Tampoco Pablo Llarena cree a Cristóbal Montoro. El juez que instruye la causa contra el proceso separatista en el Tribunal Supremo quiere que el ministro de Hacienda explique en qué se basa para afirmar que el referéndum ilegal del 1 de octubre no se financió con dinero público. En una providencia, solicita directamente al dirigente popular que "le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña".
El magistrado destaca que ese testimonio"contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa". En otras palabras, que existen evidencias en el sumario que apuntan a la malversación de fondos públicos hacia el referéndum.
El instructor señala en una providencia que varios de los procesados han utilizado las palabras del ministro como parte de su defensa en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018. Han apoyado "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros" en la versión de Montoro.
El ministro de Hacienda protagonizó el pasado lunes las polémicas declaraciones en una entrevista al diario El Mundo: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Dejó en mal lugar la instrucción del juez Llarena, que atribuye el delito de malversación a los principales responsables del golpe en Cataluña.
A la pregunta de por qué no impidieron el referéndum previo, el del 9 de noviembre de 2014, el ministro respondió: "Estábamos a lo importante: a que Cataluña progrese, que es lo que no quieren los independentistas".