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Dura respuesta del Supremo a la Justicia alemana por Puigdemont

“Si hubieran intervenido más policías hubiera acabado en una masacre y el resultado de la euroorden sería muy distinto", contesta el TS. 

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Dura respuesta del Supremo a la Justicia alemana por Puigdemont
La prisión donde estuvo encerrado el ex presidente catalán | EFE

Contestación directa del Tribunal Supremo al Tribunal de Schleswig-Holstein. La Sala de lo Penal ha armado un auto en el que se posiciona contra el pronunciamiento de los tres magistrados que rechazaron la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión y cuestionaron incluso la malversación de fondos públicos.

El Alto Tribunal ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en las personas que dirigieron el proceso separatista de Cataluña entre los años 2015 y 2017. La Sala estima que no es razonable que el Tribunal alemán que estudia la euroorden contra el expresidente autonómico compare el escenario de ruptura de un país de la Unión Europea con las revueltas contra la ampliación del aeropuerto de Fráncfort.

"En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico y de oponerse al cumplimiento de las sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista en un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales", añade.

Firman el auto los tres magistrados de la Sala de Apelaciones: Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. Desestiman el recurso de Jordi Sánchez contra la decisión del juez Pablo Llarena que denegó la libertad del expresidente de la ANC, así como la concesión de un permiso extraordinario para asistir a la primera investidura, del 12 de marzo, para la que fue propuesto en el Parlamento catalán.

Rebelión del Poder Ejecutivo

La Sala analiza la naturaleza del delito de rebelión, regulado en los Delitos contra la Constitución. Sostiene que "en este caso parece que se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (art. 1 y 2 de Constitución)". En concreto, "no se trata de una rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder", sino que los instigadores "eran sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma".

En lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado, explican los magistrados, trataban de desconectar del Estado las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían. Para ello, contaban con los medios jurídicos que les habían proporcionado la Constitución y el Estatuto de autonomía a través de unas elecciones legítimas, "instrumental que acabaron utilizando con fines totalmente contrarios a los dispuestos por las normas que legitimaban su función".

"En un contexto de esa índole, es claro que la violencia física pasaba a un segundo lugar, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta marcada. Especialmente para realizar el referéndum de independencia, puesto que se trataba de un peldaño imprescindible en su andadura para el objetivo de la secesión y, al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos, se iban a encontrar con la oposición de la fuerza legítima del Estado", ahonda el auto.

Violencia "previsible e inevitable"

Los magistrados destacan al respecto del 1-O que el Gobierno español desplazó a Cataluña a unos 6.000 agentes que tenían la obligación, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, de impedir el referéndum inconstitucional. Sin embargo, pese a todas las advertencias, "los protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a dos millones de personas a que salieran a votar ilegalmente". El resultado fue que, como era "totalmente previsible e inevitable", hubo violencia y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar y la Policía.

El auto analiza a continuación la intensidad de la violencia ocurrida y la valoración de ese aspecto que realiza el Tribunal de Schleswig-Holstein. Estimó que dicho grado no fue suficiente para que el Gobierno español se viera obligado a rendirse a las demandas de los insurgentes, que no doblegó la voluntad del Estado. El Supremo destaca al respecto que los 6.000 agentes de servicio en el referéndum resultaron ostensiblemente superados por los dos millones de votantes.

Prueba de ello es que la votación acabó realizándose –aunque sin las mínimas garantías– y que los procesados siguieron con su hoja de ruta y acabaron declarando la independencia de Cataluña. Añade que "si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto".

El Tribunal alemán "no es razonable"

Al Tribunal Supremo le llama poderosamente la atención que los magistrados de Schelwig-Holstein se pregunten qué sucedería en Alemania si el presidente de un Land incurriera en una conducta como la perpetrada en Cataluña "pero a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto, huyendo así del pantanoso ejemplo comparativo que tan adecuado y pertinente resultaba" en el principio del escrito.

"El supuesto hipotético del presidente del Land daba mucho de sí, pero en el caso de que se siguieran en su análisis argumental las reglas propias del discurso de la racionalidad comunicativa, su desenlace acabaría en la concesión de la euroorden".

La Sala destaca que "si los hechos cometidos en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal regional superior de Schleswig-Holstein". Recoge además en su resolución que la Fiscalía dejó abierta la puerta para que, si no se constatara suficientemente el elemento de la violencia, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición.

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