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Sánchez Gordillo, imputado por no convocar plenos municipales en Marinaleda

El PSOE lo denuncia por prevaricación y no respetar los derechos individuales.

El PSOE lo denuncia por prevaricación y no respetar los derechos individuales.
Sánchez Gordillo en una imagen de archivo | Flickr cc IU-LV-CA

La batalla andaluza entre las izquierdas radical y socialista sigue su curso. Al enfrentamiento parlamentario entre Podemos y el PSOE, a los ataques de Podemos al PSOE en Cádiz y otras localidades, sigue ahora el que el PSOE de Marinaleda, en la oposición desde hace 39 años, haya denunciado al alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo por no convocar plenos municipales durante un año.

Como consecuencia, según Europa Press, tendrá que declarar como investigado para que aclare si está cometiendo o no presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos individuales dada su práctica "continuada" de no convocar plenos ordinarios pese al acuerdo alcanzado al comienzo del mandato para el funcionamiento del Consistorio.

El alcalde de Marinaleda ya ha calificado de "sinvergonzonería política" la denuncia promovida en su contra por el grupo socialista de la localidad. Además, ha calificado al PSOE de ser "un partido antidemocrático", ya que "está cegado con la realidad que nos rodea ignorando otros problemas como el paro, la sanidad o la inmigración", ha concluido.

Es conocido que tanto Diego Cañamero como Juan Manuel Sánchez Gordillo participaron inicialmente en el movimiento que dio origen a Podemos Andalucía, formación por la que Cañamero sigue siendo diputado. Sin embargo, las distancias han aumentado de tal modo que actualmente, y después del estallido del procès independentista en el que Sánchez Gordillo se alineó con los separatistas, no parece que estén tan identificados.

Es el Juzgado mixto número dos de Estepa el que se ha hecho cargo de la denuncia del Grupo socialista del Ayuntamiento de Marinaleda, acordando la apertura de diligencias previas al entender que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

A la hora de abrir tales diligencias previas, el juzgado ordena citar al PSOE el día 13 de febrero en su condición de parte denunciante, disponiendo además "oír a Juan Manuel Sánchez Gordillo en calidad de investigado" el próximo 15 de febrero.

Europa Press recuerda que ya el pasado mes de octubre, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Marinaleda, Mariano Pradas, elevaba a la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra Sánchez Gordillo, por no convocar adrede ningún pleno ordinario entre enero y septiembre de 2017, pese a que había sido acordado celebrar sesiones ordinarias al final de cada trimestre.

Entonces, el alcalde de Marinaleda manifestaba a Europa Press que durante dicho periodo había convocado plenos "extraordinarios" tratados como plenos "ordinarios", al ser permitidos "ruegos y preguntas".

Después, a mediados de enero, los socialistas de Marinaleda formalizaban esta nueva denuncia, aunque ante los juzgados de Estepa. En su denuncia, el PSOE de Marinaleda recuerda que en el pleno de organización celebrado a comienzos del mandato en curso fue acordado un régimen de sesiones ordinarias al final de cada trimestre natural, extremo incumplido "de manera continuada" por el alcalde.

Según el PSOE, el último pleno ordinario habría sido convocado "en diciembre de 2016", con lo que no ha sido cumplida "la periodicidad acordada" y el Ayuntamiento sólo ha celebrado "sesiones extraordinarias y urgentes". "El alcalde conoce el incumplimiento de la periodicidad de las sesiones ordinarias", señalan los socialistas, que atisban una "limitación" de sus derechos fundamentales y civiles. A tal efecto, la denuncia elevada a los juzgados de Estepa atribuye a Sánchez Gordillo presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada y contra los derechos individuales.

Y es que, según el PSOE, Sánchez Gordillo "omite reiteradamente" su obligación de convocar un pleno ordinario al final de cada trimestre natural, "a sabiendas de su clamorosa y grosera ilegalidad" y generando una "indefensión" a la oposición al "obstaculizar" su labor de fiscalización y control.

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