A finales de diciembre de 2010, ante la Unidad de la Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Sevilla, Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Consejería del ramo de la Junta de Andalucía durante nueve años, señaló que existía un "fondo de reptiles" para pagar las prejubilaciones de los Expedientes de Regulación de Empleo al margen de la ley. Ayer lo negó y dijo que sus palabras se habían malinterpretado.
En aquella declaración, que resultó ser más que escandalosa provocando un terremoto político nacional, explicó que no se trataba de subvenciones excepcionales sino de "un fondo de reptiles" con un procedimiento diferente que no se tramitaban como subvenciones.
Posteriormente, Guerrero se ratificó en esta declaración. Fue en 2012, diligencias 174/11, cuando dijo textualmente a la pregunta de si se ratificaba en las declaraciones ante la Guardia Civil de 26 de enero y 16 de febrero de 2012 y en las dos declaraciones posteriores, que ratificaba todas estas declaraciones. Luego se remitió a estas declaraciones en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz, por lo que dio a entender que las consideraba veraces.
Con esta nueva estrategia de la defensa de Guerrero, que hasta el momento había señalado en todo momento a la cúpula de la Junta de Andalucía como responsable político del presunto fraude y de las irregularidades cometidas, parece avenirse a la estrategia de las demás defensas.
Esta estrategia consiste en asegurar ahora lo que nunca se hizo a lo largo de la instrucción, que las ayudas estaban reguladas por la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, por lo que todas ellas, al igual que las ha destinado el Estado a casos similares, son totalmente legales. Esta es la vía que indujo a utilizar la ex directora general de Trabajo durante los mandatos de Griñán y Javier Arenas en el Ministerio de Trabajo, Soledad Córdova.
Ayer, afirmó que "nunca" ha hablado del fondo de reptiles, aclarando que no podía hacerlo cuando tenía "una partida presupuestaria –22E y 31L– con memoria y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía". "Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados", ha insistido.
Recuérdese que Guerrero no ha admitido responder a las preguntas de la acusación. De este modo, estas afirmaciones las ha hecho a preguntas de su defensa en la novena sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el 'procedimiento específico' por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz.
Aportó para su defensa un vídeo de su declaración ante la jueza sustituta de Mercedes Alaya en 2015 y aprovechó para ratificare que las ayudas sociolaborales se otorgaban bajo el amparo de la Orden ministerial de 1995 y el convenio marco entre IFA y Empleo de 2001 que marcaba la forma de gestión de estas ayudas.
Al referirse a los intrusos indebidos en expedientes de regulación de empleo de empresas en las que ni siquiera habían trabajado, entre ellos familiares suyos, afirmó que se trata de casos individuales y que se debían a "un ahorro administrativo" de las compañías aseguradoras que incluían trabajadores pertenecientes a otras sociedades o a los trabajadores con ayudas individuales para agilizar los trámites.
Es más, es que ni siquiera pueden ser considerados "intrusos" sino "personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos como los 20 o 30 trabajadores que habían salido de la empresa" que daba nombre a la póliza.
Ahora, Guerrero defiende la "honestidad" de los miembros de los gobiernos de la Junta durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo y, en esta línea, ha negado "imposiciones" del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que "sólo se preocupaba de los problemas que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía". "No hubo imposición, sólo reflexiones y explicaciones", precisó.
El exviceconsejero de Trabajo Barberá contradice a Guerrero
El principal imputado, Francisco Javier Guerrero, ha insistido en que en 2005 hubo una reunión en la Consejería de Hacienda a la que asistieron varias personas, entre ellas, la viceconsejera Carmen Martínez Aguato, el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y algunas otras personas entre las que se encontraba precisamente Agustín Barberá, por entonces, viceconsejero de Trabajo de la Junta. Pero Barberá, en una declaración que fue transmitida en parte por Canal Sur, negó la existencia de la reunión.
Además, dijo que el Parlamento andaluz conocía el sistema de concesión de ayudas y que las ayudas que concedía la Junta se podían enmarcar en la Orden ministerial del 95, acogiéndose a la estrategia general ya asumida por las defensas.
Curiosamente, Barberá admitió que durante los años investigados recibió peticiones de ayuda para otros fines, en concreto, en enero de 2003 del Ayuntamiento de Chiclana –siendo alcalde el actual vicepresidente de la Junta y mano derecha de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios– para una feria artesanal, dando traslado de esa petición al viceconsejero de Empleo del momento, Antonio Fernández, para que estudiara la posibilidad de ayudar con una aportación de entre 18.000 y 24.000 euros.
En realidad, dijo Barberá, se sabía que el director general "daba las ayudas" y que IDEA "pagaba", así como que los expedientes de las ayudas se residenciaban en la Dirección General de Trabajo cuyo titular era Guerrero, pero "nunca actuaba al libre albedrío, sino que había directrices del consejero".
Barberá admitió que no había fiscalización previa del importe y sentido de las ayudas y que "desconocía" que se hubiesen dado "rentas vitalicia" a extrabajadores, así como que hubiera intrusos en los expedientes.
Finalmente, y a preguntas de su abogado, Pedro Apalategui, dijo que el interventor delegado de la Consejería de Empleo "conocía el destino final" de las ayudas y que su comportamiento ha sido "estrictamente legal". Es más, ha recordado que cuando tuvo conocimiento de un comportamiento que le pareció "irregular" en relación con el caso Mercasevilla –origen del caso ERE– lo trasladó a la Fiscalía.