Dos de los miembros de la Manada, el grupo de jóvenes condenado por abuso sexual a una joven durante las fiestas de San Fermín de 2016, forman parte de instituciones dedicadas a proteger y defender a los ciudadanos. Se trata, exactamente, de Alfonso Jesús Cabezuelo, que era un militar que prestaba sus servicios en la Unidad Militar de Emergencias (UME), y de Antonio Manuel Guerrero, un guardia civil destinado en una pequeña población de Córdoba.
Al contrario que sus compañeros, que han permanecido durante estos meses en régimen de prisión provisional en la cárcel de Pamplona, su condición profesional de militar ha hecho que hayan estado encerrados durante este tiempo en la prisión militar de Alcalá de Henares, con un régimen interno mucho más severo que el de sus compañeros. La cuestión ahora es, ¿personas con estas condenas pueden permanecer en las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil?
Su situación actual desde el mes de agosto de 2016 es la de "suspenso en funciones con cese en el destino", tal y como marca el artículo 111 de la ley 39/2007 de la Carrera Militar para estos casos. En la misma perciben solo el 75 por ciento de su salario, el tiempo en prisión no computa a efectos de tiempo en el servicio, ni para acumular trienios en la administración, ni derechos de régimen de la Seguridad Social. Quedan inmovilizados en el escalafón sin posibilidad de ascender.
El hecho de que la sentencia conocida este jueves sea de un juzgado de primera instancia y, por tanto, no sea firme, hará que su situación profesional no cambie, de momento. Cuando la sentencia sea firme, al militar se le resolverá su contrato de larga duración con las Fuerzas Armadas y al segundo se le expulsará de la Guardia Civil, según han confirmado a Libertad Digital fuentes del Ministerio de Defensa. En ambos casos por tener una condena por delito doloso.