Hasta el último segundo. Puigdemont mantiene la incertidumbre, lanza mensajes equívocos y pide amparo al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. El expresidente de la Generalidad improvisado hace dos años para satisfacer a la CUP está a punto de arrasar al partido que antes de las elecciones encabezaba todas las encuestas. ERC está a expensas de Puigdemont, que ha decidido poner a los republicanos entre la espada y la pared. La carta de Puigdemont a Torrent es un torpedo en la línea de flotación del preso Oriol Junqueras. El expresidente no lo interpreta así, sino como un daño colateral en la defensa de la causa catalanista que encarna con el encendido apoyo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, los Comités de Defensa de la República (CDR) y su plataforma personal, Junts per Catalunya.
Puigdemont se lleva por delante a ERC en su jaque al Estado. "De acuerdo con el reglamento del Parlamento de Cataluña (artículo 4), tengo el derecho a asistir a los debates y a las votaciones del pleno, y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña (artículo 57) y el propio reglamento del Parlamento, gozo de inmunidad con el efecto concreto de que no puedo ser detenido salvo en caso de delito flagrante", escribe Puigdemont a Torrent en una carta en la que insta al presidente de la cámara a proteger sus derechos y en la que le pide protección efectiva.
"Dadas las actuaciones judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar el ejercicio de mi mandato como diputado y como candidato a la presidencia de la Generalidad, y particularmente a impedir que pueda asistir al pleno de investidura programado para el próximo 30 de enero, como máxima autoridad de la cámara y en las funciones que le son inherentes de hacer cumplir el reglamento, le pido amparo y que adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del parlamento y del conjunto de sus miembros", remata Puigdemont en su misiva a Torrent. Más que patata caliente o pelota en el tejado, una puñalada trapera a los socios de gobierno y compañeros de viaje a Ítaca.
Marcha atrás
Tras aventar la opción de pedir autorización al juez del Supremo Pablo Llarena para personarse en el pleno, Puigdemont ha dado marcha atrás. Su abogado dice que es una "monstruosidad" que una autoridad judicial pueda determinar la naturaleza de una investidura. El expresidente pasa de someterse a la justicia y su letrado manifiesta que la resolución del Constitucional es "nula de pleno derecho". Toda la presión recae de momento sobre Torrent, a quien Puigdemont no sólo conmina a desobedecer al Tribunal Constitucional sino que le exige garantías sobre su situación en España y su teórica condición de inmune a una detención.
El presidente del Parlament mantiene fecha y hora para la sesión de investidura. Este martes a las tres de la tarde. Ya ni siquiera tiene que debatir en la Mesa la delegación de voto de los exconsejeros fugados. Los dos de la lista de Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí, han renunciado al acta para no comprometer la mayoría separatista siempre que la CUP con sus cuatro diputados esté por la labor. También la republicana en Bruselas Meritxell Serret ha tuiteado que renuncia a sus prerrogativas sobre la inmunidad parlamentaria por el bien de la causa. Sólo Antoni Comín mantiene el acta, cosa que se daba por supuesta dada su trayectoria, primero como maragallista y después como republicano de última hora, con poca más antigüedad que Gabriel Rufián pero de impecable perfil familiar catalanista.
El letrado de Puigdemont, el exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona Jaume Alonso-Cuevillas, dice que no sabe dónde para su cliente, pero que es "suficientemente valiente como para presentarse en el pleno de investidura". No se lo aconseja pero tampoco lo descarta. La estrategia jurídica coincide con la política. El daño al crédito del Estado crece con Puigdemont amparado en el santuario belga. Aumentan las posibilidades de una repetición de las elecciones. Una tímida corriente de opinión separatista aboga por el pragmatismo, por un candidato sin cargas judiciales que permita paliar los efectos del 155 y recuperar la autonomía. La tendencia mayoritaria es otra, la de Puigdemont o Puigdemont que pasa por aplicar la república del referéndum del 1 de octubre del año pasado.
Si Mas dio un paso atrás porque la independencia de Cataluña era un bien superior, Puigdemont ha logrado erigirse en la encarnadura del bien supremo del catalanismo. Quien como Tardà osa en elucubrar sobre la posibilidad de nombrar a otro presidente para insistir en el golpe de Estado con más instrumentos es rectificado hasta por su propio partido.
Reparto de carteras
En el tablero separatista, Puigdemont se venga de ERC. Era el propio Tardà quien hablaba del sacrificio del presidente de la Generalidad para eliminar el 155 por el bien mayor de recuperar la institución y es Puigdemont quien pone como prenda de su desafío al Estado la cabeza de Roger Torrent, que puede aceptar el reto e inmolarse o alargar la agonía con un pleno interruptus para ganar tiempo. En las negociaciones entre republicanos y neoconvergentes no se habla de un candidato alternativo sino del reparto de carteras. La repetición de las elecciones cobra enteros mientras la salida más fácil desde el punto de vista político para Torrent es la de abrir la sesión para suspenderla al constatar que el candidato a la investidura no se encuentra en el hemiciclo. En esa hipótesis, la legislatura catalana entraría en un limbo sin precedentes cuya salida menos espinosa sería otro envite electoral, tablas en el tablero.