La Fiscalía ha adquirido ante el referéndum del 1-O "un protagonismo que aceptamos porque es nuestra obligación", según el fiscal general, José Manuel Maza, quien añade que "en estos momentos es importante ser proporcional y no llevar a cabo actuaciones en las que sea peor el remedio que la enfermedad".
En una entrevista concedida a Joaquín Manso y Manuel Marraco para el diario El Mundo, Maza afirma que "los fiscales lo que hacemos es, una vez que se produce el hecho delictivo, aplicar la ley y buscar responsables. La Fiscalía tiene que dar la voz de alerta".
"La Fiscalía tiene sus competencias, que consisten en dar instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para que utilicen todos los medios posibles para recabar los efectos de delitos cometidos e impedir que otros nuevos se lleven a cabo", concreta Maza.
En su opinión los promotores del referéndum del 1-O "buscan una reacción del Estado desproporcionada, que a ellos les vendría muy bien". "Son conscientes de que esta situación que están provocando, al final de los finales, antes y después del 1 de octubre, no tiene salida, y a ellos les gustaría que el Estado tomase una reacción desproporcionada, y hay que actuar con prudencia", añade.
Sobre los alcaldes que sean citados por la Fiscalía, Maza opina que al haber "realizado un acto que es ilegal ya, al haber firmado un decreto poniendo a disposición locales para el referéndum, los llamamos rápidamente a declarar también para impedir que consumen ese propósito". "Yo me encuentro con un posible delito, al firmar ese decreto, y veo que no lo ha hecho uno, sino 700. No podemos hacer excepciones, podemos establecer criterios en cuanto a la celeridad" declara Maza.
La alta autoridad judicial aclara que la posible solicitud de penas de prisiones "yo no lo excluyo en absoluto". Y al respecto afirma que "tampoco digo que se vaya a hacer antes del 1 de octubre, podría darse la hipótesis llegado el momento".
"Que sea más razonable hacerlo ahora o después, dentro de una estrategia general que es impedir el referéndum, habría que verlo. A lo mejor hay algunas medidas que no son imprescindibles ahora y que son más negativas que positivas" declara José Manuel Maza.
Ante la cuestión de si es posible suspender al Gobierno catalán dentro de la vía penal, el fiscal general afirma que "no podemos", aunque esa posibilidad dice que ha sido estudiada y ha sido concretada según el criterio de la Secretaría en el sentido de que "no cabe en nuestro ordenamiento pedir la suspensión de un cargo público".
Maza se dirige asimismo a los ciudadanos en general "a los que transmitiría que estén tranquilos, que esperen y que se va a impedir el referéndum. Y todos los actos de preparativos recibirán su respuesta en los tribunales".
Sobre la imputación a ciudadanos por participar en las mesas electorales, el fiscal general opina que "es un problema jurídico importante, porque la ley es la ley y hay que cumplirla".
Al respecto añade que "en Cataluña se está diciendo una cantidad de mentiras extraordinaria, como afirmar que todo esto es legal y que la gente tiene obligación de acudir a las mesas", lo que "es radicalmente falso y yo tengo que encargarme de avisar a los ciudadanos para que no cometan delitos inconscientemente, subyugados o abducidos por este tipo de manifestaciones".
José Manuel Maza opina que para proteger al Estado de Derecho "sería muy conveniente una pena más severa, como prisión o multas elevadas".
"Es cierto que podríamos tener una herramienta más potente en el Código Penal" y añade que "el delito de prevaricación en este país actualmente no cubre con la suficiente gravedad de penas actos de esta gravedad".