La trama separatista está tocada, pero en absoluto desarticulada. La juez de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para Jordi Cuixart, presidente de Òmnium que se ha negado a declarar, y para Jordi Sànchez, el jefe de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que sólo ha respondido a las preguntas de su defensa. Pasadas las nueve de la noche se hacía pública la decisión de la juez Carmen Lamela. Las instrucciones de Sànchez están claras desde hace días. "Estad atentos a los canales de comunicación ante posibles movilizaciones y no descartemos nuevos paros masivos de país", había dejado escrito a los suyos Sànchez en caso de aplicación del 155 o encarcelamiento. El segundo supuesto se ha cumplido este lunes. Su acreditada participación en los hechos relativos al intento de linchamiento de una comitiva judicial el pasado 20 de septiembre en la Consejería de Economía ha propiciado su ingreso en prisión. Al poco de trascender la prisión sin fianza para Cuixart y Sánchez, ha comenzado una cacerolada en Barcelona. Ya se ha creado la etiqueta #LlibertatJordis y el afiche del "no camináis solos". A las diez de la noche cesó el ruido de vajillas. Coincidió con la emisión en TV3 de dos mensajes grabados de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. "En esta hora grave, más serenidad que nunca", dijo el primero y abundó el segundo. Tras las intervenciones se reanudaron las caceroladas con redoblada intensidad. La ANC ha instado a "una movilización pacífica y democrática".
Proceso: estafa piramidal
Los "voluntarios" de la ANC, Òmnium y los Comités de Defensa del Referéndum (ahora de sus "resultados") están en máxima alerta, a la espera de instrucciones y atentos a las convocatorias de nuevas movilizaciones y huelgas generales "de país". En el frente separatista ha disgustado la imagen de Trapero y sus acompañantes (los comisarios Ferran López y Joan Carles Molinero) vestidos de civiles en la comparecencia del primero en la Audiencia Nacional. Se ha comentado además que Trapero se ha mostrado distante con Cuixart y Sànchez, quien se jactaba de tener el móvil del major cuando interpretó el papel de "mediador" entre los guardias civiles retenidos en la Consejería de Economía y una multitud que pretendía llevar a cabo el linchamiento de la comitiva judicial.
Tampoco se ha entendido que los abogados de Mas depositaran en el Tribunal de Cuentas más de la mitad de la fianza que se le reclama por el 9-N. Comienza a cundir la certeza de que el procés es una estafa piramidal, que no va de abajo a arriba sino al revés y que los de arriba comienzan a mostrar signos de flaqueza a pesar de los capotes del Estado.
Sin embargo, no es previsible que Puigdemont y Junqueras den marcha atrás. La catástrofe social y económica es de tales magnitudes que la opción de inmolarse parece más fácil que la de explicar los costes reales de la independencia. La CUP dio un plazo de un mes a Puigdemont. El president lo ha ampliado en su carta a Rajoy a dos meses. En teoría tiene menos de dos días para dar una nueva "respuesta" que evite la aplicación de un artículo 155 de la Constitución que el Gobierno se resiste a poner en marcha a pesar de las evidencias. Los Jordis duermen en la cárcel por una decisión judicial ajena a las supuestas presiones del Gobierno a la fiscalía, que también pidió prisión incondicional para el jefe de los Mossos. La cacerolada popular parece el preludio de protestas más comprometidas en la calle por parte de la militancia separatista. Algunos conductores se suman al ruido. Diez minutos después de las diez comienzan a desistir los percusionistas.
El president de la Generalidad dispone de una nueva prórroga hasta las diez de la mañana del jueves. Fluida pero vacía comunicación epistolar entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Carles Puigdemont. Los dirigentes separatistas han acusado recibo de la carta de Rajoy a través de Oriol Junqueras, quien ha replicado en Twitter: "Presidente @marianorajoy, la pregunta es muy sencilla, quiere ud. que se celebre una reunión entre los Gobiernos de Catalunya y España?". Tan sencilla como la cuestión sobre la que el Gobierno ha inquirido a Puigdemont sin obtener respuesta. En su misiva, el dirigente catalán afirma que "la suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento". Esa es la frase ardiendo a la que se aferran los partidarios del "diálogo", Podemos, los comunes de Colau y un sector del socialismo favorable a un referéndum pactado sobre el futuro de España en el que sólo participarían los ciudadanos censados en Cataluña.
El golpe continúa
Del resto de los dos folios se infiere de manera meridiana que Puigdemont y su gobierno persisten en sus planes y que sólo pretenden ganar tiempo con la añagaza del "diálogo". La carta ha sido traducida a varios idiomas y enviada a gobiernos, embajadas, consulados y organismos oficiales de todo el mundo. El núcleo director del golpe (Puigdemont, Junqueras y el gobierno en la sombra formado por Mas, David Madí, Oriol Soler, Francesc Vendrell, Marta Rovira, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) intenta prolongar la situación y tensar a sus bases. Buscan desesperadamente aliados internacionales en medio de un clima de pavor empresarial cuyo nombre propio del día es Codorníu, empresa fundada en 1551 y que este lunes ha anunciado el traslado de su sede social a La Rioja.
Cierre separatista del 'Parlament'
La CUP y Junts pel Sí han decidido cerrar el Parlament. Se suspende el pleno agendado para esta semana debido a la "situación política". Puigdemont ha pedido una cumbre "hispanocatalana" e impunidad judicial para los jefes de los Mossos, los Jordis de la ANC y Òmnium y todos los investigados por el golpe del Estado. Esas son las condiciones de la Generalidad para empezar a hablar. En su respuesta por carta, Rajoy lamenta que el "representante ordinario del Estado en Cataluña" no aclare "el extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña".
El último párrafo del texto de Rajoy resulta muy significativo: "Le recuerdo, una vez más, que aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles. Sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando. En caso contrario, será Usted el único responsable de la aplicación de la Constitución". De modo que a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no le traicionó el subconsciente cuando dijo que "nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución".
Ninguna sentencia sobre la vulneración de los derechos lingüísticos ha sido ejecutada en Cataluña y no es cuestión de meses sino de años que las autoridades autonómicas de Cataluña practican el desacato por sistema ante las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre las proclamas y consultas separatistas.
Tabla rasa
Parece obvio, además, que el "nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional" lleva el mensaje implícito de la tabla rasa a pesar de los graves delitos de los que se acusa a todos los miembros del Govern, la presidenta y los miembros separatistas de la mesa del Parlament, once altos cargos de la Generalidad, tres empresarios nacionalistas, el jefe policial y una intendente de los Mossos y los dos dirigentes de la ANC y Òmnium.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha desestimado las peticiones de prisión de la fiscalía contra la intendente de los Mossos Teresa Laplana, el major del cuerpo policial Josep Lluís Trapero, pero ha impuesto medidas cautelares a los dos policías por sedición. Se les retira el pasaporte y deberán comparecer periódicamente en el juzgado. El sumario de la Audiencia Nacional se refiere exclusivamente a los hechos del 20 de septiembre en la consejería de Economía de la Generalidad, en la rambla de Cataluña con la Gran Vía de Barcelona. No se juzga la pasividad de los Mossos y las responsabilidades de los dirigentes de las organizaciones separatistas "cívicas" en el referéndum del 1 de octubre, sino las derivadas del intento de linchamiento de una secretaria judicial y varios guardias civiles que registraban por orden judicial los despachos de los responsables del 1-O a cargo de una turba que destrozó y saqueó los tres vehículos de la Guardia Civil sobre cuyos techos Sànchez y Cuixart animaron a la "movilización permanente". A partir de este lunes por la noche residen en la prisión de Soto del Real.
Presión de la CUP
La CUP presiona al Govern. Exige una declaración de independencia todavía más obvia que el papel firmado por los diputados secesionistas al término de la última sesión del Parlament, el 10 de octubre. La suspensión del pleno previsto para el miércoles ahonda en la inestabilidad política, la inseguridad jurídica y el enfrentamiento civil. El desconcierto también hace mella en los diputados antisistema. Su última consigna ha sido expelida por Benet Salellas en la cuenta oficial en Twitter de la CUP: "La mejor opción es que el 155 nos coja proclamados". El abad de Montserrat, Josep Maria Soler, afirma que se deben evitar las "humillaciones" pero avala el "argumento" de Puigdemont de que un ochenta por ciento de la población, según encuestas de parte, quiere un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
En paralelo a las deposiciones de Trapero, Sànchez y Cuixart en la Audiencia Nacional, los abogados de Artur Mas han depositado 2,2 millones de euros en el Tribunal de Cuentas. Faltan tres para completar la fianza por un presunto delito de malversación en los gastos del 9-N de 2014. El dinero procede de la cuestación popular abierta por la ANC a primeros de septiembre. Los letrados del expresidente catalán, que mantiene coche con chófer, amplia escolta, despacho oficial y un sueldo público de más de cien mil euros, piden una ampliación del plazo.
La decisión de la juez de la Audiencia Nacional desmonta el escenario del Gobierno y el Govern y emplaza a Rajoy ante la verdadera dimensión de los hechos que han acontecido en Cataluña durante los últimos meses. Gobierno catalán, partidos y extensiones separatistas consideran validada su apuesta por la república a la fuerza tras el encarcelamiento de Jordi Sànchez, cuestionado en la ANC, y Jordi Cuixart, votado por cinco mil personas sobre un censo de más de cincuenta mil personas, empresas y sociedades "cívicas".