Es más que probable que retiren a Carmen Lamela la instrucción de la causa contra Carles Puigdemont y los consejeros del Gobierno de Cataluña cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución Española. El juez que investiga en el Tribunal Supremo a Carme Forcadell y al resto de los integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico que permitieron la votación de la independencia reclamará la competencia para unificar todos los procedimientos abiertos por rebelión, sedición y el resto de delitos conexos con el desafío separatista.
La situación de los querellados podría dar un vuelco considerable. No en vano, Pablo Llarena amplió el plazo para que los citados en el Alto Tribunal preparan sus estrategias de defensa con tiempo y no se produjera la indefensión que alegaron en bloque. Los componentes de la Mesa partidarios de la ruptura regresan este jueves al Supremo y el propio magistrado resolverá sobre las peticiones de medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que serán de prisión incondicional en la mayoría de los casos, incluido el de Carme Forcadell.
En función de lo que ordene Llarena, un hipotético traslado de la instrucción de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo podría favorecer a los ‘Jordis’, encarcelados por presunta sedición, y a los exconsejeros que ingresaron el pasado jueves en prisión incondicional por ejecutar la estrategia separatista.
Estrategia conjunta
Según fuentes consultadas por Libertad Digital, el magistrado Pablo Llarena reclamará la competencia para instruir todos los procedimientos abiertos por rebelión, sedición, malversación y delitos conexos con la estrategia para la ruptura de Cataluña con España. Existen causas en la Audiencia Nacional –la que dirige Carmen Lamela contra los presidentes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente; el Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente del cuerpo Teresa Laplana; el expresidente catalán Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los exconsejeros del Gobierno regional.
También se instruyen otras gracias a denuncias de ciudadanos en Juzgados de Cataluña que el Tribunal Supremo podría aunar en un mismo sumario.
De acuerdo con el Ministerio Público y con la juez Lamela, Llarena aprecia una "estrategia perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y entidades independentistas (ANC y Ómnium) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado día 27 de octubre". En mayor o menor medida, todos ha participado de la continua desobediencia al reglamento del Parlamento autonómico, al Estatuto de Autonomía y a los llamamientos y consignas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Comprobada la conexidad de los hechos, no tendría sentido trocear la investigación en diferentes causas.