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La Fiscalía pedirá la imputación de Gallardón en la trama del Canal

El Ministerio Público considera que participó en la compra de una empresa en Colombia que provocó un desfalco de 70 millones.

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Gallardón como testigo del caso Nóos | EFE

La Operación Lezo está oscureciendo el horizonte de Alberto Ruiz-Gallardón. Si la instrucción sigue su cauce previsto, la Fiscalía Anticorrupción solicitará la imputación del exministro de Justicia. El Ministerio Público maneja indicios de su participación en la compra de la empresa Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II que habría provocado un desfalco de 70 millones de euros públicos. Esta operación se produjo mientras Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y la gestión del agua regional estaba dirigida por Ignacio González.

Fiscalía está a la espera del análisis de la ingente documentación incautada, así como de las comisiones rogatorias libradas a países relacionados con la adquisición. El juez Manuel García-Castellón recogerá esa petición y, en base a los datos aportados, determinará si procede o no imputar a Gallardón en el marco de la pieza separada primera de la Operación Lezo, donde apareció ya el nombre del exministro durante su apertura en noviembre de 2016.

De esta forma, los delitos que hubiera cometido Ruiz Gallardón no prescribirán con el paso del tiempo. El Ministerio Público basa su solicitud en la grabación de una conversación entre Ignacio González, Eduardo Zaplana y el abogado Fernando Belhot. El primero reconocía que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares", pese a que la operación se cerró por 83 millones de euros.

En un extracto, se escucha lo siguiente: "Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", explica Ignacio González en la reunión.

Según el Ministerio Fiscal, de la conversación se desprende la connivencia entre Gallardón y los responsables de la compra. Desconoce si reportó algún beneficio al exministro de Justicia.

Operación Lezo

Esta solicitud conformará uno de los impulsos que recibirá la instrucción de la trama del Canal de Isabel II a finales de año. No obstante, el magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional está practicando una ronda de interrogatorios relativos al contrato adjudicado por Ignacio González para la explotación del campo de golf de Chamberí a un consorcio de tres sociedades, una participada por su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.

Manuel García-Castellón citó este miércoles como imputado a Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, por una comisión de 1.4 millones de euros que la constructora habría pagado a Ignacio González por el contrato para la construcción del tren de Navalcarnero. El juez ha interrogado este jueves a cuatro personas, uno de ellas el administrador de la empresa que lo construyó, que se ha negado a declarar, y la otra imputada es la mujer del administrador de la empresa vinculada a González que habría cobrado cuatro millones de euros quien se ha desvinculado de los negocios de su marido.

Vinculado también con la Operación Lezo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha presentado un informe en el que pide el archivo de las actuaciones iniciadas contra Manuel Moix. El Alto Tribunal instruye una querella contra el exjefe Anticorrupción que le acusa de ignorar en 2007 una denuncia presentada por una plataforma de vecinos de Madrid por la forma en la que un parque público se sustituyó por ese campo de golf de gestión privada. El escrito adquirió relevancia cuando trascendió que Moix se negó a incautar documentación del Canal relativa al período de Gallardón como presidente madrileño. Cuando se pidió en noviembre de 2016 la imputación, el representante del Ministerio Público se pronunció en contra.

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