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Un alto cargo de la Generalidad detenido por el 1-O garantiza la legalidad del 21-D

Lluís Anaya, responsable del proceso de recogida y publicación de resultados, descarta el pucherazo que temen ERC y Junts per Catalunya.

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Lluís Anaya, responsable del proceso de recogida y publicación de resultados, descarta el pucherazo que temen ERC y Junts per Catalunya.

El alto cargo de la Generalidad Lluís Anaya, que se presenta en la red social Twitter como quien dirige "todo el equipo que recogerá, procesará y publicará los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 21-D", afirma que el pucherazo que aventan ERC y la candidatura de Puigdemont "es imposible".

Anaya, que resultó detenido el pasado 20 de septiembre cuando la Guardia Civil desarticuló el grupo de la Consejería de Economía encargado por Puigdemont y Junqueras de la parte técnica del referéndum ilegal del 1-O, sostiene que no hay posibilidad de fraude. En un trino en la antedicha red, Anaya apunta: "Desde hace 37 años soy una de las sólo cuatro personas que ha organizado y dirigido elecciones al Parlament. El fraude es imposible. No sufráis. ¡Votad!". Acompaña el mensaje con una tarjeta de visita de la Generalidad en la que consta como "jefe del área de procesos electorales".

Críticas al Rey y a Rajoy

Este alto cargo, que no ha sido removido por la aplicación del artículo 155, refleja en su cuenta de Twitter otro mensaje sobre las circunstancias de su detención, otro sobre su relación profesional con uno de los agentes de la Guardia Civil del operativo y dos más en los que criticaba el papel del Rey y del presidente del Gobierno en los días previos al referéndum ilegal. La víspera del 1-O se mostraba en Twitter de esta manera: "Venga, a casa después de trece horas en el trabajo. Parados por orden judicial algunos servicios TIC de la Generalidad. Mañana más y mejor".

Superado el trance, Anaya continúa al frente del equipo de procesos electorales de la administración autonómica, a pesar de lo cual, ERC y la candidatura de Puigdemont desconfían de la validez de las elecciones y captan interventores para un "recuento paralelo".

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