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El juez deja en libertad a Ignacio González tras abonar 11 fiadores su fianza de 400.000 euros

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha abandonado la cárcel de Soto del Real tras pasar 202 días preso y pagar la fianza de 400.000 euros.

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El juez deja en libertad a Ignacio González tras abonar 11 fiadores su fianza de 400.000 euros
Ignacio González en una imagen de archivo | EFE

Ignacio González es libre al menos hasta que la Audiencia Nacional dicte y/o el Tribunal Supremo ratifique la sentencia después del juicio por la Operación Lezo -la Fiscalía estima que se enfrentará a una condena superior a los 20 años de prisión-. El juez que instruye la causa ha permitido al expresidente de la Comunidad de Madrid que abandone la prisión de Soto del Real donde permanecía desde el pasado 21 de abril. Manuel García-Castellón modifica la situación del supuesto cabecilla de la trama después de que, con ayuda de 11 fiadores, haya abonado la fianza de 400.000 euros. Están vigentes ahora otras cautelares menos gravosas: la retirada del pasaporte con prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el Juzgado más próximo.

Varios familiares de González, entre ellos sus dos hijas, se ha desplazado a las inmediaciones del centro penitenciario donde ha cumplido la medida de prisión provisional e incondicional. García-Castellón ha enviado el auto de libertad al Juzgado de Colmenar, competente para tramitar la excarcelación.

Pruebas "consistentes" en su contra

El instructor de la Operación Lezo hizo propios los argumentos del Ministerio Público en atención a la enésima petición de libertad presentada por González. Analizados los hechos presuntamente delictivos, concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva del exdirigente popular. "La amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, a priori, superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer. La instrucción ha puesto de relieve que podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales".

No obstante, la Fiscalía considera que "ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá. En cuanto al riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo. Todo ello impone la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso".

González alegó que la prisión le produce graves consecuencias para su estado de salud. La Fiscalía contestó que "como a cualquier justiciable, el ingreso en la cárcel puede ocasionar pesadumbre o deterioro personal. Eso es una cosa y otra muy distinta es lo que señala el recurso al expresar que la prisión incondicional lesiona los derechos a la salud y a la integridad moral".

Papel "decisivo" en Lezo

El juez que instruye la Operación Lezo, Manuel García-Castellón, le atribuye "un papel decisivo y necesario" en los delitos investigados –malversación de caudales públicos, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohechos y blanqueos de capitales–. Los investigadores creen que González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid. El ex consejero delgado de ICM José Martínez Nicolás está entre los detenidos y quedó en libertad bajo una fianza de 100.000 euros.

Velasco también le imputa el cobro de varias comisiones, entre ellas una de 1,4 millones de OHL por la concesión para construir un ferrocarril en Navalcarnero y otras por la adjudicación de la obra del golf que se construyó en los terrenos del Canal de Chamberí, adjudicada a Dragados. Además, está implicado en la compra supuestamente fraudulenta de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013. Según el magistrado, fue "hipervalorada ficticiamente" y se hizo sin ningún tipo de control para el "desvío de dinero público madrileño" (23 millones de euros) a "cuentas bancarias de terceros países con opacidad". Por último, le imputa el manejo habitual de dinero en efectivo y la elaboración de facturas falsas. Por otro lado, habría utilizado a su anciano padre para blanquear a través de sus cuentas.

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