En un clima preelectoral dado que toda la oposición política andaluza sospecha que Susana Díaz va a anticipar las elecciones andaluzas a 2018, el PSOE andaluz vuelve a centrarse en el "machismo lingüístico". Ahora, además de orquestar una campaña contra los piropos, obliga a las asociaciones de consumidores a decir ser asociaciones de "personas consumidoras". Si en Cataluña se ha penalizado rotular los negocios en español, en Andalucía se hace lo mismo obligando a usar expresiones ajenas a la lengua común.
Todo empezó con Carmen Romero y su famoso "jóvenes y jóvenas" pronunciado en una campaña electoral de la década de los 80. Luego destacó el "miembras" de Bibiana Aído y desde hace mucho, lo que alguien calificó como "sección femenina" o mejor, feminista, del PSOE andaluz, trata de justificar que usar expresiones genéricas como "los andaluces", "los usuarios", "los diputados", que tradicionalmente comprenden significativamente a ambos sexos, son un ataque encubierto a la "visibilidad" de la mujer en la sociedad.
Curiosa fue la actitud del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que dijo estar "contenta" en un acto de mujeres y que alguna socialista de nivel como Amparo Rubiales, exconsejera de Estado, propusiera alterar el himno de Andalucía para que del habitual "Andaluces, levantaos" se pasara a "Andaluces y andaluzas levantaos", moción coincidente con otras proferidas por los radicales agrarios vinculados al Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Ayer mismo saltaba la noticia del ataque institucional de la Junta y sus organismos contra los piropos, sean respetuosos o no, identificando en campaña audiovisual a los piropeadores con animales sucios y malolientes. Según la Junta de Andalucía, el piropo, independientemente de su contenido, es un acto permitido de violencia de género.
En la polémica suscitada, ha tenido que intervenir incluso Albert Rivera que dijo que estar a favor o en contra del piropo es como estar a favor o en contra de los cuchillos. Si hacen daño, no está a favor. Si no lo hacen, no hay caso. No opina lo mismo alguna Fiscal como Teresa Peramato, adscrita a la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer, que cree que es el piropo en sí una actitud machista.
Desde hace mucho, la "sección feminista" del PSOE andaluz, punta de lanza de la actitud del PSOE en materia de mujer, ha intentado conseguir de la RAE alguna concesión significativa respecto de sus demandas. Habitualmente, la Academia de la Lengua ha determinado que, por economía de lenguaje, el uso del masculino genérico "diputados" para significar a los diputados de ambos sexos, es adecuado.
Contó ABC hace casi diez años que "para determinadas andaluzas con cargo público, la RAE es una especie de casino con monemas, un lugar donde los señoritos de la lengua niegan su derecho a existir a vocablos potencialmente hembras." Y añadió que Bibiana Aído profetizó que algún día su "miembras" sería admitida por la RAE.
Polémica con las asociaciones de consumidores y usuarios
Ahora, como podría haberse deducido fácilmente, hablar de consumidores y usuarios es apoyar el lenguaje sexista. Lo ha sufrido en sus propias carnes el nada sospechoso de derechismo, Rubén Sánchez, el máximo representante de FACUA en Andalucía, que tiene un origen claramente vinculado a la izquierda y cuya simpatía política está relacionada con las proximidades de Podemos e Izquierda Unida. Sánchez, que depende en buena medida de las subvenciones públicas de la Junta y gracias a las cuales erigió su organización, tendrá que cambiar incluso el nombre y los signos de identidad de su Federación.
Para la Junta, si quiere seguir percibiendo subvenciones de las arcas controladas por el PSOE andaluz, deberá cambiar el nombre de su organización que pasaría a llamarse, cuando menos, Federación de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, FAPCUA, con repercusión, natural, en todo tipo de documentos de la entidad.
"Consumidores" y "Usuarios" son expresiones "sexistas", esto es, machistas, y tienen que ser desterradas del lenguaje oficial. Consecuentemente, FACUA, como otras asociaciones, si quieren acogerse a las subvenciones de la Junta en materia de campañas informativas deberán obedecer a nuevos usos del español si no quieren ser multados como consecuencia de su "infracción leve de la Ley General de Subvenciones" hasta con 900 euros.
Lo ha denunciado la propia organización en su página web explicando que "la Junta de Andalucía ha advertido a FACUA de que el uso de expresiones como "consumidores" y "usuarios" en lugar de "personas consumidoras" y "personas usuarias" implica prácticas de "lenguaje sexista" y "podría considerarse una infracción leve de la Ley General de Subvenciones" si aparecen en textos de campañas financiadas por la administración autonómica.
FACUA Andalucía lamenta la censura lingüística que pretende imponer la Junta y critica la falta de coherencia al respecto del Gobierno andaluz, que en multitud de ocasiones utiliza el masculino genérico en los contenidos de sus publicaciones. También lo hace la presidenta Susana Díaz, como puede observarse en su cuenta de Twitter.
La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, ha reclamado a FACUA Andalucía que elimine de los contenidos de sus campañas financiadas con dinero público todas las expresiones "realizadas en masculino genérico", como "consumidores", y sustituirlas por lo que denomina "otras estructuras no excluyentes", como "personas consumidoras".
"Desde la Administración de la Junta de Andalucía se considera que el uso del masculino neutro es lenguaje excluyente y que podría incumplir las obligaciones de los beneficiarios recogidas en el artículo 24.1 i) de la Orden de 5 de octubre de 2015 por la que se aprueban la Bases Reguladoras Tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva", advierte la Dirección General de Consumo a FACUA Andalucía en su escrito. "Este tipo de lenguaje podría considerarse una infracción leve en base al artículo 56 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones", continúa.
Coincide de este modo con el diputado popular recientemente fallecido, Antonio Garrido Moraga, que fue académico correspondiente de la Real Academia entre otros muchos puestos relacionados con la lengua española, que denunció la desaparición de las palabras "padre" y "madre" para impulsar términos como "guardador".
"Guías de uso lingüístico" de ideología de género
La principal fuente es el informe que Ignacio Bosque, académico de la RAE y catedrático de Lengua Española en la Universidad Complutense de Madrid, escribió en 2012 sobre "Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer", suscrito por el pleno de la RAE en el mes de marzo de dicho año. El que fue ponente de la "Nueva gramática de la lengua española" identificó como relevantes hasta 9 guías con intenciones no sexistas elaboradas por diferentes instituciones y organizaciones y publicadas incluso por las Universidades.
Todas ellas, menos una, habían sido elaboradas sin contar con los lingüistas. Lo dijo así: "La mayor parte de estas guías han sido escritas sin la participación de los lingüistas. Constituye una importante excepción MAL, que contiene abundante bibliografía. Esta es la guía más completa de las nueve, y también la menos radical en sus propuestas. Cabe pensar que los responsables o los impulsores de las demás guías entienden que no corresponde a los lingüistas determinar si los usos verbales de los hispanohablantes son o no sexistas".
MAL son las siglas de Manual de lenguaje administrativo no sexista. Asociación de estudios históricos sobre la mujer de la Universidad de Málaga y Área de la mujer del Ayuntamiento de Málaga, 2002, coordinada Antonia M. Medina Guerra.
Ignacio Bosque consideraba totalmente erróneo "suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, ya que no garantizarían "la visibilidad de la mujer". En este punto coinciden todas las guías, aun cuando se diferencian en el énfasis que ponen en la conclusión alcanzada." De no aceptarse estas guías, se estaría facilitando el androcentrismo, cuando no el machismo.
Añadía que "hay acuerdo general entre los lingüistas en que el uso no marcado (o uso genérico) del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español, como lo está en el de otras muchas lenguas románicas y no románicas, y también en que no hay razón para censurarlo. Tiene, pues, pleno sentido preguntarse qué autoridad (profesional, científica, social, política, administrativa) poseen las personas que tan escrupulosamente dictaminan la presencia de sexismo en tales expresiones…".
Ya se refería Bosque en su informe a la Junta de Andalucía en su informe diciendo que, si bien la Junta decía que sus guías eran una propuesta de reflexión, de hecho, sancionaba a quienes no las usaran. Lo decía así: "Se explica en AND-60 que "esta guía, más que mostrar pautas gramaticales […], es un intento de iniciar pequeñas vías de reflexión en la ciudadanía". Seguramente es así, aun cuando el hecho de que la Junta de Andalucía explicara en su momento que se multaría a los anunciantes que no respetaran en sus textos las directrices lingüísticas de esa institución la convierte quizá en algo más que "un intento de reflexión en la ciudadanía".