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Millet y Montull, a prisión provisional por la condena del caso Palau

El Tribunal aprecia riesgo de fuga y envía a la cárcel a los principales condenados antes de que el Supremo haga firme la sentencia.

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Millet a su llegada al juicio | EFE

Félix Millet y Jordi Montull entran en la cárcel. Quienes fueran presidente y mano derecha del Palau de la Música, autores de un expolio de 23 millones de euros públicos, permanecerán en prisión provisional al menos hasta que el Tribunal Supremo revise la condena. La Audiencia de Barcelona ha dado el visto bueno a la petición de la Fiscalía, que reclamaba el ingreso inmediato por riesgo de fuga. La decisión ha recaído en el mismo Tribunal que les impuso nueve años y ocho meses y siete años y medio, respectivamente. La exgerente Gemma Montull y el extesorero de Convergencia Daniel Osácar, condenados a cuatro años y medio y cuatro años y cinco meses, entregarán el pasaporte con comparecencias mensuales.

Los agentes han conducido a Millet y Montull a los calabozos del Palau. Ingresarán más tarde en el centro Brians I, en San Esteban de Sasroviras (Barcelona). El abogado de los Montull considera que la decisión es "injusta y desproporcionada" y que el Tribunal tenía ganas de esta fotografía desde hace mucho tiempo.

Las defensas de los condenados se habían opuesto a la petición de medidas cautelares de la Fiscalía. El Ministerio Público apreciaba riesgo de fuga derivada de las elevadas penas. Abraham Castro, abogado de Millet, ha replicado durante la vistilla: "Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé cómo va a huir". En general, los letrados han alegado por el arraigo familiar de sus clientes en Cataluña, la edad de los mismos (Montull, 75 años; Millet y Osácar 82 años) y los problemas de salud asociados. En este sentido, han cuestionado que sus patrocinados tengan medios, fuerzas y ganas de eludir la acción de la justicia.

Los magistrados modifican la situación procesal de los condenados en un juicio que, entre otras cosas, demostró que Convergencia se embolsó más de seis millones de euros en comisiones ilegales pagadas por la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones amañadas de contratos de obra pública. La sentencia sigue a la espera de que el Tribunal Supremo revise los recursos presentados por los principales procesados y el Ministerio Público que reclamaba penas más altas.

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