La Mesa del Congreso ha frenado este martes la "ley de vivienda" promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y respaldada por Unidos Podemos, ERC, Bildu y Compromís.
Una ley que había sido vetada por el Gobierno ya que su tramite suponía un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década: 89.490 millones para conformar el parque de vivienda pública para alquiler social que pedían desde la PAH y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social.
Además, según detallaba el Gobierno, la proposición de ley establecía la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década. Según los cálculos del Ejecutivo, serían unas 300.000 viviendas privadas que, a razón de 3.600 euros al año de alquiler, tendría un coste anual de 1.071 millones, 10.710 millones al cabo de los diez años. Y otras 50.000 viviendas de grandes tenedores que obligarían a un coste anual de 189 millones, lo que supone 3.780 millones al final de las dos décadas de alquiler social a las que se les obligaría.
A ello se suma, según el Gobierno de Mariano Rajoy, el cambio de calificación de vivienda pública de régimen de propiedad a alquiler social, que a su juicio pasa por la expropiación. En total, habría que destinar 75.000 millones para proceder a ese cambio obligatorio para obtener 1,25 millones de viviendas protegidas públicas.
Podemos y Ciudadanos enfrentados por los okupas
El rechazo de esta ley de la vivienda se produce el mismo día en que Ciudadanos registra una proposición de ley para endurecer las medidas en contra de la ocupación ilegal que, según adelantó el lunes el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, incluirá reforzar el margen de maniobra de las comunidades de vecinos para instar a actuar contra quienes ocupen una casa, así como el establecimiento de juicios rápidos para prevenir la actividad delictiva ligada a la ocupación, como los llamados narcopisos.
Fuentes de Podemos reprochan a Ciudadanos, que tiene dos representantes en la Mesa del Congreso, que haya bendecido con su silencio el "veto" del Gobierno a la norma impulsada por la PAH. Desde la formación naranja, en cambio, aseguran que se limita a respetar la prerrogativa del Ejecutivo para paralizar determinadas leyes por razones presupuestarias, igual que en otras ocasiones, recuerdan, se ha puesto el freno a iniciativas de los de Albert Rivera.