Los cinco sindicatos con representación en el Consejo de la Policía (SUP, CEP, UFP, SPP y ASP) y las ocho asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil (UO, ASESGC, AUGC, APROGC, AEGC, UnionGC, APC e IGC) han anunciado este miércoles que se plantean realizar una huelga de celo o a reglamento si el Ministerio del Interior no les explica sus planes para llevar a cabo la equiparación salarial con Mossos d'Esquadra y Ertzaintza.
El hecho de que los agentes de ambos cuerpos comenzasen a trabajar a reglamento podría suponer un colapso en la administración. Supondría, por ejemplo, exigir la documentación y revisar el equipaje minuciosamente de todos y cada uno de los ciudadanos que pasen por un paso fronterizo (puertos o aeropuertos) o vayan a expedirse sus documentos de identidad (DNI o pasaporte), lo que provocaría importante aglomeraciones y esperas.
Este tipo de huelga no sería la única medida que adoptasen, según han explicado, sino que también realizarían nuevas manifestaciones y concentraciones –la llevada a cabo el pasado 18 de noviembre en Madrid es la mayor manifestación de agentes de la historia de España- e incluso tratarían de trasladar sus reivindicaciones a las instituciones de la Unión Europea.
La fecha límite para esas explicaciones sería mediados del mes de enero, cuando creen que se presentarán los borradores de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, en los que exigen que haya ya una partida económica para llevar a cabo esa equiparación. Sus cálculos es que serían necesarios 1.500 millones anuales para hacerla realidad y proponen que se haga en tres años con subidas acumulativas de 500 millones.
Antes de llegar a este extremo, los representantes de los policías y guardias civiles han dado la posibilidad de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dé las explicaciones oportunas en sendas sesiones monográficas de los Consejos de Policía y Guardia Civil. Para ello, han registrado esta mañana las correspondientes solicitudes en el registro del Ministerio aunque, eso sí, ponen plazo porque el ministro tiene la obligación de convocar el Consejo pero no tiene obligación de realizarlo en un plazo temporal determinado.
"Pusimos un plan de inversión presupuestaria sobre la mesa del ministro en una reunión que tuvo lugar en su despacho el 19 de septiembre. El silencio se ha impuesto como norma y el máximo responsable de Policía Nacional y Guardia Civil ha preferido opinar, debatir, avanzar planes y confirmar proyectos ante medios de comunicación y en sede parlamentario", han criticado los representantes sindicales y asociativos.