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El presidente del 'Parlament' desobedece y acepta el voto delegado de Puigdemont

El abogado del expresidente busca mansión o piso en Alemania para intentar que dejen a su cliente en libertad provisional y ERC apoya a los CDR.

(Barcelona)
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El presidente del 'Parlament' desobedece y acepta el voto delegado de Puigdemont
Roger Torrent | EFE

Carles Puigdemont está preso en la cárcel alemana de Neümunster, razón argüida por el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y la mayoría separatista de la mesa de la cámara para aceptar que pueda delegar su voto en la portavoz de su grupo, Elsa Artadi. En contra de un auto del Tribunal Constitucional y del consejo de los letrados del parlamento catalán, Torrent se ha permitido lo que una parte del separatismo considera un tímido gesto de desobediencia que no ha satisfecho a la CUP.

Puigdemont sigue siendo un prófugo que no se entregó voluntariamente a las autoridades alemanas sino que fue detenido. El matiz mantiene en vigor la resolución del Constitucional al parecer de los juristas del Parlament y los grupos de la oposición, Ciudadanos, PSC y PP. Torrent podría haber dado un paso en falso en la senda de su antecesora, Carme Forcadell, susceptible de propiciar diligencias por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El republicano ha aceptado el criterio del grupo del expresidente, Junts per Catalunya, que considera que al estar su jefe en la cárcel tiene los mismos derechos que los diputados encarcelados Jordi Sànchez, Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Sin embargo, ellos atendieron los requerimientos judiciales, a diferencia de Puigdemont. El próximo pleno se celebrará este jueves, salvo imprevistos, con un orden del día que incluye la designación de diputados interventores (ERC pretende colocar ahí a Lluís Salvadó, el "feminista" investigado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona), la recuperación de una paga extra de 2012 de los funcionarios autonómicos, un debate y votación a instancias de Ciudadanos sobre las maniobras de Torrent en las investiduras frustradas y la creación de una comisión sobre los atentados islamistas del 17-A en Barcelona y Cambrils solicitada por los grupos separatistas. Si se acepta el voto de Puigdemont, el pleno sería nulo.

Empadronarse en Alemania

Entre tanto, Puigdemont y su entorno continúan instalados en una realidad paralela. Tras la decisión de la Fiscalía de Schleswig-Holstein de cursar la extradición del expresidente de la Generalidad y prorrogar la prisión permanente del exfugitivo, el jefe de sus abogados, Jaume Alonso-Cuevillas, ha emitido un mensaje en Twitter en el que justifica el estatus presidiario de su patrocinado porque "el president no tiene (todavía) residencia conocida". Las correspondencia, eso sí, la recibe en la penitenciaría de Neümunster, una "institución" donde se encuentra "bajo custodia policial", al decir de Alonso-Cuevillas. El abogado añade: "Ahora trabajaremos este aspecto", en alusión a la posibilidad de alquilar una propiedad menos vigilada que la cárcel o de empadronar a Puigdemont en la vivienda de algún diputado de la izquierda antisistema alemana.

El letrado quita hierro a la decisión de la fiscalía de Schleswig-Holstein. Era lo "esperado" y lo contrario hubiera sido "verdaderamente excepcional", aduce. Acaba de comenzar el partido, sostiene Alonso-Cuevillas: "Ahora se inicia el proceso judicial donde ya podremos hacer alegaciones". Según las leyes alemanas, el "proceso" del que habla el abogado no puede prolongarse más de sesenta días, noventa con la prórroga, lo que contrasta con el concepto de residencia fija. Sea como fuere, el equipo jurídico de Puigdemont pretende llegar hasta el tribunal constitucional alemán, por lo que confían en una larga estancia en tierras germanas.

La instructora de los Mossos

En España, ha sido cesada la directora de la escuela de la policía catalana, Annabel Marcos, al trascender en El Español que participó en el trasiego de urnas del referéndum ilegal del 1-O y un juzgado de Arenys de Mar ha admitido a trámite la querella del fiscal contra el jefe de la policía local de Pineda de Mar y cuatro concejales de la localidad (tres socialistas y una republicana) por el acoso contra los policías y los hoteleros que los alojaban durante los pasados meses de septiembre y octubre. Los concejales investigados de Pineda de Mar, gobernada por el PSC, lograron a base de amenazas que los propietarios de los hostales rompieran los contratos con el Ministerio del Interior y expulsaran a los agentes de sus establecimientos.

ERC no condena las amenazas a Llarena

El separatismo redobla sus esfuerzos propagandísticos para negar la violencia implícita y explícita del procés. Medios y partidos apoyan a los Comités de Defensa de la República (CDR) que cortan carreteras y agreden a los Mossos. El nuevo hombre fuerte de ERC y alto cargo de la Generalidad, Pere Aragonés, sale en defensa de los comités. La violencia, de haberla, es cosa de "infiltrados del Estado", afirman los dirigentes nacionalistas que todavía no han condenado las amenazas al juez del Supremo Pablo Llarena y su familia.

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