Máxima presión sobre el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont. Una minoría del Govern, el sector "moderado" del PDeCAT, entidades económicas y varios de los medios del editorial único le instan a renunciar a la declaración de independencia y convocar elecciones, llámense "constituyentes" o autonómicas. Le enseñan la pista de aterrizaje dispuesta por el Gobierno, la posibilidad de que el anuncio de la aplicación del artículo 155 quede en agua de borrajas, la oportunidad de salvar el entramado de corruptelas e intereses de la administración autonómica, un emporio del que dependen directamente alrededor de doscientas mil familias, miles de proveedores, de asociaciones, entidades y chiringuitos, cientos de productoras, decenas de medios y un tejido clientelar de dimensiones colosales.
En manos de Puigdemont está el futuro del legado del pujolismo, un conglomerado extractivo y de control social sustentado en cuatro pilares: escuela, medios, negocios y Mossos. Enfrentarse a la aplicación del artículo 155 es una opción, pero evitarla también. Ese es el argumento de quienes taladran las orejas a Puigdemont con el mal menor. La convocatoria de comicios es un clamor. El influyente Círculo de Economía exige elecciones autonómicas ante "la dinámica, prolongada e intensa de descontrol, inseguridad jurídica y malestar ciudadano". Se trata, según una nota de la entidad, de "reconducir las aspiraciones de unos y otros por el cauce de la normalidad y la legalidad".
El cultivado frente internacional arroja nefastas noticias para Puigdemont. Le Monde dedica al tema un duro editorial. "El jefe del gobierno catalán se ha situado fuera de la ley", afirma el rotativo francés, que arremete también contra TV3 por "bombardear propaganda victimista y mentirosa".
El búnker catalanista insiste en la resistencia y también presiona. La proclamación de la república es autodefensa. El portavoz de la cuota pedecata en Juntos por el Sí, Lluís Corominas, amenaza con acciones legales por la vía penal contra la aplicación del 155 después de afirmar que en España no hay división de poderes. También habla de "golpe del Estado" y de "violencia institucional" como cargo añadido a la supuesta brutalidad policial del 1-O. El líder de ERC, el vicepresidente y consejero de Economía Oriol Junqueras, guarda silencio mientras prosigue el éxodo de empresas. Entre las últimas, Invecare, una multinacional de la ortopedia dirigida en España por Ester Puigdemont Vila, prima del president. En una carta firmada por ella se alega que es "debido al actual contexto de incertidumbre política" al tiempo que se compromete a seguir siendo "proveedor de referencia del mercado" en detrimento de los compromisos de la república catalana.
El 'president' en el Senado
Puigdemont parece dispuesto a comparecer en el Senado en persona. Juntos por el Sí y la CUP han decidido convocar un pleno del Parlament el jueves para debatir la respuesta al anuncio e hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución y el cese del Govern en pleno. El presidente del Senado, Pío García Escudero considera que Puigdemont tanto podría hablar en comisión el jueves por la tarde como en pleno el viernes. Se tantea para ajustar el calendario de la Cámara Alta con la cámara autonómica y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría se abre a la opción de modular la aplicación de la Constitución en Cataluña en función de las maniobras separatistas.
Sin embargo, los planes del frente separatista no han variado por el momento. El pleno del Parlament diseñado por Juntos por el Sí y la CUP debería ocupar la agenda de jueves y viernes y prevé, en principio, una votación para proclamar la independencia en forma de república. Cualquier otro desenlace no entra en los esquemas de los diez diputados de la CUP, formación que insta a la "desobediencia masiva" a pesar de que hasta ahora no ha mostrado el músculo callejero del que se jacta. No es improbable que la CUP deje en minoría a Juntos por el Sí y abandone el hemiciclo si Puigdemont se abstiene de declarar la independencia. De ahí que la convocatoria electoral a cargo del president y no vía 155 cobre enteros en los análisis convergentes, más si evita o matiza la intervención de los técnicos del Estado en la administración catalana.
Nueva convocatoria contra el separatismo
De ahí que se especule con la interrupción del pleno del Parlament para que Puigdemont pueda presentar en el Senado sus alegaciones al artículo 155. Las plataformas separatistas están a la espera de las decisiones políticas para activar o cancelar las movilizaciones de "defensa del autogobierno". A la contra, Sociedad Civil Catalana (SCC) ya ha convocado una manifestación para el próximo domingo en Barcelona contra los planes separatistas. Ha citado a los ciudadanos no separatistas con el argumento de que "la aplicación del artículo 155 garantiza el autogobierno en Cataluña y en este momento es una medida necesaria para que se respete el Estado de derecho y las leyes".
Se teme una nueva maniobra dilatoria de Puigdemont, otra ceremonia de la confusión como la de la república de los ocho segundos declarada negro sobre blanco por el president y 71 diputados, así como que el Gobierno, tal como aventura las declaraciones de la vicepresidenta y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pueden entrar el trapo de un gesto senatorial de Puigdemont. El Parlament ha convocado este martes en comisión a los senadores de designación autonómica. Han anunciado su comparecencia el socialista José Montilla, expresidente de la Generalidad y el dirigente popular en Cataluña Xavier García Albiol.