La entrega de los bienes de Sijena ha irrumpido en el debate político a diez días de las elecciones autonómicas en Cataluña. El Gobierno, en voz del propio Mariano Rajoy, ha avisado de que "las resoluciones judiciales conviene acatarlas". "Todo se ha hecho correctamente, con inteligencia y con prudencia", se ha sumado Íñigo Méndez de Vigo, que es actualmente el máximo responsable del departamento de Cultura del Ejecutivo catalán por la aplicación del artículo 155.
En la misma línea que el Gobierno, incluso más contundente, se ha descolgado este lunes Irene Montero. La portavoz de Podemos ha sido rotunda cuando le preguntaban por este tema: "Nosotros pensamos que esos bienes tendrían que estar donde deben estar. Son bienes que estaban en Aragón, que son propiedad o deberían serlo. Por tanto, pensamos que deben estar ahí", ha asegurado.
Candidatos
Los candidatos al 21-D también se han pronunciado. El socialista Miquel Iceta –cuyo partido gobierna en la capital catalana con el apoyo de Ciudadanos– y Xavier Domènech han coincidido en criticar la decisión de la Justicia, mientras que Inés Arrimadas ha manifestado su respeto a la misma, aunque evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto. El popular Xavier García Albiol ya dijo en su día que acataba pero no le gustaba la decisión de los tribunales.
La líder de la oposición en Cataluña, en declaraciones a los medios en Barcelona, ha culpado al antiguo Gobierno de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de lo ocurrido: "Es una pena que la Generalitat siempre se decante por la confrontación con el resto de administraciones públicas en vez de haber intentado colaborar. Yo, si soy presidenta de la Generalitat, voy a hacer más convenios de colaboración que no pleitos, y voy a intentar que se solucionen las cosas dialogando y no en los tribunales. De todas maneras, nosotros, como demócratas, no podemos ponernos en contra de que se cumplan las resoluciones judiciales".
Un "error" para Iceta
Ha ido más allá el líder del PSC, Miquel Iceta, quien ha tachado de "error" la salida de estos bienes hacia la localidad de Sijena, en Huesca, porque ha asegurado que todavía no hay una resolución judicial definitiva y ha recordado que aún "están pendientes de resolución" los recursos presentados por la Generalidad, el Ayuntamiento, la Diputación de Lérida y el consorcio del museo.
Además, Iceta se ha esforzado en desvincular esta decisión tanto del Gobierno de Mariano Rajoy como de artículo 155 y ha asegurado que "no tiene nada que ver una cosa con la otra". Y en este sentido, ha asegurado que "cuando se judicializan algunas cuestiones los políticos pierden capacidad de incidencia sobre los temas".
Dos versiones en Podemos
Desde Podemos, se han ofrecido en el día de hoy dos respuestas a este asunto. "Nosotros pensamos que esos bienes tendrían que estar donde deben estar. Son bienes que estaban en Aragón, que son propiedad o deberían serlo. Por tanto, pensamos que deben estar ahí", ha asegurado Irene Montero mientras que Pablo Echenique, mucho más equidistante, ve, tanto en "un lado como en el otro", intereses para "convertir este tipo de cosas en confrontación entre catalanes y aragoneses. "Hemos visto a la CUP llamando a la movilización para convertir esto en un conflicto territorial, hemos visto a Puigdemont hablando de humillación, hemos visto a altos cargos catalanes sugiriendo que los aragoneses que reciben atención sanitaria en la provincia de Lérida podrían estar en problemas, hemos visto cómo el Gobierno de Aragón se excita ante la visión de la Guardia Civil entrando en un museo...", ha explicado el secretario de organización de la formación morada, que ha sentenciado que "es una muy mala noticia que haya actores políticos que confunden problemas de patrimonio con conflictos territoriales".
"La única responsabilidad que hay alrededor de los bienes de Sijena tiene que ver con las parroquias afectadas, con los jueces y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En principio, no se debería haber convertido en un conflicto político entre pueblos hermanos. Sin embargo, hay gente que le interesa convertir este tipo de cosas en confrontación entre catalanes y aragoneses", ha insistido.
Por su parte desde Cataluña, el candidato de Ada Colau, Xavier Domènech ha relacionado este traslado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Estamos viendo como se pretende aprovechar ese contexto de anormalidad democrática para solucionar temas" que deberían tener un "recorrido en el ámbito judicial".
El PP respalda al Gobierno
Por último, los populares no han dudado en arropar al Gobierno. Con Rajoy y Méndez de Vigo fijando la postura oficial, Javier Maroto se ha limitado a desear que la situación "se arregle de la mejor manera posible". "Hay que respetar las resoluciones judiciales", se ha afirmado desde la cúpula nacional del PP, que ha negado diferencias con respecto a la postura de Albiol. "Él también dijo que hay que acatar las resoluciones judiciales".