favor de votar el próximo 1 de octubre y con el Consistorio madrileño cediendo un espacio, ha explicado la edil madrileña.
Al Gobierno municipal, Villacís le acusa de poner todos los elementos para que "el señor Puigdemont" pueda "vender su libro". El acto suspendido en Madrid, bajo el lema "Madrid por el derecho a decidir", no representa, según Villacís, a la mayoría de los madrileños.
La edil ha criticado asimismo a la concejala presidenta de Aranganzuela, Rommy Arce, quien autorizó su celebración y ha recordado que su grupo pidió su reprobación en el pleno de Arganzuela. "Lo que quería era ceder espacios para promover algo que se ha declarado ilegal", ha añadido la concejal de Ciudadanos, a quien no le sorprende esta decisión de Arce.
Carmena volvió a avalar por la mañana el acto
Este mismo martes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, defendió que no tenía "absolutamente ninguna importancia" que una persona vinculada a Ahora Madrid fuera quien pidiera, a través de la Asociación La Comuna, la celebración del acto a favor del el 1-O.
Con respecto a la solicitud del acto, Carmena añadió que "toda la documentación es correcta" y que no les consta que "haya alguna incidencia". "¿Qué tiene que ver que una persona que en su día estuviera en la lista que se conformó para las elecciones pudiera estar a su vez en una asociación? Es lo lógico, lo natural", dijo.
Podemos enfurece
Los diputados de Podemos no han tardado ni minutos en reaccionar tras conocerse la noticia. Han mostrado su disconformidad con la decisión judicial tanto en los pasillos del Congreso como en las redes sociales. Aseguran que "prohibir una reunión política en España recuerda a otras épocas".
En Twiter, Pablo Iglesias asegura que el derecho de reunión y la libertad de expresión son fundamentos de la democracia. Y la portavoz de la formación, Irene Montero, añade que "prohibir un acto público es sencillamente un insulto a la democracia y a la libertad de expresión".