Alberto Ruiz-Gallardón comparecerá como investigado –antes imputado– por Lezo. Manuel García-Castellón, el juez que instruye la trama del Canal de Isabel II, ha citado el 7 de junio al expresidente madrileño. Llama en las mismas condiciones los días 5 y 6 de junio a al exconsejero de Justicia y expresidente de la empresa pública de agua Carlos Mayor Oreja y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.
La Operación Lezo está oscureciendo el horizonte de Gallardón. Lo avanzó Libertad Digital en septiembre de 2017: la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación del exministro de Justicia. El Ministerio Público –y ahora la Audiencia Nacional– maneja indicios de su participación en la compra de la empresa Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II que habría provocado un desfalco de 70 millones de euros públicos. Esta operación se produjo mientras Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y la gestión del agua regional estaba dirigida por Ignacio González.
El juez García-Castellón, en base a los datos aportados, ha determinado que procede la imputación de Gallardón en el marco de la pieza separada primera de Lezo, donde apareció ya el nombre del exministro durante su apertura en noviembre de 2016. El Ministerio Público basó su solicitud en la grabación de una conversación entre González, Eduardo Zaplana y el abogado Fernando Belhot. El primero reconocía que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares", pese a que la operación se cerró por 83 millones de euros.
En un extracto, se escucha lo siguiente: "Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", explica Ignacio González en la reunión. Según el Ministerio Fiscal, de la conversación se desprende la connivencia entre Gallardón y los responsables de la compra. Desconoce si reportó algún beneficio al exministro de Justicia.
Operación Lezo
La instrucción de la trama del Canal de Isabel II recibió un impulso a finales de 2017. El magistrado interrogó también a los implicados en el contrato adjudicado por Ignacio González para la explotación del campo de golf de Chamberí a un consorcio de tres sociedades, una participada por su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero. Además, citó a Juan Miguel Villar Mir, expresidente de OHL, por una comisión de 1.4 millones de euros que la constructora habría pagado a Ignacio González por el contrato para la construcción del tren de Navalcarnero.
Vinculado también con la Operación Lezo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas presentó un informe en el que reclamó el archivo de las actuaciones iniciadas contra Manuel Moix. El Alto Tribunal instruye una querella contra el exjefe Anticorrupción que le acusa de ignorar en 2007 una denuncia presentada por una plataforma de vecinos de Madrid por la forma en la que un parque público se sustituyó por ese campo de golf de gestión privada. El escrito adquirió relevancia cuando trascendió que Moix se negó a incautar documentación del Canal relativa al período de Gallardón como presidente madrileño. Cuando se pidió en noviembre de 2016 la imputación, el representante del Ministerio Público se pronunció en contra.