Independiente de la valoración que se haga de la existencia de un Consejo Consultivo regional habida cuenta de que ya existe un Consejo de Estado que vela por la idoneidad técnica, estatutaria, general y constitucional de las leyes que se proyectan, en Andalucía siempre se había nombrado a los Consejeros del órgano previo acuerdo entre los partidos políticos y en relación con su peso político parlamentario. Esto es, cuotas. No estaba escrito, pero era la costumbre ya habitual de los partidos políticos el repartirse los sillones. El PSOE rompió ayer la costumbre y ha impuesto a todos los miembros del nuevo Consejo.
El Consejo Consultivo de Andalucía está constituido por el presidente, designado por la presidencia de la Junta, los consejeros permanentes, los consejeros electivos y los consejeros natos. Hasta ahora se tenían en cuenta los criterios de género –al menos un 40 por ciento de mujeres–, y los criterios de representación política parlamentaria si bien éstos no están recogidos en la Ley que lo rige.
De hecho, lo que dice el texto que regula la actividad del Consejo instituido en 1993 es que los consejeros electivos –que no expresidentes de la Junta ni consejeros natos debido a su cargo–, serán nombrados por decreto de la presidencia de la Junta de Andalucía de entre juristas de reconocido prestigio. Es lo que se ha hecho, pero dando el consultazo, esto es, sin hablar siquiera con los partidos de la oposición, algo que jamás ha ocurrido en su homónimo nacional, el Consejo de Estado.
Para que se entienda mejor, en el momento actual había tres consejeros propuestos por el PP, dos de ellos con sueldo. El resto de consejeros con retribución, todos pertenecían al PSOE. Izquierda Unida tenía un solo miembro en el Consejo, consecuencia del mecanismo por cuotas, pero sin cobro alguno de dinero, salvo las dietas. Desde ahora, sólo tendrán puesto en el Consejo, con y sin sueldo, aquellos decididos por el PSOE.
La situación del Consejo era precaria porque la Junta de Andalucía, dada la nueva composición del Parlamento andaluz desde 2015, con la presencia emergente de Ciudadanos y Podemos, ha pospuesto actualizar su composición. Ante la tesitura de tener que dar por el sistema de cuota política algunos sillones a Podemos –Ciudadanos no es obviamente el problema en Andalucía–, Susana Díaz ha optado por el consultazo, esto es, imponer a los nuevos miembros del Consejo sin tener en cuenta la decisión de los partidos, al menos la del PP, de Podemos y de IU.
Como consecuencia, continúa el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, al que Susana Díaz viene ayudando desde que cumplió los 65 años y tuvo que dejar su consejería "nata". Fue entonces cuando se le designó como consejero electivo con sueldo y en este puesto ha seguido desde hace años. Y va a seguir porque no agotó el mandato de cinco años anterior.
La sorpresa de este consultazo es que una de las consejeras nombradas, Mar Moreno, que fue consejera de la Presidencia de la Junta y que fue imputada en el caso de los ERE, ha sido designada consejera con sueldo del nuevo Consejo Consultivo. De hecho, a pesar de estar ya libre de la imputación, tendrá que declarar en calidad de testigo en el juicio que tiene lugar en Sevilla a los expresidentes Chaves y Griñán y 20 ex altos cargos.
Con dedicación exclusiva y retribución (que son los miembros de la comisión permanente), renueva en el cargo, por un nuevo periodo de cinco años, la exconsejera de la Junta Begoña Álvarez, mientras que se incorporan la exconsejera de la Junta y senadora Mar Moreno; Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid; María Jesús Gallardo, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, y Juan Gorelli Hernández, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Huelva.
Por su parte, sin el requisito de exclusividad y sin sueldo alguno salvo dietas, han sido nombrados como consejeros electivos José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez, ex decano del Colegio de Abogados Cádiz y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz; Soledad López, que fue subsecretaria del Ministerio de Presidencia de España y asesora técnica en el área de trabajo de Defensor del Pueblo; Eva Blanco, funcionaria del cuerpo superior de administradores civiles del Estado; Joaquín Cifuentes, abogado y letrado de CCOO; y Fernando Yélamos, abogado desde 1974 en ejercicio y que ha asesorado a UGT.
Asimismo, en este grupo, que integra el pleno del Consejo Consultivo, continúa en el cargo Ana Cañizares Laso, consejera desde 2008. Además, la composición del Consejo Consultivo se completa con cinco consejeros natos (forman parte de este órgano en función de sus cargos) como son el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ana Tárrago; el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Jesús Jiménez López; el director general de Administración Local, Juan Manuel Fernández Ortega; Vicente Oya, como representante de los Colegios de Abogados de Andalucía, y Rafael López, representante de las Academias de Legislación y Jurisprudencia (que se incorpora nuevo).
Los consejeros electivos del Consejo Consultivo de Andalucía se nombran por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección una sola vez.
La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, que ha calificado como "acto de despotismo" lo ocurrido, ha desvelado que en privado el PSOE andaluz les ha reconocido que todo ha tenido su origen en la petición del PP al tribunal del caso ERE para que declare Susana Díaz en calidad de testigo.
Así, pues, el PP sostiene que su exclusión del Consejo, una medida "tomada unilateralmente y sin consulta previa con el resto de partidos, es una represalia" y revela el "miedo" y la "debilidad" de Susana Díaz porque, a pesar de su control sobre el órgano, desde el Consejo Consultivo se han rechazado leyes de la Junta como la de Formación Profesional.
La portavoz de Podemos Andalucía Esperanza Gómez, subrayó que lo ocurrido rompe una trayectoria de funcionamiento y que indica que el actual "es un Gobierno chapucero que no le gusta tener un órgano en el que se pueda de alguna manera cuestionar las actuaciones que se llevan a cabo".
Antonio Maíllo, coordinador de IU, se refirió a la inexistencia total de diálogo y al sectarismo. Como ejemplo puso la entrada en el Consejo de personas con marcado cariz político socialista, como Mar Moreno, que había sido barajada como la nueva líder del PSOE andaluz. Igualmente se refirió a la presencia de la socialista Begoña Álvarez, exconsejera de Justicia. Por ello, subrayó la improcedencia de la composición dependiente del PSOE de un órgano que debería ser independiente.
Ciudadanos, un partido bien locuaz en Cataluña y Madrid en casos que se relacionan con el sectarismo y el ordeno y mando, no ha dicho nada sobre este consultazo.
Por su parte, el PSOE, vía Juan Cornejo, el "tigelino" del socialismo andaluz de Susana Díaz, ha acusado al PP de no respetar las instituciones democráticas. En un comunicado añade que "el PP andaluz ha perdido de manera definitiva las formas y el norte y falta al respeto a los andaluces y andaluzas al cuestionar un órgano como el Consejo Consultivo".
Tras defender que los nombramientos son totalmente legales y ajustados a Derecho, exigió al PP andaluz y a su presidente, Juanma Moreno, que diga claramente si "está acusando a los nuevos consejeros de que no van a cumplir con sus obligaciones". Para Cornejo, "eso sería una falta de respeto monumental inadmisible e intolerable para una formación política que se presupone democrática". Y no se olvidó de mencionar el intento del PP de que declare Susana Díaz en el juicio de la pieza política de los ERE.