El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha denunciado ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia, un proyecto encargado en 2007 por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas.
La propia Cifuentes ha confirmado la denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde ha dejado además un mensaje en el que afirma: "Tenemos tolerancia 0 con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más". Cargos del PP próximos a Aguirre relacionaron este anuncio con su difícil situación política. "Lo está usando para lavar su cara", apuntó un parlamentario autonómico, informa P. M.
La denuncia, tal y como recoge la agencia EFE, llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo".
Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si era necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".
Ha sido el propio Garrido, quien ha explicado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, que después de la evaluación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que recogía que podían existir "ilícitos penales", han dado el paso de trasladarlo a la Fiscalía.
Ahora, debe ser ésta la que decida si hay indicios de criminalidad y, en su caso, si lo remite al juzgado. Garrido ha asegurado que en ese momento desde el Gobierno regional se valorará personarse como acusación particular, como han hecho en el caso Púnica.
"La posibilidad de que la Comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas publicas siempre estaría presente, una vez que la Fiscalía determine qué es lo que corresponde hacer", ha subrayado.
Al ser preguntado porque no se sumó el Gobierno autonómico a la oposición, que ha llevado ya hasta en dos ocasiones la cuestión a la Fiscalía, Garrido ha manifestado que las denuncias que ellos plantean deben estar avaladas por la Abogacía.
En este sentido, ha defendido, sobre el hecho de que esta remisión coincida con la polémica del máster de la presidenta, que desde el Ejecutivo no actúan "con intereses partidistas" sino que elevan las cosas cuando tienen que hacerlo.
"Podría haber sido ayer, hoy, hubiéramos hecho exactamente igual", ha dicho. Para el portavoz regional, "la legalidad no entiende ni de colores, ni de departamentos, sino de dejar actuar a los tribunales".