La declaración del exjefe de los Servicios Jurídicos de la Junta, Francisco del Río, de la que dimos cuenta este martes, ya puso contra las cuerdas el famoso convenio firmado en 2001 por José Antonio Viera, cuando era Consejero de Empleo, y Antonio Fernández, cuando era presidente del IFA, luego agencia IDEA antes de ser consejero de Empleo.
El convenio, firmado para "agilizar" los trámites en la concesión de ayudas sociolaborales y financiación de los ERE cuando ni siquiera había crisis económica, no contó con todas las garantías, no incorporó informes que eran preceptivos y propició un desarrollo de actuaciones que condujeron al presunto fraude de los ERE al ser gestionado por Francisco Javier Guerrero, por sí a veces y por orden, otras.
De este modo, quedaban señalados como chivos expiatorios de todo el caso estos tres personajes, que es políticamente imposible que pudieran hacer lo que hicieron o pusieran en marcha sin el consentimiento de todos los demás poderes de la Junta.
Eso fue lo que destacó este martes el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, que tuvo palabras directas contra el procesado Antonio Fernández. Es más, dijo que si no cambió el procedimiento de concesión de ayudas –no se entiende por qué habría de cambiarlo si todo estaba en orden legal–, es por no enfrentarse directamente con Antonio Fernández, decidido a mantenerlo.
Pero Vallejo dejó claro que entre su departamento y el de Antonio Fernández en Empleo ni había entendimiento ni sintonía. Según su relato recogido por La Razón, el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, armó una "macroconsejería" pionera en Europa, en el ámbito de la pretendida Segunda Modernización de Andalucía, con más de 20 centros directivos y que "recogió competencias de cinco consejerías", sobre todo de la de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
Eso molestó a Antonio Fernández, que quedaba sólo para gestionar el paro. De hecho, apenas se hablaron. Luego afirmó no "haber visto jamás un convenio con Empleo", aunque reconoció saber de su existencia. De todos modos, confesó no haber prestado "prácticamente ninguna" atención "a lo largo de los cinco años" que estuvo al frente de Innovación.
Además, dejó claro que cuando el IFA, luego agencia IDEA, dejó de estar vinculada a la consejería de Empleo, debió haberla desvinculado de las ayudas de los ERE y ayudas a empresas en crisis, pero su mala relación con Fernández lo impidió. Como nadie le advirtió de "ninguna irregularidad, problema o ilegalidad", prefirió "no abrir una batalla con Empleo que seguramente iba a perder".
De todos modos la Fiscalía recordó al exconsejero que las ayudas eran pagadas por un ente público, el IFA-IDEA, para eludir los controles administrativos y la fiscalización previa a la que sí eran sometidos los gastos directos de las consejerías. Vallejo reiteró que nunca tuvo que ver con el reparto de las ayudas si bien mantuvo el procedimiento, motivo por el que el juicio se está celebrando.
También confesó Vallejo, cuenta El Mundo, que no leía las cuentas anuales del IFA-IDEA, de donde salía el dinero de los ERE, aunque llevaban su firma. Cuando el fiscal le preguntó por las "alarmas" que había en las cuentas del IFA y la deuda que este ente público tenía con la Administración andaluza, Vallejo respondió que era una deuda de la Junta con la Junta, lo que no era ningún problema.
Núñez Bolaños no incluirá a 22 ex altos cargos
La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace unos días a la juez de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que diera marcha atrás en las exclusiones acordadas tras el auto de la Sección Séptima que estimó varios recursos de acusados y resolvió que no debían ser enjuiciados más de una vez por los mismos hechos.
Es conocido que la juez Núñez Bolaños excluyó a diferentes imputados atendiendo al criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero la situación cambió cuando el Tribunal que juzga la pieza política decidió que en este juicio sólo podía responderse del "procedimiento" pero no por la consumación de las ayudas incluidas en las piezas separadas.
Ya señaló Libertad Digital que, además de la impunidad concreta por cada presunto delito para los imputados, estaba el peligro de difuminarse la pista del dinero de los ERE. Si los ahora procesados no tendrían que dar cuenta en nuevos juicios del destino del dinero y si los beneficiados por las ayudas eran considerados "víctimas" de la mala gestión del dinero, ¿cómo recuperarlo?
"Salvoconducto procesal" llamó la Fiscalía al hecho de que se excluyeran a los ex altos cargos como imputados en las numerosas piezas separadas que quedan pendientes. De mantenerse la exclusión no tendrían que responder penal ni civilmente por los cientos de ayudas en que se emplearon los 741 millones de euros desde 2001 a 2010.
Pues a pesar de que la Fiscalía consideró que la no imputación de nuevo de los cargos políticos en las piezas separadas creaba un "espacio intolerable de impunidad", La Razón cuenta que la magistrada ha dictado ya "al menos dos providencias" en las que se da por enterada de "las manifestaciones" del Ministerio Público.