"¿Cómo piensa esta vez garantizar que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza?", preguntó hace más de un mes el diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, al ministro de Educación. Lo hizo días después de que el propio Íñigo Méndez de Vigo confirmara en rueda de prensa que "sin duda" su Ejecutivo garantizaría dicho derecho en Cataluña.
Cómo lo harían nunca fueron capaces de explicarlo. "El Gobierno sigue trabajando en la fórmula", se enrocaban en decir fuentes educativas cuando desde los medios de comunicación se preguntaba si incluirían en la preinscripción escolar la casilla de castellano. La respuesta llegaría a finales de marzo o principios de abril.
Pues bien, este miércoles el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (Dogc) ha publicado la resolución de las normas de preinscripción y matrícula escolar en la que no se prevé la opción lingüística a través de la casilla del castellano. Así la resolución de la consejería de Enseñanza es prácticamente igual a la del año anterior.
El ministro no se ha pronunciado aún públicamente al respecto, pero fuentes educativas consultadas por Libertad Digital señalan ahora que el Ejecutivo central no puede hacer nada. El Gobierno apuesta por que sea el Parlamento de Cataluña el que modifique la Ley de Educación de esta comunidad autónoma (LEC), aprobada en 2009, para que se oferte el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ya que el Ejecutivo no puede hacerlo a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
"El Gobierno no puede cambiar el modelo lingüístico de Cataluña ni de ninguna comunidad autónoma a través del artículo 155 de la Constitución Española", sostienen las mismas fuentes, que añaden que el Ejecutivo no puede saltarse las leyes y tiene la "obligación de respetar" el actual ordenamiento legal en materia educativa que rige en Cataluña.
En este sentido, señalan que la LEC sólo puede ser modificada a través de otra ley que se apruebe por el Parlamento Catalán y subraya que el PP en Cataluña ha registrado una proposición de ley en este sentido, que el Ministerio de Educación "apoya".
Tal y como se preveía, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOMCE, que anuló el sistema que incluía para escolarizar en castellano en Cataluña, para justificar su inacción. "El Gobierno respeta y acata esa sentencia, y por lo tanto, la forma que tiene de seguir actuando es trabajar para que esa Proposición de Ley presentada esta mañana por el PP catalán salga adelante y se modifique el actual ordenamiento educativo en Cataluña". Y es que al conocerse este fallo, ya deslizaron la idea de que podía "condicionar" la decisión al respecto.
"Seguimos instalados en la tomadura de pelo", señaló a este periódico Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, cuando Méndez de Vigo afirmó tajante que, "sin duda", garantizaría que los catalanes pudieran ejercitar a partir de ahora el derecho de sus hijos a recibir al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Hoy los hechos le han dado la razón.