Fiscales españoles y alemanes se reunirán en Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial, "probablemente mañana" para tratar los delitos recogidos en la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont.
Según explicó la fuente, el encuentro en La Haya, sede de Eurojust, será "en las próximas horas, probablemente mañana temprano" y tendrá lugar a "puerta cerrada y será totalmente confidencial", por lo que no se espera que trascienda información sobre el contenido de la reunión.
La oficina española y la alemana en este organismo han estado en contacto a lo largo del día de hoy para preparar el encuentro, aunque ambas mantienen un gran secretismo sobre esa cita.
Fuentes de la Fiscalía alemana explicaron que su objetivo es lograr "de la forma más rápida y eficiente" la información que precisan de sus colegas españoles. Otras posibilidades, como hacer estos requerimientos por escrito, podrían "alargar" el proceso de intercambio de información, señaló la fiscal primera de dicho Land, Wiebke Höffelner.
Más pruebas sobre el delito de rebelión
Según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, la Justicia española pretende, además, reforzar ante el tribunal alemán de Schleswig-Holstein las pruebas contra Puigdemont por el delito de rebelión antes de que este órgano tome una decisión definitiva sobre su entrega o no a nuestro país.
Esta batería de pruebas por la supuesta rebelión se incorporará al envío que va a realizarse a instancias del propio órgano judicial alemán, que había solicitado más información sobre la malversación que se imputa al ex presidente catalán. Las mismas fuentes indican que se aprovechará esta oportunidad para tratar de ampliar las pruebas por el delito más grave, el de rebelión, que ha sido excluido inicialmente de los delitos por los que Puigdemont puede ser entregado a nuestro país.
La Fiscalía de Schleswig-Holstein, el estado federado por donde entró Puigdemont en Alemaniael pasado 25 de marzo y donde fue detenido, resolvió hace una semana pedir a la Audiencia Territorial del mismo land su extradición a España.
En su resolución respaldaba en todos los puntos la petición del Tribunal Supremo español, tanto en lo que concierne al cargo de rebelión, como al de malversación de fondos públicos, al tiempo que pedía mantenerlo en la cárcel de Neumünster, donde había ingresado el político catalán tras su detención.
Dos días después, la Audiencia germana adelantó que desestimaría el tipo de rebelión, porque a su juicio la violencia no había sido suficiente para doblegar la voluntad del Estado español y no se cumplían los requisitos del delito de alta traición de su Código Penal. Los tres magistrados decretaron la libertad condicional de Puigdemont, bajo fianza de 75.000 euros.
En la resolución se requería asimismo información adicional y concreta a las autoridades españolas sobre la acusación de malversación de fondos públicos, por valor de 1,6 millones de euros.