El candidato a presidente Jordi Turull, sus antiguos compañeros de Gobierno Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la secretaria general de ERC Marta Rovira estaban citados en el Tribunal Supremo. Pablo Llarena ha ordenado el ingreso en prisión incondicional de los cinco primeros; la última ha huido, supuestamente a Suiza. El magistrado aprecia riesgos de fuga y de reiteración delictiva.
Eran los únicos investigados en libertad bajo fianza y, conocido el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena, los únicos procesados por el delito de rebelión que no estában en la cárcel preventiva o fugados. Excepto en el caso de la dirigente de Esquerra que no ha atendido al llamamiento del magistrado, la Fiscalía había solicitado para todos el ingreso en prisión incondicional tras la comparecencia, el máximo agravamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.
Riesgo de fuga
De acuerdo con el auto de Llarena, las sospechas al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos delictivos: "En tal coyuntura, se configura un grave riesgo de fuga derivado de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión". Ellos han sostenido que su comparecencia aplaca este peligro. Para el juez, "el alegato es razonable", pero "lamentablemente es de imposible percepción cual pueda ser la voluntad interna de los procesados, y lo cierto es que la imputación no es precipitada y responde a las fuentes de prueba apuntando a una excepcional relevancia penal.
Además, "la tentación a la fuga aumenta a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal de poder sufrir sus consecuencias". En todo caso, el riesgo se potencia por la concurrencia de otros dos factores: "En primer lugar, aunque han comparecido ante el Tribunal cuando han sido llamados, la investigación también ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años con el convencimiento de que existían razones que les proporcionaban legitimación".
Puesto que esos argumentos, según el auto, "son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente para apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente".
Riesgo de reiteración delictiva
Pese a que algunos de los procesados han renunciado al acta de diputados –Bassa y Forcadell– todos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. "Y no puede eludirse que la aspiración, en sí misma legítima, se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión".
Llarena entiende que la renuncia al acta de diputado, ni despeja la posibilidad de que persista la determinación delictiva ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria. Si a esta pluralidad de planos de actuación se une el plan para "continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas, puede concluirse que el riesgo de reiteración existe pese a la renuncia al acta de diputado".
Decía el llamado Libro Blanco, la famosa hoja de ruta, que "incluso en el caso extremo de suspensión del autogobierno, esta suspensión no podría tener carácter indefinido y mucho menos definitivo y, por tanto, la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía".
La actuación de los últimos meses no permite obtener la convicción de que se haya abandonado la intención de retornar al anormal funcionamiento de las instituciones y, no conjurándose ese riesgo, tampoco se desvanece la posibilidad de prestar una colaboración desde distintos ámbitos del parlamentario, tal y como ya ha acontecido incluso respecto de una de las procesadas, habida cuenta Carme Forcadell inició la ejecución de estos hechos como presidenta de la entidad soberanista ANC, y continuó como presidenta del Parlamento de Cataluña después.
"La gravedad de los hechos que el auto de procesamiento describe, la utilización de las instituciones para su ejecución y la previsión de retomar la actuación que contiene el Libro Blanco y los procesados mantienen determinan que sus derechos políticos no muestren una preminencia y mayor necesidad de tutela que los derechos que esta resolución preserva vistos los precitados argumentos jurídicos", concluye.
"Dispuesta a renunciar a mis convicciones"
Después de un receso para comer –los separatistas han elegido un restaurante a escasos 100 metros del Supremo–, Turull ha regresado al Tribunal entre lágrimas para conocer la decisión. Han accedido entre gritos de ánimo de varios diputados que esperaban a las puertas. Los comparecientes habían sostenido previamente ante el juez que no renunciaban al programa de la independencia, que la Justicia está criminalizando ideas y que la salida a este conflicto es una negociación política.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Rull ha lamentado ante Llarena que "da la sensación de que está todo escrito", a lo que Llarena ha respondido que le parecían "ofensivas". El exconsejero ha recordado que tiene dos hijos de los que ayer se despidió: "Usted puede decidir que no los vea crecer con su poder omnímodo". Forcadell ha mencionado brevemente que siempre ha estado "contra la violencia y estoy incluso dispuesta a renunciar a mis convicciones si implican violencia".
La Fiscalía ha apoyado su cambio de criterio en tres argumentos. En primer lugar, que están oficialmente procesados en la causa por rebelión, uno de los delitos más graves del Código Penal. Además, apreciaba riesgo de fuga agravado por la huida de Marta Rovira, que en una carta ha comunicado que se encuentra "en el exilio" para recuperar su "libertad de expresión". Por último, evalúa el riesgo de reiteración delictiva derivado de los documentos incautados donde planean una estrategia de desafío constante, sea cual sea la respuesta del Estado, hasta alcanzar la ruptura.
Pretensiones del Ministerio Fiscal
La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto paralelamente una investigación por el delito de alzamiento de bienes contra Turull y su esposa Maria Blanca Bragulat. Considera que existen indicios de que, en junio de 2017 (a cuatro meses del referéndum ilegal del 1 de octubre), el candidato a la Presidencia de la Generalidad "se desprendió de una parte importante de su patrimonio" a favor de su mujer.
El Ministerio Público ha avanzado también que solicitará a Llarena que reactive las órdenes de detención internacional para los siete huidos del proceso separatista: Carles Puigdemont, sus exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig; la portavoz de la CUP Anna Gabriel y la propia Marta Rovira.