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De la teoría de los "cuatro golfos" de Chaves a la de los "cuatro funcionarios" del exconsejero Fernández

Ante la juez Alaya, el exconsejero Fernández reconoció que las ayudas se dieron discrecionalmente y que Chaves y Griñán lo sabían.

(Sevilla)
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De la teoría de los cuatro golfos se pasó ayer a la doctrina de los cuatro, cuarenta o cuatrocientos funcionarios, vaya usted a sumar. Fue formulada ayer mismo por el ex consejero de Empleo de la Junta y uno de los principales responsables del caso ERE, Antonio Fernández. Según dijo al tribunal, los políticos sólo firman lo que los funcionarios le ponen por delante, ha resumido El Mundo. Cuando fallaba la teoría, peor para ella porque entonces salía a la luz la desmemoria, el olvido y el no recuerdo.

Fernández, como ya hiciera su director general Francisco Javier Guerrero, quiso que constara en la sesión que no ratificaba sus declaraciones ante la juez Alaya. Pero si Guerrero dijo que estaba cohibido y atemorizado por la juez, los policías y la amenaza de cárcel, Fernández aludió a que la juez no había recogido fielmente sus declaraciones. Y añadió, según el grupo Joly: "El acta no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, lo cual no quiere decir que no dijera la verdad". Sí ratificó sus declaraciones ante el Tribunal Supremo.

Fernández, uno de los que peor lo tiene en el caso porque, como el ex director general Guerrero, ha estado en todas las salsas desde el principio, dijo que todas sus actuaciones fueron completamente legales y que nada tuvo que ver con los 741 millones presuntamente defraudados en caso de los ERE irregulares. De hecho, dijo, sólo "hojeaba" los documentos que los técnicos le pasaban a la firma.

Por tanto, el famoso convenio de 2001, elaborado y puesto en marcha para eludir los controles de la Intervención y agilizar el procedimiento para dar ayudas sin fiscalización previa, fue cosa de los técnicos. El ex consejero José Antonio Viera y él mismo, firmantes del convenio, sólo hicieron lo que le recomendaron los técnicos, de cuyos nombres nada se sabe.

En sus palabras, recogidas ayer en el juicio: "No es ni pensable que se pretendieran eludir esos controles, sino que ese sistema se utilizó porque era "el camino" que los "técnicos" habían trazado, subrayando que entonces él no era un "erudito en fiscalización".

Finalmente, como todos los demás acusados hasta el momento, se acogió al argumento de que las ayudas eran legales porque se derivaban de las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 para subvenciones y ayudas sociolaborales, argumento que sólo se ha utilizado en los últimos meses después de años de instrucción judicial donde ninguno de los acusados aludió a esa normativa.


Estaba destinado a ser junto con José Antonio Viera y Francisco Javier Guerrero uno de los chivos expiatorios del caso de los ERE y probablemente a él, entre otros, se refirió Manuel Chaves cuando esbozó su teoría de los "cuatro golfos". Fernández supo desde el mismo momento que estalló el caso que tenía todas las papeletas de la rifa para ser considerado parte del meollo. De hecho, ha sido el único consejero de la Junta en ir a la cárcel preventivamente según orden de la juez Alaya.

Antonio Fernández ascendió en el PSOE de Cádiz, dónde como es sabido mandaba desde siempre Manuel Chaves, nacido en Ceuta y vinculado al clan socialista de Alcalá de los Gazules que dirigía su lugarteniente, Luis Pizarro, nació en Jerez de la Frontera y subió hasta la Diputación de Cádiz donde sus méritos partidistas le impulsaron escalones arriba hasta la Consejería de Empleo, pasando por la viceconsejería y el Instituto de Fomento de Andalucía, puestos claves para la política "laboral" de la Junta.

Todo comenzó cuando en marzo de 2001 firmó en calidad de viceconsejero de Empleo y presidente del Instituto de Fomento de Andalucía(IFA) el convenio marco de 2001 con su consejero José Antonio Viera, en el que, entre otras cosas, se designaba al Director General de Trabajo como persona responsable de la concesión de estas subvenciones, pese a carecer este cargo de competencia para ello, según subrayó el auto del juez Álvaro Martín. Ese fue el comienzo del sin fin de presuntas irregularidades del caso ERE.

"En su condición de viceconsejero de Empleo, asumiendo el desarrollo del sistema ideado, impulsó de manera directa la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones", dice en su auto el juez que terminó la instrucción, Álvaro Martin.

Además, informó, en su condición de miembro del denominado "consejillo" de gobierno de la Junta, las modificaciones presupuestarias relativas a los programas 22E y 31L (fondo de reptiles) y también, por su participación en este organismo, conoció de los proyectos de decreto para la regularización del procedimiento de ayudas y subvenciones.

Fue quien impulsó los anteproyectos de presupuestos de los años 2005 a 2010, y como miembro del Consejo de Gobierno, ya Consejero de Empleo, aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad Andaluza para esos ejercicios, pese a que contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA/IDEA.

Según el juez, en todos los casos la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular, en los términos expuestos anteriormente, así como de que los mecanismos que se empleaban para dotar de fondos a IFA/IDEA, a los efectos de que actuase como pagador de las ayudas y subvenciones, eran también irregulares.

En última instancia, permitió que IFA/IDEA fuese empleado como caja pagadora de subvenciones y ayudas a sabiendas de que no podía obrar como tal en los supuestos de subvenciones excepcionales, así como de que no se daban los presupuestos y requisitos legales en los expedientes de subvención.

Además, omitió su deber de constituir la comisión de seguimiento de los convenios celebrados con la Dirección General de Empleo, pese a estar así previsto en el convenio marco, en virtud del cual firmaba los convenios particulares.

En definitiva, Fernández aceptó que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Consintió que para la concesión de las subvenciones no hubiera bases reguladoras, ni convocatorias públicas para conocimiento de otros interesados ni control de su cumplimiento, etc. Todo esto es lo que dice el auto del juez instructor, Álvaro Martín.

Declaración ante la juez Alaya e ingreso en prisión

Tras declarar cuatro días seguidos ante la juez Alaya, entró en prisión comunicada y sin fianza en plena Feria de Sevilla de 2012. Consecuencia de aquello es que la Fiscalía pida para él ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.

Ante la juez Alaya - recuerda la Razón - que esgrimió la peregrina defensa de que las ayudas fueron "discrecionales" pero "no arbitrarias pues, aunque «no las conocía todo el mundo, no había que darles publicidad porque sí las conocían los sindicatos y los empresarios a través de la Ley de Presupuestos y de los acuerdos de concertación social».

Reconoció que las ayudas «no se fiscalizaban» una por una, sino que se realizaba un control a posteriori. Tampoco "existía ningún criterio jurídico que cuestionara el procedimiento», sino que actuaba bajo criterios políticos y reconoció que hubo reparos de la Intervención General de la Junta, que se «aquietaba» y las daba por buenas al no responder a las mismas.

Defendió que no hubo fondos de reptiles, como dijo su director general Guerrero, porque la partida presupuestaria 31L, contenía "fondos presupuestados» y confesó que Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el resto del Consejo de Gobierno conocían la «operativa» del sistema, ya que «no había nada ilegal».

En otro orden de cosas, Fernández decidió que las pólizas de seguros contratadas para los ERE en Jerez fuesen gestionadas, en ciertos casos, por Uniter y no por Vitalia. Lo curioso es que en sumario consta textualmente que "había una relación familiar entre el que fuera Consejero de Empleo Antonio Fernández y José González Mata (el primero es padrino de un hijo del segundo), ambos de Jerez, motivo por el cual se ha facilitado por parte de Antonio Fernández que sea UNITER quien gestione los expedientes de la mayoría de las bodegas de Jerez." Desde Uniter operaba, como se habrá deducido, su compadre González Mata, imputado asimismo en el caso.

Disfonía discapacitante

La declaración de Fernández se aplazó desde el comienzo del juicio porque sufría, según su defensa, una "disfonía discapacitante" confirmada por los forenses. Tras su declaración lo harán Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el ex secretario general técnico de Empleo y ex director de finanzas de IFA/IDEA, Juan Francisco Sánchez.

Fernández, del círculo gaditano de Manuel Chaves, es un hombre también próximo a Francisco Javier Guerrero. De hecho, está trabajando en el bufete del defensor de ambos, el abogado Fernando de Pablos. Por ello, era previsible que se ajustara en su declaración al cambio de guión protagonizado por Guerrero, que rectificó en el juicio sus declaraciones anteriores ante la juez Alaya por sentirse presionado por ella y por la Policía.

En 2012, antes que él, pisaron la cárcel el ex director general Guerrero y el chófer de este, Juan Francisco Trujillo. Fernández estuvo en prisión desde el 24 de abril al 11 de agosto, tras pagar 450.000 euros de fianza.

En la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz, fue considerado políticamente responsable de las irregularidades. Se escribió textualmente en las conclusiones que "la responsabilidad de primer nivel o máxima magnitud alcanza a los que en el tiempo investigado fueron Consejeros de Empleo: D. José Antonio Viera y D. Antonio Fernández. En primer lugar, porque fueron los muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA y autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles. En segundo lugar, porque no acertaron en la elección y confirmación (¡por diez años!) de las personas que gestionaban más directamente la partida 3.1.L, esto es los Viceconsejeros y el Director General. Personas sobre las que parece no ejercían ningún tipo de control ni vigilancia".

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