La CUP se malicia que el todavía presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, cederá a las presiones de quienes le piden que convoque elecciones para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y salvar la mastodóntica administración autonómica. Todavía no se ha aclarado cuándo comparecerá en el Senado a pesar de las facilidades que se le dispensan para hacerlo en la comisión, el jueves por la tarde, o en el pleno, con careo incluido con Mariano Rajoy, el viernes a partir de las diez de la mañana. El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha afirmado, no obstante, que se están poniendo trabas. Lo dijo tras anunciar que el gobierno catalán ha emprendido una ofensiva judicial contra el 155. Además, se negó a avanzar ningún detalle sobre los próximos pasos del ejecutivo tras su reunión semanal de los martes. Puigdemont está dispuesto a ir al Senado, pero aún no se ha decidido qué mensaje debe trasladar, si el de la continuidad del golpe o un preanuncio de elecciones.
El diputado de la CUP Carles Riera fue el designado por la formación antisistema para expresar las sospechas sobre un cambio de tercio de Puigdemont: "Hay una propuesta de convocar elecciones, está sobre la mesa del Govern y es el arma nuclear para acabar con el proceso independentista". Riera añadió que unos comicios supondrían un "acto de vasallaje, de sumisión, un trato colonial".
Dadas las circunstancias, la CUP anuncia que vuelve a la acción callejera. Este martes por la tarde ha convocado reuniones con sus simpatizantes en diversos puntos de Cataluña para informarles sobre una campaña de "desobediencia civil" que pretenden "masiva" y "pacífica". Por si se registraran incidentes, el diputado cupero ya ha avanzado que serán obra del Estado para acusar a los independentistas. "La Policía no es tonta, pero la CUP tampoco", ha dicho Riera, poco acostumbrado a los medios.
Huelga de estudiantes
A modo de calentamiento, los estudiantes han sido llamados a la huelga miércoles y jueves "contra la represión franquista". El jueves se manifestarán en las cuatro capitales de provincia. Se reportan casos de profesores que instan a sus alumnos a la huelga para "defender la democracia". Los sindicatos de profesores y las direcciones y comités de empresa de los medios públicos están dispuestos a plantar cara al 155. Apuestan por la proclamación de la república para proteger el autogobierno autonómico. También los Bomberos de la Generalidad y los agentes de la sectorial de los Mossos por la independencia de la ANC.
En la ANC y Ómnium esperan órdenes. El cese de Puigdemont, Junqueras y sus consejeros sería el escenario para insistir en la ocupación de las calles, sea como en las dos últimas manifestaciones por la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, o como el 20 de septiembre ante la consejería de Economía, con el fin de "proteger las instituciones". En actos internos se avisa de que el jueves será un día clave. El Parlamento de Cataluña se reabrirá esa jornada para debatir la respuesta al 155. No se sabe aún qué hará Puigdemont. De la penúltima hora se infiere que quiere ir a Madrid el jueves por la tarde. El mensaje que difunden los diputados de Juntos por el Sí es que "la independencia no es gratis, pero merece la pena". Hasta ayer, la república catalana iba a ser un socio preferente de la Unión Europea y un paraíso económico. La Dinamarca al sol.
Comparecencia de senadores
En el plano político, el expresidente de la Generalidad y senador José Montilla ha comparecido en el Parlament junto a los otros siete senadores por designación autonómica. Ha afirmado que no es partidario ni de la declaración de independencia ni de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aboga por elecciones, igual que algunos consejeros de la Generalidad como Santi Vila, el convergente 'moderado' que aspira a liderar los restos del naufragio convergente o Meritxell Borras, la titular de Gobernación que fue la primera investigada de ejecutivo autonómico por el frustrado concurso de las urnas. También presiona en esa dirección Artur Mas y un nutrido grupo de altos cargos que temen las consecuencias del artículo 155.
Llamadas a la resistencia
Seat ha sido la última compañía en advertir sobre un posible traslado de sede social si continúa la situación de inseguridad jurídica e inestabilidad política. Las 1.300 empresas que ya han abandonado Cataluña representan el 30% del PIB de la comunidad. Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía, se jacta de que más de doscientas mil empresas no se han ido. ERC, los independientes de Juntos por el Sí, entre ellos el consejero de "Exteriores" Raül Romeva, o la escisión de Unió "Demòcratas", formada por Antoni Castellà y la expresidenta de la cámara regional Núria de Gispert, llaman a la "resistencia" y a la toma de las calles para defender el autogobierno.
La CUP recurre a los tribunales
Están del lado de la CUP, que se jacta de que un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite su denuncia contra un operativo de la Policía Nacional ante su sede en Barcelona antes del 1-O y que se llevó a cabo para evitar una concentración convocada por los cuperos ante la Delegación del Gobierno en Barcelona. Los abogados de la formación antisistema denuncian que aquel "cerco" se llevó a cabo sin orden judicial y que la Policía Nacional pretendió entrar en sus instalaciones sin la pertinente orden judicial.