Están censados, localizados, identificados. Fiscalía ha publicado y distribuido la lista de los 712 alcaldes que participarán en el despliegue separatista del 1 de octubre. El inventario está acompañado de un comunicado que ordena a sus representantes territoriales que citen a declarar a los regidores rebeldes como investigados por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Y un aviso directo: detendrán a quienes no comparezcan.
Firma la carta José Manuel Maza, el fiscal general del Estado. Se dirige, en primer término, a los fiscales jefes de las cuatro provincias de Cataluña. En el encabezado, recuerda la providencia del Tribunal Constitucional que admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la convocatoria del referéndum del 1 de octubre y normas complementarias, provocando la suspensión automática.
A renglón seguido, la Fiscalía avisa: "La notoriedad de la prohibición de los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida al fin, sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (art. 401 CP penado con multa e inhabilitación especial), en cuanto supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del TC, prevaricación (art. 404 CP penado con inhabilitación especial), en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico y malversación de caudales públicos (art. 432 CP penado con prisión de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta veinte años) en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas".
La página web de la Asociación de Municipios por la Independencia ha hecho público, con la posterior difusión de los medios de comunicación, que un nutrido grupo de alcaldes ha firmado un decreto para poner a disposición del Gobierno catalán los locales municipales para organizar el referéndum. Por otro lado, la Fiscalía ha acreditado que la Generalidad, mientras continúa con los trabajos de cara al 1-O, ha contactado con todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma exigiendo que pongan locales a disposición en una misiva firmada por Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras.
La Fiscalía recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instruye ya una querella por los mismos delitos contra el Gobierno catalán en bloque. En la parte dispositiva, el Ministerio Fiscal acuerda la apertura de investigación en relación con cada uno de los Ayuntamientos en función de la Fiscalía que territorialmente ostente la competencia, con citación de los alcaldes para que declaren en calidad de imputados sobre los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal. "Se proceda, en el caso de que el alcalde citado no comparezca, a acordar su detención y presentación en la Fiscalía, oficiando a los Mossos para que la lleven a efecto".
El Ministerio Público dará preferencia a las diligencias que afecten a los Ayuntamientos de mayor volumen de población.
Reacción de las Fiscalías provinciales
Según fuentes del Ministerio Público, las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona han cursado instrucciones a fin de que las Policías Locales de todos los Ayuntamientos catalanes, conforme a los arts. 11 y 12 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de Policías Locales de Cataluña, como policía judicial procedan a investigar cualesquiera hechos encaminados a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo.
La Fiscalía General del Estado ha difundido la instrucción cursada por el fiscal jefe provincial de Barcelona dirigida a los Mossos. Remarca que, entre los apercibidos de impedir o paralizar cualquier iniciativa vinculada con el 1 de octubre, figura el mayor de la Policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero y la dependencia funcional de todos los cuerpos respecto a jueces, Tribunales y el Ministerio Fiscal. En base a ello, ordena que los Mossos se dirijan por escrito e interesando acuse de recibo a todos los jefes de las Policías Locales de cada demarcación territorio a los efectos de dar cumplimiento a la orden.
Como dictaminó este martes la Fiscalía en una directriz remitida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "los funcionarios de la Policía Local, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum.