El Consejo de Gobierno de la Junta, que preside Susana Díaz, aprobó ayer el proyecto de Ley de modificación de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en vigor desde 2007. Según la nota del propio Consejo, los cambios introducidos dotarán a la Administración autonómica de mayor capacidad de actuación contra la discriminación, tanto en el ámbito sancionador como en el de las políticas activas, además de reforzar el papel de la sociedad y de la coeducación. La relación entre esta nueva ley y el papel del poder judicial no se conoce con precisión y el texto del proyecto de ley no ha sido publicado.
No cabe duda que la iniciativa de Susana Díaz trata de torpedear el protagonismo que la izquierda radical, Podemos e IU, están haciendo del feminismo en los últimos días y que culminará mañana con la convocatoria de huelga de las mujeres.
La principal novedad, reconoce, es la incorporación de un régimen sancionador que permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. El proyecto detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
Es más, como si se tratara de una policía judicial, destaca El Mundo, se habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.
Entre las infracciones graves y muy graves, se incluyen la realización de actos (culturales, lúdicos, artísticos o en el marco de eventos deportivos) que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.
No se olvida el proyecto de la inmersión educativa forzosa en el concepto de igualdad de género impuesto por la Junta y por ello, hay contenidos que deberán integrarse obligatoriamente en el diseño y el desarrollo curricular de todas las etapas educativas. Destacan en este sentido los conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género.
Una comisión de personas expertas, nombradas naturalmente a instancias de la Junta preferentemente, se encargará de la revisión de estos contenidos, tanto de lenguaje como de imágenes, en los libros de texto y materiales curriculares, y también proporcionará a la inspección educativa nuevas herramientas.
La reforma garantiza el desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes y detalla las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de los mismos. Hay medidas que establecen la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos.
Además, las universidades deberán incluir enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudios, con especial incidencia en el grado, máster y doctorado en Ciencias de la Educación. Esta formación computará en los criterios de evaluación para el acceso a la función pública docente. Habrá cátedras sobre estudios de género y violencia machista. E incluso en los profesionales de la sanidad del Servicio Andaluz de Salud deberán ser instruidos en programas de formación especializada en la materia, como en la inspección de trabajo. Trata además de penetrar en la ciencia y el I-+D+I, el mercado laboral y los medios de comunicación, etc.
Por si no era suficiente, la reforma de la Junta quiere influir decisivamente en los Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades y demás entidades locales, en la formación de su personal, en la mayor presencia de mujeres si no llega al 40 por ciento independientemente de otros criterios de valía y preparación.
Además, la futura ley impondrá a las federaciones, asociaciones y entidades deportivas la obligación de velar por el respeto al principio de igualdad en la celebración de pruebas y eventos deportivos. En general, deberá haber un informe de impacto de género en todos los proyectos que se presenten a convocatorias públicas y subvenciones.
Trata además de la promoción del papel de las mujeres en el medio rural y pesquero; las iniciativas destinadas a favorecer la producción artística y cultural de las mujeres, y la colaboración con los medios de comunicación para erradicar los contenidos y la publicidad sexista o que incite a la violencia de género.
Finalmente, añade, y con el objetivo de garantizar la protección especial de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el texto prevé la elaboración de una carta de derechos en relación con el embarazo, su interrupción voluntaria, el parto y el puerperio.