Montserrat del Toro, funcionaria del Juzgado de Instrucción nº 13 que investiga los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, accedió el pasado 20 de septiembre a la Consejería de Economía. Ejecutaba en coordinación con la Guardia Civil una orden de registro de la sede y detención de altos cargos de la Generalidad. Una multitud se agolpó a la entrada del edificio impidiendo su salida; el asedio fue tal que tuvo que abandonar la consejería por un teatro adyacente.
Es el relato del juez Pablo Llarena. El instructor de la causa contra los principales responsables del proceso separatista por delitos de rebelión, malversación y desobediencia quiere que la funcionaria comparezca como testigo. Está citada el próximo miércoles 16 de mayo a las 11H en el Tribunal Supremo. El magistrado pide también una copia de la grabación de la cámara de seguridad de la sede de Economía entre las 7.30H del 20 de septiembre y la una de la madrugada del 21.
Además, ha solicitado que se le remita el listado de los Mossos que acudieron en auxilio de la Guardia Civil, así como los certificados de las entradas y los registros producidos. Llarena ha aprobado la citación de otros testigos propuestos por la defensa del presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y la petición a Telefónica de datos sobre la actividad de los dominios pacteperelreferendum.cat, referéndum.catalunya.cat y catalanreferendum durante el proceso separatista.
Relato de los hechos
Llarena detalla en el auto de procesamiento el episodio del 20 de septiembre de 2017 ante la sede de la Consejería de vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalidad en Barcelona, con motivo de los registros judiciales en búsqueda de documentos sobre la convocatoria del referéndum ilegal. El juez cuenta que "bajo la sola protección de los dos Mossos que diariamente se encargan de la vigilancia ordinaria en el acceso del edificio y no recibieron refuerzo durante el día, los acontecimientos se desarrollaron bajo el asedio de hasta 60.000 manifestantes, cuya masa se agolpaba hasta tocar la propia puerta de entrada del edificio".
La movilización impidió que el Instituto Armado introdujera a los detenidos en el edificio (pese a que de acuerdo a la Ley deben estar presentes en los registros) y que se desarrollara con normalidad la ejecución de la orden judicial: "La muchedumbre rodeó los vehículos de la Guardia Civil, que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente. Las armas que se encontraban en el interior de los coches policiales quedaron al albur del vandalismo desplegado. Sobrevino el lanzamiento de objetos contra los agentes y ni hubo un control policial de que la muchedumbre no invadiera el edificio en cualquier momento, ni tampoco era seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran el edificio en esas condiciones".
"Solo sobre las 24 horas de la noche pudo diseñarse una salida para que la Letrada de la Administración de Justicia pudiera abandonar el lugar con seguridad, lo que hubo de hacerse infiltrándole entre los espectadores que abandonaban el teatro sito en el inmueble colindante". El juez atribuye la responsabilidad de estos hechos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, convocantes y controladores de la concentración. Los responsables de ANC y Òmnium "conociendo este violento levantamiento y que podría reiterarse en el futuro y sabiendo que el 1-O pasaba por superar la intervención de los Mossos y de seis mil agentes del Estado desplazados para garantizar el cierre de los 2.259 centros de votación, aprovecharon su notoria capacidad de movilización, impulsaron a todos los catalanes a que acudieran a los centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido".
El auto también identifica y detalla parte de los múltiples actos de violencia que acaecieron durante el 1 de octubre, y de amenaza de un uso aún mayor de la violencia contra los agentes de policía, que algunos terminaron heridos.