El juez Pablo Llarena está rematando la instrucción de la causa contra el proceso separatista con testimonios fundamentales. El magistrado del Tribunal Supremo ha perfilado en la última ronda de interrogatorios a testigos los delitos de rebelión y sedición –y en todo caso, desobediencia– en relación a los principales imputados. Salen especialmente damnificados de estas comparecencias el exconsejero catalán de Interior Joaquím Forn y quien fuera Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.
Comenzaron el martes tres exconsejeros de la Generalidad que dimitieron cuando Carles Puigdemont ratificó su compromiso con el 1 de octubre. Según Jordi Jané, Neus Munté y Meritxell Ruiz abandonaron sus responsabilidades políticas porque el Gobierno autonómico estaba actuando "al margen de la ley". La segunda jornada tuvo como protagonistas a Jordi Baiget y Albert Batlle. El exconsejero de Empresa admitió que su cese se produjo cuando advirtió al Ejecutivo catalán de que la vía de la unilateralidad "era una irresponsabilidad". Por su parte, el antecesor de Trapero al frente de los Mossos reconoció que Forn había dado instrucciones a sus agentes para que permitiesen el normal desarrollo del referéndum ilegal.
La puntilla ha llegado este jueves por voz de Diego Pérez de los Cobos. Según el coronel de la Guardia Civil que coordinó durante el 1 de octubre el operativo entre todos los cuerpos, el dispositivo organizado por los mandos de los Mossos "fue una estafa". El testigo ha ratificado que Forn trasladó constantes instrucciones políticas a Trapero y éste las asumió y proyectó a sus subordinados, no solo para no ayudar a la fuerza pública, también para impedir el legítimo ejercicio de la misma.
De los Cobos ha acreditado que "existía una organización coordinada de los mandos de los Mossos con el Gobierno de la Generalidad y los líderes de la ANC, Ómnium y la Asociación de Municipios para la Independencia" que buscaba "el altercado, la confrontación y la movilización, permitiendo el referéndum ilegal". De acuerdo con su versión, "cono voluntad política y policial de la Generalidad y los Mossos, el 1-O nunca se hubiera celebrado y habrían evitado altercados y movilizaciones".
Fechas de interrogatorios a imputados
Llarena amplió el espacio objetivo de la investigación. Además del Gobierno catalán cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución y los ‘Jordis’, el magistrado imputó a seis referentes del golpe al Estado de Derecho perpetrado en los últimos años en Cataluña: la secretaria general de Esquerra y número 2 de Oriol Junqueras Marta Rovira; la presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y la portavoz de los radicales Anna Gabriel; presidente del PDeCat Artur Mas y su coordinadora general Marta Pascal; y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia AMI, Neus Lloveras i Massana. El juez ha fijado los días de las citaciones:
Anna Gabriel y Mireia Boyá acudirán el día 14 de febrero; Marta Pascal y Marta Rovira lo harán el 19; y Artur Mas y Neus Joveras el día 20 de febrero.
El magistrado del Alto Tribunal desplegó en el auto las conclusiones de las diligencias practicadas hasta la fecha. De acuerdo con las indagaciones, sostiene que los hechos se han desarrollado "bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas" que habrían configurado el denominado Comité Estratégico que reunió a presidentes y portavoces de grupos parlamentarios rupturistas del Parlamento de Cataluña disuelto en virtud del artículo 155 –Oriol Junqueras y Carles Puigdemont están ya investigados–, así como los líderes de las formaciones y la presidenta de la asociación de municipios.
Unas sospechas que encuentran fundamento en el documento "Enfocats" con las distintas fases del plan de ruptura y "en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge". Por un lado, Llarena destaca que todos aparecen identificados como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó".
Hace referencia a la agenda Moleskine donde el subordinado de Junqueras en la sección de vicepresidencia económica habría recopilado las directrices pactadas en reuniones y el reparto de roles en el proceso. El juez añade que los nuevos investigados habrían asumido una participación principal y destacada, "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término", tal y como adelantaba el atestado elaborado por la Guardia Civil.
El magistrado concluye que para que los investigados puedan ejercitar su derecho de defensa como prevé al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede comunicarles la existencia de este procedimiento, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen para que se les instruya de los derechos que les asisten y puedan ejercitarlos de manera inmediata.
Comité Estratégico y Comité Ejecutivo
La Guardia Civil sitúa en el Comité Estratégico a Mas, Rovira, Puigdemont, Junqueras y Carme Forcadell; además de los portavoces parlamentarios Lluís Corominas, Anna Gabriel y Mireia Boya; y a los presidentes y vicepresidentes de ACN y Cultural, los ‘Jordis’ y sus responsables inmediatos. También incluye a los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno Carles Viver, Víctor Cullell y Josep Maria Reniu, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos separatistas.
El informe del Instituto Armado localiza a Rovira en las reuniones clave y, sobre Arur Mas, destaca que "durante su gobierno se formalizaron el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía". Se crearon además el llamado Consejo Asesor de Transición Nacional y el libro blanco donde los rupturistas desarrollarían la estrategia para la independencia. Pasaba, entre otros escenarios, por la internacionalización del conflicto, los procesos de autodeterminación y constituyente y la creación de estructuras del Estado (Mossos, Educación, Agencia Tributaria, Seguridad Social...), así como el control de infraestructuras estratégicas, incluso las exigidas por la UE.
Rovira y Mas están en un nivel superior que los miembros del Gobierno autonómico cesado salvo el exvicepresidente y el responsable de Interior Joaquin Forn. Compusieron el Comité Ejecutivo los exconsejeros y otros responsables de la Generalidad como el propio Jové y el exsecretario general de Presidencia Joaquin Nin, así como los responsables civil y policial de los Mossos, César Puig y Josep Lluís Trapero, respectivamente. Ambos, junto a su exdirector general Pere Soler, "constituían la cúpula del cuerpo que resultaba imprescindible controlar para no dar al traste con la celebración del referéndum", objetivo que lograron con su inactividad durante el 1-O.