Josep Lluís Trapero sale de la Audiencia Nacional en la misma situación. La juez que imputa un doble delito de sedición al exjefe de los Mossos no modifica las medidas cautelares en su contra: comparecencias cada 15 días en el Juzgado más próximo a su domicilio y la retirada del pasaporte con prohibición de abandonar el territorio español. Carmen Lamela ha desestimado la pretensión de la Fiscalía, que había solicitado una fianza de 50.000 euros para que eludiera la prisión provisional el investigado al que sitúa como una de las piezas clave del proceso separatista.
Ha pesado en la decisión que Trapero ocupa desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución un puesto administrativo que aminora el riesgo de reiteración delictiva, aunque sigue percibiendo su sueldo del erario público. Lamela observa que no hay riesgo de fuga porque Trapero "viene cumpliendo escrupulosamente" las medidas cautelares impuestas en octubre. Sobre la posibilidad de destrucción de pruebas, la juez sostiene que la investigación "se encuentra bastante avanzada".
También el hecho de que haya aportado documentación –correos cruzados con los máximos responsables del proceso– donde se desmarca de las maniobras. Además, el Ministerio Público ha subrayado que en esta tercera declaración "se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó". Entre ellos. figuran "reuniones previas con el presidente Puigdemont, el consejero de Interior y otros mandos policiales, sobre el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017, sobre el que no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración".
Informe de la Fiscalía
Según un informe del Ministerio Público, la participación de Trapero no se limitó a las manifestaciones de los días 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona, sino que habría dado cobertura al plan elaborado por la Generalidad en coordinación con las entidades cívicas. La Fiscalía recoge 17 llamadas al entonces presidente de la ANC, el investigado en prisión incondicional Jordi Sànchez, durante el asedio a la Consejería de Economía, "con lo que es claro que las condiciones que este impuso a la comisión judicial –pretendían el bloqueo del registro y los arrestos ordenados– fueron aceptadas por Trapero".
La acusación pública entiende que supervisó la vigilancia por parte de agentes de paisano y con vehículos camuflados de los dispositivos de la policía en las horas previas a la apertura de los colegios electorales. Habría trabajado en connivencia con los responsables de las mesas, no procediendo a la incautación de urnas hasta que terminó el recuento, aunque los Mossos se apuntaron el cierre de 99 locales en la memoria de actuación que presentaron después de la jornada.
Los Mossos habrían mediado para que no se produjeran intervenciones policiales. Además, habrían informado de los lugares donde estaban medios de comunicación y observadores internacionales para que grabasen los momentos de tensión. Un "plan preconcebido" que contó con el apoyo de los también imputados el exdirector general de la Policía autonómica de Cataluña Pere Soler y César Puig, el secretario general de Interior.
Los famosos papeles que la Policía Nacional evitó en octubre que agentes de los Mossos quemaran en la incineradora de San Adrián de Besós (Barcelona) proveen otra prueba. Existen documentos donde se informaba al cuerpo autonómico de las movilizaciones en los colegios electorales el 1-O. Para el Ministerio Público, existía una intención preconcebida de desobediencia del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a los Mossos el bloqueo del referéndum ilegal. Hubo órdenes a los agentes para que manipulasen las actas del 1 de octubre.