A pesar de que tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart han asegurado que la independencia de Cataluña era simbólica y que ellos se han caracterizado en todo momento por llevar a cabo protestas "pacifistas", el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso el diario El Mundo sobre los correos interceptados revelan que eran conscientes de lo que hacían, que se arriesgaban a graves penas de prisión y que no son tan pacifistas como proclaman. De hecho, Jordi Sànchez aclara que la oferta de diálogo al Estado "no implica una renuncia a la independencia" ni una negociación para una "reforma constitucional".
El presidente de Òmnium Cultural, actualmente en prisión, Jordi Cuixart, tenía muy claro que lo que tramaban les llevaría a la cárcel. Por eso pidió un incremento de un millón de euros en el presupuesto, la mitad "para la campaña de defensa de la Junta Directiva" cuando quieran meterlos "en la cárcel, haciendo una campaña muy potente de gran repercusión internacional".
También ha quedado probado que alternaban los mensajes pacifistas con los belicistas. Así, quería ser "un líder capaz de movilizar a la gente cuando sea necesario; mantener a la parroquia movilizada y tensionada". De este modo, ordena mantener una posición de "resistencia pacífica" ante la intervención de la Policía y la Guardia Civil e impedir que los agentes que quisieran retirar las urnas pudieran salir de los colegios. "Si la Policía o la Guardia Civil han entrado y quieren requisar el material, no les dejemos salir", decía Cuixart en un correo.
Queda demostrado, a su vez, que querían presencia de niños y ancianos para dar la imagen de que el Estado español oprimía ese 1 de octubre a los sectores más indefensos de la sociedad.
En uno de los correos interceptado al entonces líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, queda claro el tinte belicista de sus intenciones. En él había un esquema de las circunstancias que podrían interrumpir el procés: la ilegalización, la apertura de causas judiciales, la apertura de campañas de información "con censura a los diarios" y "la creación de violencia". En ese caso, preveían la aparición de "grupos armados catalanes" y "grupos armados de extrema derecha".
Para rizar el rizo tenían preparado qué hacer en caso de que ganara el "no" en la votación del referéndum ilegal del 1-O. Si, como querían, había mayoría de votantes a favor de la independencia, "entran en vigor las leyes de transitoriedad, se declara la independencia y se crea la asamblea constituyente de Cataluña". Pero si gana el "no" tampoco se iban a detener. "Habrá que trabajar en un nuevo referéndum sobre la ratificación del Estatuto de Cataluña y trabajar para que se rechace para volver a comenzar un proceso constituyente".
Trapero como "responsable de la soberanía policial"
Los actores del proceso soberanista querían controlar a los Mossos d'Esquadra. En un correo interceptado se detallaba un plan que consistía en "modificar la Ley de la Policía de Generalidad suprimiendo, entre los principios de actuación, el de hacer cumplir la Constitución"; "suprimir la dependencia funcional de los Mossos respecto a jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal" y la "no aplicación en Cataluña de la Ley de Seguridad Nacional".
En otro mail interceptado a uno de los referentes de la ANC y dirigido a Puigdemont, le hacía una "oferta final". Planteaba "destituir a todos los mandos intermedios" de los Mossos, nombrar a Trapero "responsable de la soberanía policial"; desobedecer al Tribunal Superior de Justicia, asumir la nueva legalidad y "asumir un mando central y único de todos los operativos" desde el 1 de octubre, cerrar al tráfico las calles de los colegios y "defender juntos –Mossos y Comités de Defensa de la República– el nacimiento de un nuevo estado".