La Junta de Andalucía que gobierna el PSOE ni perdona ni olvida a quienes han denunciado sus irregularidades. Contamos en 2012 que Teodoro Montes era un funcionario que no aceptaba ilegalidades, así que sus superiores de la Junta lo aislaron y le construyeron un tabique para incomunicarlo. Posteriormente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía daba la razón al funcionario y condenaba a la Junta. Teodoro Montes era el jefe de Servicio de Gestión de los fondos de formación y estorbaba los planes de la Junta. Ahora, otro tribunal ha sentenciado que no sufre acoso por parte de la Junta.
Montes tenía entonces 63 años, de los que 42 ha estado al servicio de la Administración, había sufrido "conductas de acoso y hostigamiento" por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Aquel fallo judicial condenaba a la Consejería de Empleo de la Junta a reponer a Montes Pérez en su puesto de jefe del Servicio de Gestión de FPO, asignándole las funciones propias del mismo.
Todo comenzó para este funcionario cuando, en su labor de control de los cursos, detectó numerosas irregularidades y las denunció y, en otros casos, se negó a dar el visto bueno a determinados cursos impulsados por sindicatos, fundaciones o ayuntamientos.
Pero el caso no terminó allí, ni ha terminado aún. Ahora, la Junta de Andalucía, cuenta El Mundo, ha abierto un expediente disciplinario a este funcionario que fue testigo protegido que declaró ante la juez Mercedes Alaya y ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento andaluz sobre este asunto.
Igualmente están señalados por la Junta el funcionario Jaime González, quien denunció amaños en varias consejerías y la adjudicación irregular del contrato millonario de alquiler de medios aéreos para el Plan Infoca, el conocido como caso del cártel del fuego. La Consejería de Medio Ambiente le abrió expediente disciplinario y lo suspendió de empleo.
También fue destituido de la jefatura que ocupaba Luis Escribano, un alto funcionario que se negó a beneficiar a municipios gobernados por el PSOE como le pidió un director general, según denunció, y que lucha denodadamente con la represión ejercida desde la Junta.
Teodoro Montes, que fue jefe de Gestión de Formación Profesional Ocupacional y que trabaja en la Delegación en Sevilla de Empleo, tiene ahora un nuevo expediente disciplinario a pesar de que fue declarado por la juez Alaya testigo protegido para preservar su testimonio de posibles presiones que querían impedir la denuncia de centenares de irregularidades en las subvenciones concedidas por la Administración andaluza para los cursos.
En abril de 2016, Montes declaró en la comisión de investigación parlamentaria que los cursos eran el "negocio del siglo en la Junta", con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz, a los que señaló como responsables. El PSOE intentó sin éxito que el funcionario fuera denunciado por falso testimonio por los partidos que componían tal Comisión, algo que no logró.
Ahora, se le abre un nuevo expediente disciplinario si bien la Consejería de Empleo no ha querido confirmar la existencia de este.
Todo parece concatenarse desde que el pasado mes de marzo, Montes perdiera un pleito contra la Junta. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 13 de Sevilla desestimó la demanda de protección de derechos fundamentales formulada por el testigo protegido en una sentencia en la que se decía que ciertamente el funcionario estaba sometido a una situación de "conflicto laboral" con la Junta, pero que se tratara de "acoso", tal y como él había denunciado.
Curiosamente, la sentencia admitía que, desde las denuncias de Montes en el fraude de la formación y las irregularidades con las subvenciones concedidas por la Junta, la situación en el departamento en el que trabaja el testigo protegido era "tensa", pero que resultaba "muy difícil llegar a la convicción de que compañeros de trabajo, superiores, o inferiores actúen de modo coordinado para causar un daño al recurrente". O sea, que no se admitía la existencia de un acoso laboral organizado.
Ya hemos señalado que, en 2012, el Gobierno andaluz fue condenado por el TSJA por el acoso que sufrió este funcionario, tras denunciar irregularidades en los cursos. No sólo sufrió vejaciones y humillaciones de sus superiores, sino que fue "emparedado" ya que se levantó un tabique para aislarlo del resto del personal.