Las oficinas de las entidades bancarias en Barcelona registraron este viernes una inusual actividad. El miedo a un corralito ante la deriva radical del gobierno de la Generalidad, las amenazas de la CUP de asaltar las infraestructuras y edificios del Estado, el ambiente insurreccional, las caceroladas y los anuncios de más manifestaciones y huelgas están provocando una auténtica desbandada que comienza a generar serias dudas entre los autores del golpe contra la democracia en España.
Si la diputada de la CUP Eulàlia Reguant avanzaba el jueves las intenciones de los "Comités de Defensa del Referéndum" de tomar el control de las infraestructuras básicas y los edificios del Estado, las empresas y bancos más potentes y señeros de Cataluña reaccionaban con los trámites para el traslado inmediato de sus razones sociales fuera de un avispero en el que el fantasma del corralito no es una hipótesis extravagante sino una posibilidad que manejan los analistas económicos. Clientes de todos los bancos, no sólo de los catalanes, piden cuentas espejo para poner sus ahorros, inversiones y planes de pensiones a buen recaudo, fuera de una comunidad autónoma destrozada por las tensiones provocadas por los planes de ruptura del nacionalismo, ya sea de sus versiones más edulcoradas o de la CUP, la Batasuna catalana que amenaza a los alcaldes socialistas para que piden la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Artur Mas se raja
El brutal impacto político de las decisiones empresariales provoca declaraciones inauditas. Artur Mas, uno de los cabecillas de la revuelta más inflexibles y aparentemente decididos comienza a recular. En declaraciones al Financial Times sostiene ahora que "Cataluña no está preparada para la independencia real". Mas, eso sí, insiste en que "Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente", pero subraya, en coincidencia con Reguant, que todavía no se dispone del control efectivo del "territorio", los impuestos y el sistema judicial. También consejero de Empresa, Santi Vila, pide retrasar la declaración y reclama, como todos los nacionalistas, mediación internacional. La CUP, en cambio, se mantiene en sus trece. Como el lunes no habrá pleno, pide la independencia para el martes. En la Generalidad tratan de frenar las arremetidas de los antisistema y hoy han dado a conocer los "resultados" definitivos del referéndum del pasado domingo. Entre tanto, los datos de cinco millones y medio de catalanes pululan por el espacio digital a disposición de cualquier aprendiz de hacker gracias a las réplicas de las páginas web del referéndum, el censo y los colegios electorales que se dedicó a difundir Puigdemont en sus cuentas en las redes sociales mientras se burlaba de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el CNI no sabían dónde estaban las urnas. El riesgo de que miles de catalanes sufran fraudes por esta causa no merece respuesta de los responsables de semejante desastre.
La semana pasada, todo era entusiasmo en el Govern. Turull se reía de la Policía primero en la Generalidad y luego en el "Centro Internacional" de prensa que instaló Jaume Roures en la sede de su empresa, Mediapro, para dar más vuelo al 1-O. Puigdemont también estaba de un humor excelente. No tanto Junqueras, aunque siempre al pie del cañón asegurando la estabilidad económica, financiera y laboral de la república catalana. Ojo. Iban a subir las pensiones, bajar los impuestos y aplicar un sistema de bienestar no nórdico, sino lo siguiente.
Trampa de los Mossos
Las cargas policiales del 1-O, fruto de una encerrona de los jefes políticos y policiales de los Mossos d'Esquadra que se negaron a cumplir la orden del TSJC de cerrar los colegios electorales, abrió una ventana de oportunidad para los separatistas. Sin embargo, la manipulación y las burdas mentiras de los medios dependientes de la Generalidad han tenido un efecto "boomerang". Tras las primeras condenas, las fotos, vídeos y denuncias falsas, las imágenes de cargas de los propios Mossos en 2013 para atacar a la Guardia Civil y la Policía Nacional o la foto de una joven encarándose a un policía chileno que emitió el eurodiputado Ramon Tremosa como si fuera la de una votante ante un agente de la Guardia Civil han minado seriamente la credibilidad de los catalanistas, cuyos apoyos internacionales (Assange, Snowden, Maduro, la extrema derecha finesa y la Liga Norte) tampoco ayudan. Ni el acoso a los periodistas "españoles" en las "cívicas" y "pacíficas" manifestaciones que se han ido sucediendo en los últimos días y que han tenido como objetivo principal señalar a agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en hoteles, comisarías e incluso domicilios particulares.
Todos esos excesos también se han visto en Europa. Al igual que la escalofriante pasividad de los Mossos d'Esquadra cuando una turba estuvo a punto de asaltar la consejería de Economía durante un registro de la Guardia Civil. Trapero ha salido de la Audiencia Nacional sin medidas cautelares pero con una ampliación de la querella por lo del 1-O. La intendente Laplana, que dio largas a los guardias civiles que reclamaban apoyo, no ha ido a declarar a la Audiencia Nacional por enfermedad, según una nota de los Mossos que también explica que los operativos de la policía autonómica son "diferentes" a los de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Antecedentes de Trapero
Conviene recordar al respecto que entre 2013 y 2014 tres personas resultaron muertas tras ser inmovilizadas por agentes del ya entonces jefe Trapero. El primero fue un tendero embriagado que estaba montando un escándalo en su domicilio. Ocho mossos participaron en el mortal arresto. El segundo, un maltratador. El tercero, un actor de doblaje y teleseries de TV3 con problemas mentales que había sido denunciado por dar gritos dentro de un bar en la plaza Molina, zona alta de Barcelona. Nadie pidió que nadie fuera persona non grata en Cataluña y, desde luego, los empleados de un banco no cortaron la Diagonal en señal de protesta gritando la consigna de la CUP de que "las calles serán siempre nuestras". Eran directivos, personas que autorizan créditos y firman denuncias para desahuciar a morosos. El 20 de septiembre, cuando miles de individuos arengados por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart intentaron linchar a una secretaria judicial y a varios agentes de la Guardia Civil, en el Liceo, templo de la ópera, la concurrencia cantó Els Segadors porque se había arrestado a los altos cargos que organizaban el 1-O con fondos públicos de todos los ciudadanos de España.
Millo no aguanta la presión
Se suceden las mociones para el delegado del Gobierno, Enric Millo, sea declarada persona no grata en cientos de pueblos y ciudades, como Tarrasa, su localidad natal, y Gerona, donde ha transcurrido gran parte de su vida. Sus hijos sufren acoso, al igual que los niños de los guardias civiles en escuelas e institutos por parte de los modélicos profesores del sistema de enseñanza catalán, inmersión lingüística, formación del espíritu nacional y odio a España. Ese drama del adoctrinamiento infantil y juvenil, silenciado por los gobiernos del PP y del PSOE, también ha llegado a Europa.
Pero Millo no ha aguantado la presión ambiental, ha invocado a su familia y ha pedido perdón en TV3 por la actuación policial. Tal cual. Dos días después de ir a hacerse la foto con los policías asediados en Pineda de Mar y los hacinados en los barcos del puerto de Barcelona. Todas las asociaciones policiales reclaman su dimisión.
Desconcierto económico
La presión separatista se mantiene a pesar del éxodo empresarial. Junqueras, desbordado por sus mentiras y falsas promesas de riqueza económica en una idílica Cataluña independiente, dice que los bancos no se han ido de los "países catalanes" y el economista de referencia del separatismo, Xavier Sala-Martín (el de las chaquetas de colores) afirma que mantienen su estructura y sus bases de datos en Cataluña. Los directivos de las entidades financieras no salen de su asombro ante reacciones como la del citado economista, estrella en TV3 con un espacio titulado "Economía en colores", por lo de sus vistosas americanas.
Los "abusos sexuales" de Colau
La huelga organizada por la Generalidad, los sindicatos y las entidades separatistas (agrupadas ahora bajo el nombre de "Mesa por la democracia"), la grosera manipulación de los hechos del domingo 1 de octubre, las agresivas manifestaciones contra los policías, los insultos "institucionales" (el diputado de Junts pel Sí Germà Bel escribió que no podían estar en los hoteles porque "no suelen admitir animales"), la sobreactuación de algunas víctimas, la no enmendada acusación por parte de Ada Colau de que se había cometido agresiones sexuales en el operativo policial, todo ello empieza a pesar incluso en la opinión pública local.
Puigdemont, Junqueras y Colau, junto a los cabecillas de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para los que tampoco se han solicitado medidas cautelares en la Audiencia en un gesto de distensión, han generado un clima propicio para la barra libre de la CUP, cuya predisposición a proclamar la república por la fuerza aterra no sólo a los empresarios sino a una parte de la población que compra más provisiones de lo normal y saca dinero en metálico por lo que pueda pasar.
Violentos con escolta policial
Hasta ahora, las manifestaciones "espontáneas", incluso las menos "festivas", contaban con los Bomberos de la Generalidad como cuerpo de choque (han llegado a pedir perdón porque en algunos colegios no llegaron a tiempo para pelearse con Guardia Civil y Policía Nacional) y con operativos de los Mossos supervisados por Trapero que "garantizan" la seguridad a modo de servicio de orden de las muchedumbres.
La situación ha llegado hasta el punto de algunos agentes de la policía autonómica piden perdón a los policías nacionales y guardias civiles que no sólo soportan caceroladas, insultos y escupitajos. TV3 ha difundido imágenes en las que eran apedreados furgones de la Policía Nacional que salían de la jefatura de la Vía Layetana ante la pasividad de los mossos del cordón policial. En todos estos episodios, policías nacionales y guardias civiles han tenido que improvisar sus propias líneas de defensa ante los pocos efectivos de los Mossos frente a manifestantes enfurecidos y envalentonados ante el singular proceder de la policía autonómica y los bomberos regionales.
De momento, los separatistas se manifiestan protegidos por la policía política de la Generalidad, pero se suceden las contramanifestaciones. Este viernes por la tarde, un grupo de jóvenes gritaba "¡Tres por ciento!" a las puertas del domicilio de los Pujol. No eran de la CUP. Portaban banderas de España. Crece la tensión y la incertidumbre. El sector turístico registra un 35% de cancelaciones. Ya ha habido un crucero que ha descartado atracar en Barcelona y se dirige a Valencia, donde a día de hoy no hay grupos de incontrolados que cortan las calles con colaboración policial o se plantan ante el edificio de la delegación del Gobierno en actitud hostil.
El día a día de Cataluña cambió de manera dramática el pasado domingo. Desde entonces no se habla, se susurra. Hay miedo, hay desconfianza y mucho pesimismo. Unos dicen que las fuerzas policiales sobrepasaron las líneas rojas y los otros, que se debe facilitar el trasvase de los mossos que lo pidan a la Guardia Civil y la Policía Nacional y disolver el cuerpo. Esa parte tiene incluso más miedo de los Comités de Defensa de la CUP.
¿Dónde estaban los líderes cuperos el 1-O?
La novedad en el frente insurreccional es que muchos de los golpeados por la policía el domingo del 1-O se preguntan dónde estaban Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, María Rovira, Josep Garganté, Salellas, Boyé, Vehí, Baños, Quim Arrufat y demás garridos y enfebrecidas portavoces del "aparato". No salen en ninguna foto ni en ningún vídeo de los porrazos. Consta que David Fernández se dejó ver en un colegio en plan organizativo y que todos los antedichos, por supuesto, votaron. Sin embargo, entre los más de ochocientos heridos que según la Generalidad y Ada Colau dejó la "razzia" contra el "pueblo catalán" no consta ningún dirigente de relieve de la agreste formación. En los comités cuperos se registran voces críticas. No sólo hay militantes de Arran, Endavant, Poble Lliure y el resto de grupúsculos de la CUP. Muchos podemitas se han sumado. Ante semejante insurrección, con protección policial, no se iban a quedar en casa. Bullanga, follón, abajo el capital. Instan a boicotear el Banco Sabadell y CaixaBank, berrean desaforados ante las casas cuarteles, reciben el aliento de Lluís Llach y se sienten protagonistas de la historia. Pero preguntan que dónde están los que salen por la tele y que la república se tenía que haber declarado el miércoles. Tras el aplazamiento de la comparecencia de Puigdemont en el parlamento hasta el martes 10, ahora es ese día la fecha tope para la independencia. El Govern ha perdido el control.
Cierto es que protegieron su sede días antes del referéndum ante un retén de la Policía Nacional que no pretendía registrarla sino que los militantes de la plataforma antisistema no pudieran participar en la manifestación que había convocado ante la Delegación del Gobierno. La Policía Nacional se limitó a desplegarse en la calle donde radica la sede central de la CUP y unos doscientos cuperos se sentaron a las puertas. David Fernández volvió a tener el protagonismo en esa "batalla", que los medios separatistas vendieron como un intento fallido de registro extrajudicial del local.
Cambios en la agenda "institucional"
La división es un hecho. Los líderes separatistas insisten en sus consignas. Sànchez sólo respondió a su abogado en la Audiencia y Cuixart se negó a declarar porque no reconoce a los tribunales españoles. Pero el bombazo del éxodo empresarial les atenaza. También los de la cacerola "evaden" el dinero de la futura república catalana hacia España. Los directores de las oficinas reciben consignas constantes de las centrales para tranquilizar a los clientes y los abogados no dan abasto en las gestiones patrimoniales.
Puigdemont y Junqueras, a la desesperada, piden la mediación de la iglesia nacionalista y el segundo dice que ha hablado con dos cardenales del Vaticano.
El domingo hay convocada una manifestación en Barcelona en contra de la deriva separatista, radical y cada vez más violenta. Se prevé una asistencia masiva y los convocantes, Sociedad Civil Catalana, han decidido cambiar el itinerario para no acabar en la plaza de San Jaime, sede los palacios de Colau y Puigdemont.
La ANC llamaba a una manifestación el lunes y a una huelga general el martes, pero el cambio en el guión puede alterar esos planes. Puigdemont quiere hablar en el parlamento el martes por la tarde. Si ocurriera como en la huelga del pasado martes, le sería difícil llegar al edificio. Ese día, tractoristas por la república, bomberos por la independencia, miembros de los comités de la CUP y mossos por la proporcionalidad policial cortaron más de setenta carreteras, en algunos casos con neumáticos ardiendo para agilizar las tareas del colapso y acudir raudos a otros puntos. También hay profusión de testigos y de imágenes.