La Fiscalía de Madrid no ha modificado su posición en todo el procedimiento. No observa delitos en el borrado y destrucción de los discos duros que utilizó Luis Bárcenas como tesorero del Partido Popular. En esta línea, el Ministerio Público ha solicitado la absolución de la formación política en su condición de persona jurídica y la de los otros tres procesados en esta causa: la sucesora al frente de las cuentas del PP Carmen Navarro, el asesor jurídico Alberto Durán y el director tecnológico de Génova 13 José Manuel Moreno por presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento.
El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid acordó el pasado diciembre la apertura de juicio por impulso de las acusaciones populares que conducen Izquierda Unida, Los Verdes y Asociación de Abogados Demócratas por Europa ADADE. Por su parte el Partido Popular alegó que, puesto que Bárcenas desistió como única acusación particular, era de aplicación la doctrina Botín para que la Justicia decretara el archivo del caso. En cuando al encubrimiento atribuido únicamente a Carmen Navarro, el PP entendía que también procedía el sobreseimiento por la "estrecha relación que existe entre ambos delitos".
La juez Rosa María Freire concluyó que los procesados habrían ordenado la destrucción de los discos duros que, según Bárcenas, contenían información relativa a la supuesta contabilidad B del partido. Entendió que el PP había mentido a lo largo del procedimiento. Según los miembros de la formación que han comparecido en fase de instrucción, borraron los equipos en virtud de un protocolo de seguridad que a juicio de la instructora no existía de forma seria y rigurosa. Ese protocolo al que han hecho referencia no era conocido ni por los responsables ni por los trabajadores. Respecto del delito de encubrimiento, la magistrada considera que sabían de las diligencias sobre la presunta caja B que avanzaban en la Audiencia Nacional y aun así destruyeron aparatos que podían albergar datos "muy relevantes" para la causa.
También desmonta otro argumento al que se había aferrado el PP: que ya se encontraron los ordenadores vacíos cuando accedieron al despacho de Bárcenas. Este extremo "no ha resultado acreditado", sostiene la juez, y "es contrario a la lógica". Por el contrario, Rosa María Freire califica el testimonio del extesorero como "coherente y firme, incluso meticuloso", por lo que no existen razones para dudar de él. La magistrada dejó en manos de las acusaciones y la Fiscalía la posibilidad de pronunciarse por el archivo o la apertura de juicio oral, debiendo en el último escenario aportar escrito de acusación en un plazo máximo de diez días.
La demolición de los discos
Bárcenas ocupó a modo de despacho la denominada denominada sala Andalucía en la tercera planta del edificio sede del partido en la calle Génova, 13. Según establece la juez, "dicha sala era utilizada en exclusiva por Bárcenas, quien disponía de llave, cerrando durante su ausencia y no permitiendo su limpieza más que cuando él estaba delante y lo autorizaba". Allí fue donde trasladó sus dos ordenadores, personales y de trabajo: un Toshiba Libreto y un Apple MacBook Pro. De la versión de testigos e investigados se extrae que, en enero de 2013, cuando estalla el revuelo por los bautizados como "Papeles de Bárcenas", responsables de PP prohibieron al extesorero acceso el acceso a esta oficina.
A partir de ese momento, añade Rosa María Freire en el auto, Bárcenas intenta recuperar sus efectos, incluidos sus ordenadores. Como no lograba rescatar sus pertenencias mediante conversaciones con Durán, se dirigió por burofax a su sucesora al frente de las cuentas de la formación, Carmen Navarro. Aquí se produce la primera entrada a la sala Andalucía con Bárcenas ya fuera del PP: Alberto Durán accede al despacho y ordena al director informático, José Manuel Moreno, que custodie los portátiles. El resto de los efectos, incluidos cuadros y un trineo, se embalan en 27 cajas.
Bárcenas interpone la primera denuncia en marzo de 2013 por el robo de sus ordenadores portátiles, pero este Juzgado madrileño la deniega porque "los bienes propiedad del denunciante están a su disposición y si quisiera reclamar otros, deberá acreditar su propiedad y utilizar otra vía para hacerlo". El caso continúa con una orden que el último auto de procesamiento ubica en el mes de mayo: Alberto Durán comunica a José Manuel Moreno que aplique un supuesto "protocolo de seguridad y reasignación" en relación a los ordenadores portátiles intervenidos y de uso exclusivo de Bárcenas. Tal y como detalla la juez Freire, el borrado consistió en "la sobreescritura de los discos duros, hasta en 35 ocasiones, su posterior ralladura y por último los tiró a la basura". Por supuesto, antes de que el extesorero accediera al contenido de los aparatos para salvar una copia.
El contenido, según Bárcenas
La magistrada se expresa en cuanto al destino de los dos equipos: "Respecto al Toshiba, el PP descartó su reasignación por obsoleto; y respecto al Apple…había sido formateado y no existía información que pudiera ser extraída, ni evidencia de su uso posterior. Fue el único disco duro entregado (a la justicia), puesto que el ordenador Toshiba fue entregado sin disco duro". Según Luis Bárcenas, la computadora más antigua contenía información relativa a la financiación opaca del Partido Popular; y en el Apple, información personal relativa a sus viajes, pantallazos de correos electrónicos, agenda con reuniones de su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, con donantes del partido, escaneados de diversos pagos de la supuesta contabilidad B de la formación, presupuestos detallados de campañas electorales, operaciones personales de cuadros, documentos visados por Lapuerta e información sobre sus cuentas en Suiza.
En cualquier caso, el procedimiento judicial con respecto a la posible contabilidad B u opaca del Partido Popular se libra en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. El caso por un presunto delito continuado de falsedad contable, entre otros, contra Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -y el PP como responsable civil- se encuentra pendiente de un juicio señalado para el próximo mes de octubre.