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Mireia Boya (CUP), ante Llarena: "La declaración de independencia no fue cosmética, buscaba efectividad real"

La expresidenta del grupo parlamentario de los radicales ha insistido en sus aspiraciones como imputada en el Tribunal Supremo.

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Mireia Boya y sus compañeros de la CUP en el Supremo | EFE

Desfilan en un periodo de una semana los últimos integrantes del llamado Comité Estratégico del proceso separatista. Pablo Llarena, el juez que instruye la causa por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación en el Tribunal Supremo, dibujó un organigrama donde máximos representantes políticos y cívicos del Parlamento catalán y el activismo rupturista asumían el papel de ideólogos del desafío. Incluyó en el mismo al expresidente Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalidad, a los Jordis de la ANC y Ómnium, todos ellos investigados con medidas cautelares, y amplió posteriormente la lista.

Abre la ronda quien fuera presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya. Están citados además entre el 14 y el 20 de febrero la secretaria general de Esquerra y número 2 de Junqueras Marta Rovira; la portavoz de los radicales Anna Gabriel; el ya expresidente del PDeCat Artur Mas y la coordinadora general Marta Pascal; y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia AMI, Neus Lloveras.

Boya ha defendido ante el magistrado y las partes los baluartes del separatismo. El llamado derecho de autodeterminación; que "aplicar un programa electoral no es delito" y que esta causa judicial es "política" y busca "criminalizar" al movimiento. A su juicio, los días antes al 1-O agentes de paisano salieron a cazar con porras a los independentistas". La representante de la CUP ha atribuido los destrozos de los vehículos de la Guardia Civil en las movilizaciones a los periodistas. A preguntas del juez Pablo Llarena, se ha reafirmado en que "la declaración de independencia" del 27 de octubre "no fue cosmética", sino que buscaba "su efectividad real".

"La Constitución para nosotros es un muro y ante los muros la gente se moviliza. Nunca ha habido violencia en Cataluña, siempre lo hemos hecho de forma pacífica. La gente, sobre todo, siempre ha sido ejemplar. Se está aplicando un derecho de excepción a los políticos catalanes que está provocando cárcel y exilio. No hemos movido ni una coma de nuestro programa político. No es con la Justicia que vamos a solucionar el conflicto entre Cataluña y el Estado español, es con el diálogo".

Ha contestado únicamente al magistrado y a su abogado. Quedan pendientes las posibles peticiones de cautelares –que de momento no han formulado ni las acusaciones ni la Fiscalía representada este miércoles por Fidel Cadenas y Jaime Moreno– y la resolución de Llarena.

Su abogado Benet Salellas había anticipado que "el sistema judicial español no es un sistema de justicia. Lo que pasará hoy se tiene que leer en clave de humillación y venganza, así puede pasar cualquier cosa". No ha desvelado si su también clienta Anna Gabriel, citada inicialmente este miércoles, asistirá el próximo 21 de febrero. Solicitó y fue aprobado un cambio de fecha sin especificar los motivos.

Una delegación del PDeCat encabezada por el portavoz y diputado en el Parlamento autonómico Antoni Castellà ha apoyado a Boya a las puertas del Supremo. Juntos por Cataluña ha enviado a las también diputadas regionales Anna Geli y Aurora Madaula mientras que por ERC sus homólogos Jenn Díaz, Rubén Wagensberg, David Rodríguez y Anna Caula. Boya ha llegado con sus compañeros de la CUP Maria Sirvent, Natàlia Sànchez, Vidal Aragonés, Gabriela Serra, Albert Botran y Joan Coma.

Diligencias solicitadas por la CUP

La defensa de Mireia Boya y Anna Gabriel ha pedido a Llarena que "los Mossos o la Ertzaintza" elaboren un informe sobre el momento en que miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional partieron hacia Cataluña para reforzar la seguridad de cara al referéndum ilegal del 1-O. En la despedida, se profirieron según sus abogados gritos de "¡a por ellos!": "La diligencia resulta necesaria a efectos de confirmar la neutralidad necesaria de los funcionarios públicos en su actuación el 1 de octubre, más cuando se trata del cuerpo policial que tiene atribuida las funciones de policía judicial en el presente expediente", ha sostenido la CUP en un comunicado. Incluye los enlaces de vídeos en Huelva, Cádiz, Huelva, Guadalajara y Córdoba.

La CUP reclama además la comparecencia en calidad de testigo del director general del Servicio Catalán de Salud de la Generalidad David Elvira para que informe sobre "la falsedad de las cifras sobre ciudadanos lesionados" durante la celebración del referéndum del 1-O y sobre las posibles incidencias relativas a partes médicos.

Comité Estratégico y Comité Ejecutivo

La Guardia Civil sitúa en el Comité Estratégico a Mas, Rovira, Puigdemont, Junqueras y Carme Forcadell; además de los portavoces parlamentarios Lluís Corominas, Anna Gabriel y Mireia Boya; y a los presidentes y vicepresidentes de ACN y Cultural, los ‘Jordis’ y sus responsables inmediatos. También incluye a los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno Carles Viver, Víctor Cullell y Josep Maria Reniu, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos separatistas.

El informe del Instituto Armado localiza a Rovira en las reuniones clave y, sobre Arur Mas, destaca que "durante su gobierno se formalizaron el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía". Se crearon además el llamado Consejo Asesor de Transición Nacional y el libro blanco donde los rupturistas desarrollarían la estrategia para la independencia. Pasaba, entre otros escenarios, por la internacionalización del conflicto, los procesos de autodeterminación y constituyente y la creación de estructuras del Estado (Mossos, Educación, Agencia Tributaria, Seguridad Social...), así como el control de infraestructuras estratégicas, incluso las exigidas por la UE.

Rovira y Mas están en un nivel superior que los miembros del Gobierno autonómico cesado salvo el exvicepresidente y el responsable de Interior Joaquin Forn. Compusieron el Comité Ejecutivo los exconsejeros y otros responsables de la Generalidad como el propio Jové y el exsecretario general de Presidencia Joaquin Nin, así como los responsables civil y policial de los Mossos, César Puig y Josep Lluís Trapero, respectivamente. Ambos, junto a su exdirector general Pere Soler, "constituían la cúpula del cuerpo que resultaba imprescindible controlar para no dar al traste con la celebración del referéndum", objetivo que lograron con su inactividad durante el 1-O.

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