A escasa distancia de la casa cuartel de la Guardia Civil en Sant Andreu de Barca (Barcelona) está el instituto Palau, nueve de cuyos docentes son investigados por la fiscalía por un delito de odio. Según las denuncias de varios padres, estos profesores preguntaron en clase quiénes eran hijos de agentes del Instituto Armado, criticaron la actuación policial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, llamaron "perros" a los guardias y forzaron a los alumnos a manifestarse en el patio contra la Guardia Civil y a favor de la república catalana.
El instituto fue uno de tantos que los separatistas usurparon para llevar a cabo una consulta diseñada por los partidos y organizaciones separatistas para provocar un enfrentamiento terminal con el Estado. Como en cientos de centros de enseñanza, la dirección del centro estaba de acuerdo con la consejería de Enseñanza para poner las instalaciones a disposición del golpe separatista. El día después del referéndum, algunos profesores dedicaron las clases a dar su opinión sobre los acontecimientos políticos en los términos habituales de la denominada "escola catalana" y a movilizar al alumnado por la causa separatista.
Seis meses después, cuatro de los docentes investigados pidieron la baja por "ansiedad" y otro ha cambiado de instituto. Los separatistas de pueblo están incendiados con la investigación judicial, tanto que dos concejales del PDeCAT, la marca municipal del nacionalismo convergente, han arremetido contra la población no independentista y las familias de los Guardias Civiles con unas duras declaraciones a la La Vanguardia. Joan Gaspá ha afirmado que "el problema de fondo es que Sant Andreu de la Barca es una pequeña Andalucía; aquí siempre ha habido un sentimiento españolista muy fuerte, pero no se manifestaba tanto y ahora están envalentonados". Y añade: "Dicen que las calles son nuestras, pero no. Aquí son suyas. La mayoría de los 'inmigrantes' andaluces no habla catalán, tenemos tres asociaciones andaluzas en el pueblo e incluso celebran la Feria de Abril. Muchos no se han integrado".
Un edil dispuesto a matar y morir
Por su parte, Enric Gregori, otro concejal nacionalista, también en declaraciones al diario del conde de Godó, asegura que a él le han llamado "rata" por llevar el lazo amarillo y que hay vecinos con los que no se habla porque le han insultado en las redes sociales. "Espero que haya una mediación y esto se revuelva, pero si no les gusta la escuela catalana, que les hagan colegios aparte para ellos", remata el edil Gregori. Este concejal emitió un mensaje en las redes sociales el pasado 2 de noviembre en el que aseguraba que "la vía pacífica tiene limitaciones". "Si queremos algo debemos estar dispuestos a matar o a dar la vida por el país. Sin eso, sólo hace falta que levanten una porra para echarnos atrás".
