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La Fiscalía demuestra que Mas utilizó dinero del Estado para pagar el 9N

El fiscal concluye que existe al menos una factura que fue abonada directamente por la Administración Central del Estado.

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El fiscal concluye que existe al menos una factura que fue abonada directamente por la Administración Central del Estado.
Artur Mas, valorando el 9N | Archivo

Artur Mas ordenó diez operaciones de pago de dinero público con cargo a las arcas de la Generalidad y a las de la Administración Central para financiar la consulta catalana del 9-N. Según concluye el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas en su informe final, al que ha tenido acceso El Mundo, el expresidente de la Generalidad autorizó el uso de 4,99 millones de dinero público a través de distintas partidas "sin cobertura legal".

El fiscal Miguel Ángel Torres también culpa a los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y pide que el embargo preventivo de sus propiedades se convierta en definitivo y que devuelvan todos ellos un total de 5,27 millones por su responsabilidad contable. De esta cifra, 2,9 millones fueron depositados como fianza por la ANC; el resto corresponde a bienes inmuebles embargados, particularmente los de Mas, valorados en 1,25 millones.

Con dinero del FLA

El Mundo cuenta que el dinero deberá ser devuelto sobre todo a la Generalidad, aunque el fiscal concluye que existe al menos una factura que fue abonada directamente por la Administración Central del Estado. Pese a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado siempre pagos directos para consultas ilegales, Torres sostiene que "la primera factura asociada al gasto de la campaña de publicidad institucional (para el 9-N), por un importe de 11.785,78 euros, fue satisfecha mediante transferencia del fondo de financiación a las comunidades autónomas 2015", en que está encuadrado el FLA. Por ello, "cabe entender que en ese supuesto son los fondos estatales los que sufrieron un quebranto".

Llama la atención que el pago por parte del FLA fue abonado en 2015, meses después de que el Ejecutivo criticara el referéndum por ilegal. El resto del dinero de esta campaña fue abonado por la Generalidad e, indirectamente, también por el Estado: el Gobierno regional de Mas recibió aquel año casi 10.000 millones del fondo de rescate estatal.

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