Los partidos separatistas han activado una nueva fase de su plan para bloquear Parlamento y Generalidad tras la negativa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena a excarcelar a Jordi Sànchez para una sesión de investidura. El presidente de la cámara, Roger Torrent (ERC), ha suspendido el pleno que convocó por teléfono el pasado fin de semana. Al tiempo, convoca una reunión extraordinaria de la mesa del Parlament, de mayoría independentista, para presentar una querella en nombre de la institución contra Llarena.
El juez considera que hay riesgo de reiteración delictiva por parte del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y número dos de la lista de Puigdemont. Es lo mismo que adujo en la primera intentona separatista para nombrar presidente de la Generalidad a un procesado por rebelión y malversación en prisión provisional. Además de por el reglamento del Parlament, tampoco es posible la investidura telemática tras una resolución del Tribunal Constitucional relativa a Puigdemont.
Aún así, Junts per Catalunya (JxCat) y ERC apostaron otra vez por Sànchez en función de una supuesta "resolución de las Naciones Unidas" sobre los derechos políticos del nuevamente frustrado candidato a president. En realidad, se trata de un "recibido" del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a un escrito de la defensa de Sànchez, pero la versión separatista es que la ONU ha dictado unas "medidas cautelares" que el Estado desoye, según el comunicado emitido por Torrent.
Viaje a Berlín
Tras esta nueva escenificación, los diputados de JxCat viajarán la próxima semana a Berlín para despachar con Puigdemont. En la agenda, la fecha límite del 22 de mayo, la posibilidad de repetir las elecciones, insistir en la candidatura del expresidente para otro pleno imposible o buscar un candidato de paja sometido al dictado del "exilio". Ni siquiera es descartable que Jordi Turull vuelva a salir a colación. ERC es un convidado de piedra ante el resurgimiento de Puigdemont.
Una de las portavoces del expresidente catalán, Elsa Artadi, ha marcado el tono de la réplica separatista al asegurar que la decisión de Llarena "es un golpe de Estado togado". "El Estado ha cambiado el Ejército por los jueces", remachó la dirigente separatista. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, fue quien anunció la querella contra el magistrado para defender, según dijo, "los derechos de todos los catalanes".
Puigdemont, por su parte, emitió un trino en el que afirma que "el daño a la democracia es inmenso", que el Estado "no respeta los resultados del 21-D ni a las Naciones Unidas" y que "no permitiremos que sigan pisoteando derechos ni doblegando la democracia".
🔸️ No respecten el resultat de les eleccions.
🔸️ No respecten la majoria parlamentària.
🔸️ No respecten les Nacions Unides (@UN)El dany a la democràcia és immens. No permetrem que segueixin trepitjant drets ni doblegant la democràcia 🎗https://t.co/MMjKUdSdQw
— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) April 12, 2018