Paro y sanidad: son dos flancos sensibles de su gestión en un año que podría ser, perfectamente, un año electoral. Que el paro es el principal problema de Andalucía se sabía desde mucho antes de 1982. Que, desde 1982, el paro andaluz ha sido diez puntos más elevado que en el resto de España también. Lo que no se sabía es que los centros de formación de parados de la misma Junta están o cerrados o sin uso adecuado.
Por otra parte, se sabía que Spiriman, el médico granadino Jesús Candel, había desatado los nervios en la Junta con sus críticas hacia la sanidad pública andaluza. Pero no se sabía que la UE investiga la idoneidad de la llamativa subasta de fármacos que hace imposible a los andaluces disponer de fármacos de calidad contrastada que pueden ser administrados en otras Comunidades Autónomas.
El caso de los centros de formación de parados
En la información de ABC de este lunes puede leerse que en los dos últimos años sólo se ha instruido a 617 alumnos en 49 cursos en los centros públicos para formación de parados, actividad casi paralizada por el escándalo del fraude de los cursos de formación por decisión del gobierno de José Antonio Griñán, primero, y luego por el de Susana Díaz.
Si se tiene en cuenta que Andalucía sufre un desempleo real, según la EPA III Trimestre de 2017, de más del 25 por ciento –esto es, que uno de cada cuatro andaluces activos está en el paro o, dicho de otro modo, más de un millón de parados-, que diez centros de formación profesional dependientes de la Junta de Andalucía no funcionen o funcionen muy mal, es descorazonador.
Resulta asombroso que en esos diez centros dispongan de instalaciones adecuadas, que haya funcionarios, que haya personal laboral pero que no haya actividad. Cerrados o casi, califica el diario de Vocento la situación actual de los mismos.
Tales centros, que son diez, están presentes en todas las provincias andaluzas menos Huelva. Tienen como función llevar a cabo acciones formativas con destino a parados. Sin embargo, desde hace tres años seis de ellos están cerrados y el resto, y lo ha confesado la propia Junta sólo han desarrollado cursos para 617 parados.
Por poner un ejemplo bien sangrante, en Linares, ciudad en la que se ha manifestado la población de manera vehemente por la falta de horizonte de empleo para su población tras una gestión decepcionante de empresas públicas como Santana y otras, hay un centro de formación para parados que está cerrado.
El caso de las subastas de fármacos
El imponente gasto farmacéutico unido a la deficiente gestión de la sanidad pública condujo al gobierno de Susana Díaz a practicar una periódica subasta de medicamentos que, según la Junta, tiene como objetivo impulsar la fabricación de medicamentos genéricos y rebajar la factura de los fármacos para el Servicio Andaluz de Salud. Según la Junta, el ahorro ha sido ya de 400 millones de euros y se calcula un menor coste por valor de 40 millones para 2017.
Informa El Mundo este lunes que este sistema por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudica a laboratorios el suministro de los fármacos que financia, está bajo la lupa de la Unión Europea (UE). ¿Por qué? Porque ha sido denunciado por la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), y la denuncia ha sido admitida por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Los farmacéuticos andaluces sostienen que el sistema de subastas es una fuente de problemas y da a pie a la comisión de muchas irregularidades. Afaran el sistema es perjudicial para los pacientes al inclinarse, vía precios, por fármacos de mala calidad y por estar sometido a desabastecimientos perceptibles por los usuarios de la sanidad andaluza.
El Reglamento del Parlamento Europeo permite la investigación de este tema que conducirá inicialmente la Comisión Europea sobre la base documental remitida por los farmacéuticos andaluces y que luego seguirá tratándose en el Parlamento.
Recuérdese que el Tribunal Constitucional declaró legal el sistema de subastas, donde ha sido recurrido. Pero no se olvide que el Defensor del Pueblo Español abrió una investigación. Tras ella, considera que el sistema de subasta rompe el principio de igualdad de los ciudadanos en el territorio nacional consintiendo la inferioridad de los andaluces a la hora de adquirir fármacos que sí podría comprar en otras regiones del país y fuerza a los andaluces a usar productos de una calidad discutible.
Respecto a los desabastecimientos frecuentes, el Defensor del Pueblo lo constata como lo hacen todos los usuarios, pero la Junta de Andalucía dice que la mitad de estos casos se deben a problemas propios de los farmacéuticos y/o de los almacenes de distribución.
Ahora será la investigación europea la que aclare si este sistema debe seguir practicándose o no.