Ya no cabe duda alguna de que fue la propia Junta de Andalucía, fuese consciente o no de ello, la que abrió la puerta de la impunidad en el caso de los ERE, una impunidad que puede llevar a que no pueda recuperarse el dinero utilizado irregularmente en ayudas presuntamente arbitrarias e irregulares. De hecho, el Tribunal Constitucional así lo ha considerado.
Fue la Junta de Andalucía la que decidió no acusar a los 2 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados del juicio sobre el procedimiento utilizado en el caso ERE tras haber protagonizado una anómala acusación particular que pareció, incluso en medios judiciales y de forma explícita, una defensa encubierta de los acusados. Finalmente, la Junta se retiró como acusación del caso, quedando sólo ejercitantes de tal función la Fiscalía, el PP y Manos Limpias.
Arguyó después la Junta que creyó que podría volver a acusar a estos ex altos cargos y a otros implicados en las demás piezas que componen el puzle del caso ERE en su conjunto, que se estiman en unas 270. Pero la Audiencia Provincial de Sevilla, desde su sección séptima, como recuerda ABC, asentó formalmente el principio de que nadie puede ser juzgado y castigado dos veces por el mismo delito.
Dado que en el caso que se sigue en la Audiencia de Sevilla, los delitos contemplados son el de prevaricación y malversación, ninguno de los procesados podría volver a serlo en cualquiera de los sumarios restantes del caso por esos mismos delitos. Naturalmente, la juez Núñez Bolaños comenzó a excluir a estos ex altos cargos de las demás piezas que sigue instruyendo y lo sigue haciendo de forma ya sistemática.
A pesar de que la juez Alaya advirtió contra el peligro de parcelar la causa de los ERE, tanto la Fiscalía, como la juez Bolaños, como la Audiencia e incluso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estuvieron de acuerdo en la necesidad de ese troceo que ha conducido, finalmente, a la conclusión que profetizara la juez Alaya: la pérdida de vista de la generalidad de la causa y la impunidad.
Comprobados los efectos de su retirada del caso y del troceo de este, tanto la Junta como la Fiscalía han querido volver a la casilla de partida. La Junta interpuso el pasado mes de noviembre un recurso de amparo ante el TC por creer vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva como acusación –el auto de la Audiencia se dictó en período vacacional, agosto, pero admitido como hábil en la causa–, por lo que pedía la anulación de la decisión de la Audiencia Provincial de juzgar a los acusados una sola vez por los mismos delitos.
En su recurso, tómese nota, los propios letrados de la Junta admiten que hay delitos que van a quedar impunes y se quejan de que se ha vedado "así el acceso de la Junta a la acción penal para perseguir tales hechos y, como consecuencia, quedan los mismos impunes a pesar de que, indiciariamente, habrían provocado un enorme quebranto a la Hacienda Pública, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de la Junta".
El TC no ha considerado que la Junta haya sido desamparada –en todo caso se deduce que lo fue por sí misma–, porque fue ella la que se retiró del caso y no acusó de nada a los 22 ex altos cargos. La Junta adujo, luego, que lo hizo creyendo que podría acusarlos en las demás piezas pendientes del caso. Como consecuencia, será difícil saber qué será de los 741 millones empleados de forma irregular y qué será de quienes sean considerados responsables. Se espera ahora una actuación de la Fiscalía.
El exinterventor vuelve a señalar a Griñán
Cuando se conocía esta providencia del Tribunal Constitucional, estaba terminando de declarar el ex interventor general de la Junta de Andalucía en el período de comisión de los hechos juzgados, desde 2000 a 2010, Manuel Gómez Martínez. Tras una primera parte, en la que parecía que se había alineado con las demás defensas, la declaración de ayer volvió a sus contundentes denuncias ante el Tribunal Supremo.
El Mundo relata que Manuel Gómez, al ser preguntado por si ratificaba o no sus declaraciones ante el Tribunal Supremo, afirmó que sí. Pero ¿qué fue lo que dijo al Tribunal Supremo?
Pues, sustancialmente, señaló a tres miembros del Consejo de Gobierno andaluz que no hicieron nada para modificar las irregularidades de las que él mismo les había advertido. Aunque ayer no los mencionó por su nombre, en la declaración ante el Supremo aparecen tales nombres. Son el de José Antonio Griñán, por su etapa como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009; el de Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y el de Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009.
Los tres están acusados en el presente juicio de prevaricación y malversación y todos ellos tienen peticiones de cárcel e inhabilitación por la concesión irregular de ayudas desde 2001 a 2010 por más de 741 millones de euros El propio exinterventor, por los mismos hechos y a pesar de haber informado que envió 17 informes a la Junta de Andalucía advirtiendo de las irregularidades, afronta penas de hasta 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Sin embargo, el ex interventor general insistió en que, a pesar de todo, no detectó ni menoscabo de fondos públicos ni delito alguno en los ERE. Por ello no emitió ningún informe de actuación, informe que es preceptivo para que se alteren los procedimientos y que Griñán aduce que, al no disponer de él, no consideró ilegal lo actuado.