El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de la Moya, ha enviado un requerimiento a la interventora de la Generalidad, Rosa Vidal Planella, en la que le exige que informe al detalle sobre los pagos de la Generalidad y sus entes a medios de comunicación, empresarios, periodistas, entidades separatistas y sociedades varias entre los años 2015 y 2017.
"Como continuación de los últimos requerimientos remitidos y como complementario a los anteriores, se le requiere para que proceda a la cumplimentación de los asuntos abajo detallados, facilitando toda la información de forma completa y certera y dando respuesta a todas y cada una de las preguntas que se refieren más adelante". Así arranca la carta, filtrada a La Vanguardia, que fija el plazo máximo para recibir la información a las diez horas del próximo día 12.
De entrada, Hacienda señala al empresario Oriol Soler, componente del "comité estratégico", una suerte de gobierno de la Generalidad ampliado en el que había representantes de las entidades separatistas y dirigentes sin cargo público de ERC y el PDeCAT. El secretario de Estado pide a la interventora autonómica que documente "la totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto" al antedicho empresario, titular de varias de las empresas del sector editorial y audiovisual por las que también se interesa la misiva.
Toni Soler y Bassas
Las siguientes en el listado son varias sociedades de Mediapro, la empresa de Jaume Roures y Tatxo Benet. También se pide información sobre pagos al diario Ara, a los periodistas Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om, Xavier Bosch y Eduard Voltas así como varias sociedades radicadas en la sede de ERC. También se pide información de Agrolimen, propiedad de la familia Carulla, igual que el diario Ara.
El siguiente capítulo de la nota de Hacienda está dedicado a becas, artículos y estudios encargados por la Generalidad para glosar las ventajas de la independencia y que incluyen pagos de hasta 36.000 euros por redacciones tituladas "La legitimidad el día después del proceso: un análisis comparativo y normativo" o "Expectativas y efectos de la independencia: Una comparación entre Cataluña y Escocia". Se trataba de encargos del Instituto de Estudios del Autogobierno, un organismo suprimido por el artículo 155 que presidía el considerado "arquitecto legal" del proceso, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, investigado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por su papel en la intentona separatista.
En ese apartado de la bibliografía republicana constan también encargos en principio ajenos al proceso separatista como el trabajo "Toros: entre l'espectacle públic, el patrimoni cultural i la protecció animal", firmado por el exdiputado de ERC y letrado en el Parlament Joan Ridao.
Reticencias de la interventora
A la hora de reclamar información sobre subvenciones y pagos a entidades separatistas ANC, Òmnium y los "Municipis per la Independència", entre otras, y sus dirigentes, los Jordis entre otros, el secretario de Estado advierte a la interventora: "Con referencia a su respuesta del pasado 20 de febrero en el que expresamente decía que: "Esta Intervención General de acuerdo con lo que dispone el Capítulo 7 de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, no tiene competencias para recabar la información correspondiente a las subvenciones y ayudas que se hayan podido otorgar a las personas físicas/jurídicas anteriores por parte del resto de las 159 entidades del sector público no administrativo, solo puede solicitarla en el marco de un control financiero aprobado en el Plan Anual de Controles", le recuerdo que "la Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre, habilita al Interventor General de la GENCAT para la obtención de certificados relativo al importe de los créditos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en presupuesto, gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros gastos y total pagos efectuados para el conjunto de entidades dependientes de la Generalitat".