El Palacio de Justicia de Vitoria acoge el mayor juicio por corrupción de una causa instruida en el País Vasco. Se trata del denominado caso De Miguel, en referencia a Alfredo de Miguel, el principal procesado y quien fuera número dos del Partido Nacionalista Vasco en Álava. No obran indicios de financiación ilegal en el sumario, aunque la categoría en el seno de la formación de algunos acusados salpica a las siglas que siempre han presumido de honradez.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los 26 componentes del banquillo habrían participado de una trama de corrupción que utilizó su influencia política para la obtención "irregular" de adjudicaciones públicas y el cobro de comisiones "ilegales" por contratos amañados. Esas alteraciones obtuvieron el beneplácito de Administraciones gobernadas por el PNV. El escrito alude a una larga lista de delitos relacionados con la corrupción: prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y fraude fiscal.
Los principales acusados como supuestos cabecillas de la red son precisamente los tres exdirigentes del PNV alavés: Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano. El ministerio Público solicita más de 119 años de prisión, aunque en caso de condena ninguna superará los 15, el triple de la correspondiente al mayor delito imputado. La vista se extenderá al menos hasta el 25 de octubre; sólo las cuestiones previas, que han arrancado este lunes, ocupan más de un mes del calendario.
Figuran entre los acusados cargos miembros del Gobierno de Juan José Ibarretxe. La Fiscalía pide más de 54 años de cárcel para De Miguel porque "se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV" para enriquecerse. Establece que la trama delictiva pivotó en torno a una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica en Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4%.
Primera sesión del juicio
El juicio ha comenzado con una intervención de la defensa de Alfredo de Miguel. El letrado del supuesto cabecilla de la trama ha solicitado la nulidad total del procedimiento por la "vulneración" de los derechos de su cliente y la posible "manipulación" de la grabación que originó la investigación –el sonido muestra la petición del pago de comisiones ilegales a una empresaria–.
La defensa entiende que la cadena de custodia de la grabadora se rompió durante el procedimiento y, por lo tanto, el dispositivo carece de "credibilidad". La Fiscalía ha propuesto la testifical de un ertzaina para que acredite el mantenimiento de dicha cadena. El Ministerio Público ha solicitado también que se cite a un notario que intervino en la constitución de muchas de las sociedades que están siendo investigadas en el caso y a un técnico de la Diputación Foral de Álava para que testifique sobre unas recalificaciones de terrenos en Zambrana, unas operaciones que constituyen una de las ramas de actividad de la presunta trama.
El PNV despojó de todos sus cargos a los acusados. La formación nacionalista obligó después de las detenciones a los procesados a devolver el carné del partido. No obstante, los líderes de las siglas reivindican a día de hoy la presunción de inocencia de sus excompañeros.