El pasado martes, día 24 de abril, la Fiscalía de Huelva, hasta entonces acusación pública en el caso del fraude de la formación en la provincia, solicitó el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa porque no consideraba "constitutivos de delito" los hechos investigados por la Policía Nacional en la operación EDU por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
Este mismo jueves, informa Europa Press, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha acordado remitir la causa de los cursos de formación al superior jerárquico del fiscal para que informe si finalmente sostiene o no la acusación en la pieza principal, ya que considera "injustificado" que el fiscal pida el archivo "cuando meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados".
El magistrado encargado de la instrucción del caso, la pieza principal de la causa de los cursos de formación donde están siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos el que fuera delegado de Empleo de la Junta en la provincia Eduardo Muñoz y otras seis personas, quiere saber porqué se quiere archivar un caso que hasta hace unos días contenía indicios claro de la comisión de delitos.
Según el juez, el Ministerio Público remitió un informe de fecha 24 de abril "en el que, cambiando el criterio mantenido hasta entonces, solicita el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que los hechos imputados a los investigados no son constitutivos de delito".
En su escrito, el juez expone que "durante más de dos años se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación de los hechos, primero por el Grupo I de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Ucdef), de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, y después por este Juzgado, dando cumplida información de todos los trámites y diligencias al Ministerio Fiscal".
Añade que "como colofón a toda la instrucción judicial, y tras los evidentes indicios racionales de criminalidad en los funcionarios de la Junta de Andalucía, en fecha 19 de julio de 2016 se dictó auto de procedimiento abreviado, y pese a todos los recursos interpuestos en su contra, el Ministerio Fiscal, tras cerca de cinco meses de análisis de estos, informa que procede la desestimación de los recursos y la confirmación del auto de procedimiento abreviado".
La inexplicable actitud del fiscal onubense es subrayada textualmente: "No se explica cómo, una vez confirmado el auto por la Audiencia Provincial, y sin practicar ninguna diligencia de investigación adicional, con el mismo resultado de la investigación judicial, se pida ahora el sobreseimiento de la causa, cuando meses antes había solicitado la confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los acusados".
De este modo, "y considerando injustificado el cambio de criterio del Ministerio Fiscal, y entendiendo, que tras las diligencias practicadas existen indicios suficientes para continuar las actuaciones por un presunto delito de prevaricación (artículos 404 a 406 del Código Penal) y un presunto delito de malversación de caudales públicos (artículos 432 a 435 del Código Penal), procede remitir la causa al superior jerárquico del fiscal para que informe si finalmente sostiene o no la acusación", para lo que el juez le otorga un plazo de diez días.
Eso sí, con su petición de archivo de la causa, la Fiscalía de Huelva se une a la otra "acusación" personada en el procedimiento, en concreto la Junta de Andalucía, que igualmente ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones.